El ambiente político en el centro político del país se percibe tirante, el cambio de coordinador de la mayoría morenista en el senado es sólo una muestra. Y el cinco de febrero próximo, según los agoreros del oficio, la presidente Claudia Sheinbaum podría prender la mecha o echar paños fríos. La fecha no es casual. Hace justo dos años, su antecesor, lanzó al ruedo del Congreso la primera andanada de reformas que, en tiempo récord y con una supermayoría dócil, cambiaron las reglas del juego. Ahora, la heredera parece dispuesta a completar la obra en materia electoral. Pero aquí, en este ajedrez, las piezas no siempre se mueven como el jugador principal desea (¿para que reformar lo que ya se ha conquistado? Es el mensaje de los aliados).
Para entender la magnitud de la sacudida que se anuncia, hay que arremangarse y bajar al barro de los números. La representación política en México es un artefacto complejo, una máquina con engranajes que a veces chirrían. La Cámara de Diputados, 500 curules, se elige con un sistema mixto: 300 por mayoría simple (gana quien saque un voto más en su distrito) y 200 por representación proporcional, a través de listas plurinominales (definidas por las dirigencias partidistas), que reparten escaños según el porcentaje nacional de votos. Hay frenos de seguridad: ningún partido puede tener una diferencia mayor a 8 puntos entre su porcentaje de votos y el número de sus curules, y el tope absoluto es de 300 diputados. En el Senado, de 128 escaños, el sistema es más encrespado: 64 de mayoría (dos por estado, que se los lleva el ganador), 32 para la primera minoría (uno por estado) y 32 plurinominales nacionales (otro listado decidido por las dirigencias partidistas). Aquí, crucial, no hay límites de sobrerrepresentación.
Estos diques, construidos en la reforma de 1996, contenían la marea. Hasta que la ingeniería legal encontró y aprovechó las grietas. En 2018, Morena y sus aliados (PT y Verde) las explotaron con maestría (al amparo de la legislación electoral, impulsados por el Consejo General del INE y avalados por el Tribunal Electoral), usaron coaliciones flexibles y la asignación de escaños plurinominales para, respetando la letra, pero no el espíritu de la ley, lograr una mayoría calificada que parecía matemáticamente esquiva con su porcentaje de votos. Fue un “boomerang”: las reglas creadas para evitar hegemonías sirvieron para construir una.
El objetivo político es transparente: consolidar un sistema de mayorías claras, donde el partido ganador obtenga una representación amplísima y estable, barriendo la complejidad proporcional que fortalece a los pequeños. Pero aquí está el nudo gordiano: esos partidos pequeños (PT, Verde) son hoy sus aliados, el cemento de su bloque en el Congreso. Cualquier reforma que erosione los escaños plurinominales –su salvavidas– los pone directamente en la mirilla. Es un juego peligroso: dar la espalda a quienes te sostienen.
Así que este mes de febrero, si llega la propuesta, no será solo el inicio de un debate técnico. Será la puesta en escena de una tensión que escalará dentro del propio régimen morenista: entre el proyecto hegemónico de largo aliento y los intereses inmediatos de los socios necesarios. Es la historia de siempre: cuando se reescriben las reglas para dominar el futuro, a veces se queman los puentes que te trajeron al presente.
