Más protección y seguridad para los usuarios de motocicletas, sin afectar la economía ni la movilidad de las familias: Alejandro Arias

La reforma a la Ley de Movilidad para ampliar protección y seguridad de personas usuarias de motocicletas fue aprobada por unanimidad, aunque el diputado Alejandro Arias advirtió que deberán diseñarse políticas públicas que eviten que la adquisición de cascos certificados, elementos reflejantes y accesorios luminosos merme la economía de miles de familias para las que la moto representa su único medio de transporte.

 Además, al someterse a votación el dictamen en lo particular, pidió quitar el artículo Tercero Transitorio mediante el cual se abroga el Decreto Legislativo77, lo que impide que se aplique y sea evaluado a pesar de que fue aprobado por unanimidad por la Legislatura en funciones.

 Recordó que el GPPRI no acompañó la iniciativa en su planteamiento inicial porque adolecía de una perspectiva que, “a nuestro juicio, no estaba bien enfocada en las necesidades de la población usuaria”, pero manifestó que esa condición dio un giro con la apertura de su análisis a la población directamente interesada.

 La participación, en foros itinerantes, de quienes saben lo que implica el uso de una motocicleta, “vino a dejar en claro que la propuesta, tal como se planteó, tenía áreas de oportunidad”, abundó el legislador.

 Sostuvo entonces que el dictamen que se votó, suscrito por la Comisión de Movilidad a partir de una iniciativa de reforma formulada por la Junta de Gobierno, refleja inquietudes de algunas expresiones ciudadanas, prestadores de servicios, así como de miembros de clubes y asociaciones de motociclistas.

 “Empezamos a ver avances en la atención a mejores condiciones para los usuarios de las motocicletas”, dijo, pero enseguida apuntó que la severa afectación que para la economía de miles de familias implican las nuevas disposiciones normativas, representan un reto que se tiene que atender con políticas públicas.

 Afirmó que el ejercicio de escucha realizado “nos dejó claro que prohibir el servicio de “mototaxi” sí tenía un impacto de género, porque más del 55% de solicitantes, son mujeres, porque les representa una opción de movilidad segura y rápida, especialmente para traslados cortos que conectan con otros medios de transporte.

 “Por eso nos sumamos al acierto de dejar para un ejercicio próximo, el análisis de regulación de los ´mototaxis´para ser, al igual que otras entidades federativas, vanguardia en esta modalidad de transporte”, añadió.

 Y remató: “Con estas consideraciones, en el GPPRI hoy nos pronunciamos a favor de normas que permitan a la autoridad fortalecer su labor de vigilancia, apercibimiento y sanción, porque más allá de una exigencia, ponderamos el máximo bien jurídico tutelado: la vida y seguridad de las personas”.

 Sobre el Tercero Transitorio del dictamen aprobado, el coordinador del GPPRI dijo que con él se abroga el Decreto 77, el cual “hoy, sorpresivamente, amanece publicado” en el Periódico Oficial “sin dar oportunidad a que sea aplicado y evaluado incluso por la Unidad de Impacto Legislativo” para saber si esa propuesta era bien aceptada o si, en efecto, resultaba ser una norma inoperante.