Leticia Aguayo Soto
Las disposiciones legales deben ser realistas y tomar en cuenta las capacidades operativas y financieras de los municipios a fin de que sean aplicables en todos y que ninguno quede en una situación de incumplimiento inevitable por insuficiencia de recursos humanos o financieros, afirmó la diputada Rocío Cervantes.
Sostuvo que, si se impulsan disposiciones que, por su complejidad o costo, resulten imposibles de cumplir para la mayoría de los municipios, se corre el riesgo de caer en una contradicción: la propia ley estaría propiciando su incumplimiento.
“En otras palabras, lejos de fortalecer el marco jurídico y promover el desarrollo municipal, se estaría generando una carga normativa que muchos ayuntamientos no tienen forma de atender”, completó Cervantes Barba.
La congresista del GPPRI expuso lo anterior en sesión de la Comisión de Asuntos Municipales en la que se abordó una iniciativa de su autoría que busca que los municipios determinen qué dependencias o unidades administrativas son necesarias y fundamentales para su funcionamiento en base a lo establecido en la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios.
Explicó que, al declarar expresamente qué dependencias o unidades son áreas preferentes, “se busca subrayar que su existencia y funcionamiento son fundamentales para establecer las bases mínimas de gobernanza y que el municipio pueda operar de manera adecuada y atender sus responsabilidades básicas”.
Precisó que lo que se propone reconoce es que cada Ayuntamiento cuenta con capacidades financieras distintas.
“Por ello, al señalar que estas dependencias deben tener prioridad en la medida de las posibilidades económicas del municipio, se construye un marco normativo más realista y sensible a la diversidad municipal”, agregó.
Al final de su intervención, remarcó que el objetivo final es evitar que los ayuntamientos enfrenten situaciones de incumplimiento derivadas de mandatos legales imposibles de atender.
Manifestó que definir qué áreas deben considerarse esenciales, y permitir que su creación y operación se ajusten a la capacidad presupuestal de cada municipio, fortalece la estructura municipal sin generar cargas desproporcionadas a sus finanzas.
