La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial realizó una mesa de trabajo para revisar una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios en materia de presentación del servicio de transporte público.
La propuesta busca incorporar de manera expresa al Ejecutivo del Estado como actor concurrente en la prestación, regulación, planeación y financiamiento del transporte público urbano y suburbano.
Además, plantea la creación del Fondo de Subsidio para el Transporte Público Urbano y Suburbano, como un instrumento financiero estatal cuyo objeto es garantizar la accesibilidad económica del servicio, y establecer que la tarifa debe construirse a partir de una metodología objetiva que articule la tarifa técnica, la demanda estimada, la utilidad razonable, la tarifa social y el subsidio.
La legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco comentó que lo que se pretende es reconfigurar el transporte urbano y suburbano en Guanajuato para que deje de caer solo la obligación en los municipios y transitar a un modelo en que ese servicio se opere de manera conjunta entre el Estado y los municipios, fortaleciendo la rectoría estatal sobre la planeación, regulación, operación y financiamiento del servicio, que sea más accesible y menos dependientes en aumentos de tarifas.
Se comentó que la iniciativa analizada no se considera viable, debido a que la propuesta no es acorde al marco jurídico con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 117 de la Constitución local.
Los asistentes precisaron que la adecuación del marco normativo en materia de transporte debe realizarse bajo un concepto integral de movilidad, que permita establecer las bases y directrices para planificar, regular y gestionar la movilidad de las personas, mercancías y bienes, ello de acuerdo con el marco constitucional vigente en el Estado.
Se agregó que debe evitar que el beneficio se ofrezca solo a mujeres jefas de familia, que la derogación de la atribución municipal relativa a la prestación del transporte público urbano y suburbano podía implicar una modificación sustancial del modelo institucional adoptado en la entidad, lo que tiene efectos directos en la distribución de competencias, además de que es una manera en que los municipios generan ingresos.
También se dijo que en los términos en que está planteada podrían no alcanzar los fines que se persiguen, que defender la iniciativa era defender el derecho a la ciudad, que se debe equilibrar la utilidad razonable con la movilidad de las personas, que se redefine el transporte no como un negocio sino como el acceso a derechos humanos como la salud y la educación, que no es congruente quitarle atribuciones a los municipios en la Constitución y agregarle otras en la Ley de Movilidad, que como está redactado deja la posibilidad a que año con año aumente la tarifa de transporte, entre otras cosas.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco consideró que es fundamental el tema de cambiar las atribuciones y la manera en que está operando actualmente el servicio de transporte público.
Refirió que es muy complejo, que requiere diversos cambios técnicos y que, en efecto, gran parte es inconstitucional hasta este momento porque no se ha dado el cambio en la Constitución Política local, y se requería su aprobación en cuanto a las atribuciones y competencias para que fuera viable, pero aún está en análisis en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Sin embargo, aseguro que había cuestiones en las que se podía ir avanzando, que salvarían la parte de la inconstitucionalidad y se haría una contrapropuesta con base en los comentarios expuestos.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Sandra Alicia Pedroza Orozco, María Eugenia García Oliveros, Rolando Fortino Alcántar Rojas y Ernesto Millán Soberanes.
Los acompañaron representantes de la Secretaría de Obra Pública, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de la Consejería Jurídica, del Instituto de Investigaciones Legislativas, de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de las Mujeres y del Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Derechos Humanos, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas y de URBE.
