En los tiempos actuales, en el Instituto Nacional Electoral nada ocurre por casualidad, aunque a veces todo parezca improvisado. La reciente filtración del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva que avala cambios de adscripción “por necesidades del servicio”, confirma lo que desde hace meses se comentaba en voz baja y desde octubre era ya un secreto a gritos: la Junta Local Ejecutiva del INE en Guanajuato dejó de funcionar como órgano de conducción y coordinación a nivel estatal.
El eventual traslado del vocal ejecutivo del INE en Guanajuato, Jaime Juárez Jasso, al estado de Chiapas, y la llegada de Ana Lilia Pérez Mendoza al edificio de Cúpulas, no son un rayo en cielo despejado. Desde el año pasado, y con mayor claridad desde abril, en los pasillos del propio Instituto se hablaba de una Junta Local Ejecutiva desarticulada, con serias dificultades para coordinarse con las juntas distritales y con una operación que dejó más dudas que certezas en el último proceso electoral.
El Acuerdo mencionado, invoca la figura de “Necesidades del Servicio”, prevista en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral Nacional. Es una fórmula legal, correcta y recurrente. Lo que no explica el documento es cuáles fueron esas necesidades concretas. Pero quienes viven el día a día de la institución en Guanajuato no necesitan mayor glosa jurídica para entenderlas.
En su momento, noviembre de 2025, Juárez Jasso aceptó incorporarse al programa de retiro voluntario, una salida institucional antes del diluvio, que incluía incentivos nada despreciables, así lo acordó con la Secretaría Ejecutiva al igual que otros 5 vocales de su mismo rango. Sin embargo, dio marcha atrás. Según versiones internas, apeló a un argumento tan reiterado como eficaz: que su permanencia era indispensable. “Guanajuato me necesita”, habría dicho a más de uno.
Los espejitos de siempre. El problema es que la realidad organizativa de la delegación contaba otra historia y su proclividad a quedar bien con los gobernantes rebasó el obligado decoro y compromiso institucional.
Quienes habitan en las oficinas de Tlalpan, cuentan que se le vio deambular desesperado por los pasillos del área de los consejeros, buscando el cobijo de quienes habían cuestionado ya su falta de institucionalidad y compromiso ético con el órgano electoral y con sus trabajadores.
En las conversaciones no faltaron las alusiones a la caída en barrena provocada por la desintegración del órgano colegiado (a partir de 2019 operó para que todos los vocales de la JLE de alguna o otra manera fueran sustituidos, grave error de cálculo en sus (des)propósitos personales pues permitió la llegada de personas sin perfil y experiencia cuestionable, cuya curva de aprendizaje aún se resiente).
A ello se sumó una relación cada vez más distante con los partidos políticos y un estilo de conducción del Consejo Local que, según percepciones internas, derivó en prácticas autoritarias poco compatibles con el debate colegiado que exige un órgano deliberativo. Los consejeros, dicen quienes estuvieron ahí, terminaron más cerca del vasallaje administrativo que del debate institucional.
En el centro, quienes en su momento compraron los espejitos de una supuesta eficiencia gerencial hoy guardan silencio. Hubo regaños. Y hubo vacío.
En los últimos años, el establecimiento por parte de la Junta Local de dinámicas persecutorias en materia de acoso laboral y sexual, más orientadas al control interno que a la justicia, generaron climas laborales enrarecidos, afectaron la salud emocional del personal y erosionaron la comunicación interna, hasta convertir a la delegación en lo que es hoy: una estructura pasiva y fragmentada.
De concretarse la llegada de Lilia Pérez, será la primera junta local ejecutiva en tener integrantes del sexo femenino todas… El dato es relevante, aunque no debe prestarse a lecturas triunfalistas ya que por sí solo no garantiza una mejora automática. No se trata de género, sino de oficio.
El desafío real será reconstruir una delegación que hoy opera sin cohesión y carente de un liderazgo efectivo. Es urgente la coordinación interna, recuperar la confianza del personal y establecer una relación funcional con los actores políticos locales.
Este episodio, menor en apariencia, ilustra un problema mayor que la reforma electoral pendiente debe enfrentar y resolver: el diseño institucional puede ser sólido, pero sin liderazgos profesionales, éticos y coordinados, la norma se queda en papel.
Oremos por Chiapas…
