Rosa García escarbaba este viernes en el paraje de La Bartolina, en Tamaulipas, mientras en Palacio Nacional, en Ciudad de México, el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentaba su reinterpretación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Mientras García encontraba 115 fragmentos óseos en una fosa clandestina (“entre costillitas, cráneos, un pedacito de cervical, un pedacito de mandíbula”), el Ejecutivo mantenía que la crisis no es de la magnitud que se pensaba. Tras un estudio exhaustivo de meses, el equipo de Sheinbaum afirma que el piso mínimo de desaparecidos en México es de un tercio a lo que consta en el registro, esto es 43.180 personas. Al otro lado del teléfono, desde Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México o Coahuila, las buscadoras se ofenden: “Los 132.500 del registro son solo una parte de una realidad monstruosa, hay todavía más, ese es nuestro mínimo”, afirma Bibiana Mendoza, desde Guanajuato.
Hace meses que la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que su Gobierno iba a presentar un análisis de un registro “con deficiencias” y también una estrategia para afrontar uno de los escenarios más salvajes de la violencia en México. Finalmente, este viernes, la mandataria y Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, han informado de cómo se ha repartido el Registro Nacional.
Por un lado, han separado a las 40.308 personas que han presentado alguna actividad tras su desaparición (se casaron, se vacunaron, cambiaron de domicilio, por ejemplo). “Pero, oye, puede ser una suplantación de identidad o incluso, personas reclutadas. Las desapariciones existen hasta que no regresen a casa”, valora Indira Navarro, de Guerreros Buscadores de Jalisco. “La presidenta ha reconocido que pueden ser homónimos, pero aún así no los está contando”, apunta Letty Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León (FUNDENL). “No nos sorprende este discurso, pero sí nos enoja muchísimo. Es un retroceso. Es la voz de la autoridad diciendo que los desaparecidos se han ido a pasear, ignorando el contexto de que grupos delinucenciales se los llevan, de que hay campos de exterminio. Es una manera cruel de intentar limpiar la imagen de un país que tiene más de 130.000 desaparecidos”, sentencia Bibiana Mendoza, de Hasta Encontrarte.
El siguiente bloque que clasifica el Gobierno son las entradas que no tienen suficiente información para la búsqueda (falta el sexo, la edad, el nombre o el lugar) o donde el reporte solo tiene una palabra (El Cuate o Juanita, por ejemplo): las han cifrado en 46.742. “Si esos registros están incompletos es porque los remitió mal una autoridad. Quienes hemos transitado este calvario, sabemos que cuando uno llega al Ministerio Público tiene que dar todos los datos, ¿va a haber responsabilidad hacia las Fiscalías?”, pregunta Jorge Verástegui, que busca a su hermano y a su sobrino, desaparecidos en 2009: “Además, si falta el sexo o la edad, eso no es un impedimento para la búsqueda”. El buscador, del colectivo de la Glorieta del Ahuehuete, en la capital, también señala la falta de una base pública de datos donde se puedan comparar los datos para verificar. Y, sobre todo, insiste: “Lo que vimos hoy creo que es el fracaso institucionalizado de la búsqueda de las personas desaparecidas en México. Presentaron un pobre reporte estadístico que tiene muchos errores y carece de ser una estrategia de búsqueda”.
El Gobierno cuenta así a 43.128 desaparecidos que cuentan con datos de identidad y que no han registrado actividad. “Es más que evidente que quieren dar a conocer que la cifra real de desaparecidos es 43.000, nos están preparando para minimizar el problema”, señala Navarro, que busca a su hermano Jesús Hernán desde hace 10 años. “La vimos sin piedad”, afirma Hidalgo, que busca a su hijo Roy Rivera desde 2011: “Lo único que hizo la presidenta fue jugar con las cifras, como si, además, 43.000 fueran pocos”. “¿43.000? Pero si solo en las fosas de San Fernando fueron más de 300 cuerpos, más todos los desaparecidos del municipio, y del área rural, y del Estado, olvídese…“, protesta García, que busca a su hermano José Guadalupe y a su hija Dulce desde 2010 y 2012: “Eso es falso totalmente, es una burla para las que en realidad buscamos a nuestros desaparecidos”.
Las cifras, insisten las buscadoras, no cuadran. Indira Navarro pone dos ejemplos: “Son 43.000 los desaparecidos, ¿pero 84.000 los cuerpos en los servicios forenses sin identificar? Son 3.869 carpetas de investigación en todo en país, ¿pero solo la Fiscalía de Jalisco dice que tiene 14.000 carpetas? Es contradictorio". El exiguo número de carpetas abiertas ha sido definido por las buscadoras como “un nuevo ejemplo del fracaso de las Fiscalías”. Además abre otra caja de interrogantes: ¿ahí se incluyen las averiguaciones previas abiertas o solo las carpetas? ¿Se han añadido también las carpetas por delitos de privación ilegal de la libertad? “El caso de mi hijo Roy se abrió como privación ilegal, en su modalidad de secuestro, pero él sigue desaparecido. Además es un averiguación previda. ¿Está contando la presidenta a mi hijo o no?“, expone Letty Hidalgo.
Todas las buscadoras con las que ha hablado este periódico repiten la palabra decepción. “Confirmamos, un sexenio más, que no los van a buscar. Nosotras esperábamos que la presidenta presentara una estrategia para buscarlos, porque es lo que tenemos más de una década esperando por parte del Ejecutivo, y porque fue lo que anunció ella también. Esa es la solicitud, esa es la emergencia humanitaria que debería cubrir y resolver”, reflexiona Hidalgo, que fundó el primer colectivo independiente de búsqueda de Nuevo León. Todavía antes ya estaba Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Coahuila (FUNDEC), desde donde Diana Iris busca a su hijo Daniel Cantú, desaparecido en Coahuila el 21 de febrero de 2007, cuando tenía 23 años. Han pasado 19 años desde entonces y su madre afirma: “La presidenta cree que los familiares somos ignorantes, pero somos una generacion que nos hemos dado a la tarea de aprender de todo, yo soy ingeniera química y he aprendido todo para buscar a mi hijo”.
Ante un Estado omiso y negligente en el mejor de los casos, y coludido con el crimen organizado en muchos otros, está la memoria de estas mujeres. “Ellos se están manejando solo por el tema administrativo, solo los buscan por cruces, ¿qué hay de las fosas clandestinas?“, pregunta Indira Navarro. ”En cada búsqueda que yo he hecho, he vuelto con un resultado positivo, un hallazgo, no está enterada la presidenta", dice Rosa García. “Es lamentable lo que están haciendo a nivel federal, porque esta presidenta todavía tenía la oportunidad de aparecer históricamente en la memoria del pueblo como la que hizo algo por las personas desaparecidas”, señala Diana Iris. “Queremos mandarle un mensaje”, termina Letty Hidalgo: “Se equivocan al estar haciendo esto, porque si alguien no se ha rendido en la búsqueda de la verdad, de la justicia y de la memoria, somos las madres de las personas desaparecidas”.
