Palacio Nacional va por el control de la FGR

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) fue un hervidero. Desde temprano, con la publicación de dos contenidos en la prensa, se desató el rumor de la salida de Alejandro Gertz Manero. Los peores temores se confirmaron con la visita del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, a Palacio Nacional, para abordar el tema con la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Horas después, el Senado emitió un citatorio y convocó a una sesión extraordinaria para este jueves a las 10 de la mañana, mientras los enlaces de la FGR con el Poder Legislativo cabildeaban hasta el último momento para negociar los votos e intentar frenar la “renuncia forzosa”; y, en todo caso, preparar un transición ordenada. Hasta el cierre de esta columna, la información no había sido confirmada oficialmente. Los senadores y senadoras fueron convocados a las 8:30 de la mañana a una reunión previa a la sesión extraordinaria. También los funcionarios de la Fiscalía, a las 9 am. Se asegura que en esta última reunión estará presente la presidenta Sheinbaum. 

Tanto en el Senado, con Adán Augusto López, como en la Cámara de Diputados, con Ricardo Monreal, todo el día hubieron reuniones de los enviados de la FGR, mientras en sus oficinas de Santa Fe se acrecentaba la incertidumbre y se anticipaba el peor escenario.

La posible salida de Gertz no sería sorpresiva, pero sí adelantada. Como escribió ayer Carlos Loret de Mola en su columna de EL UNIVERSAL, Palacio Nacional ya habría intentado removerlo hace un mes. Las filtraciones de expedientes sensibles, muchos de los cuales abrieron auténticas cloacas de corrupción de altos funcionarios de gobierno, legisladores y las Fuerzas Armadas, colmaron la paciencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Otras razones son el desgaste del fiscal en siete años al frente de la FGR, su confrontación con distintos sectores políticos y el creciente costo que representa mantenerlo en un cargo en el que el algunos integrantes del gobierno y legisladores ya no lo consideraba un aliado 100% confiable.

Esas filtraciones han puesto a Gertz Manero en la antesala de su salida anticipada de la Fiscalía. Uno de los primeros estallidos ocurrió con el expediente del huachicol fiscal que implicó a mandos castrenses y señaló directamente a los sobrinos del secretario de Marina de AMLO, Rafael Ojeda: los hermanos Farías Laguna. Aquella filtración no sólo exhibía el desfalco multimillonario –se habla de por lo menos 600 mil millones de pesos– vinculados al robo de combustibles, sino que también salpicaba a personas cercanas al círculo del expresidente, incluido su hijo Andrés Manuel López Beltrán y otros morenistas de alto perfil. 

Luego vino el expediente sobre “La Barredora”, un caso de vínculos criminales que alcanzaron a Adán Augusto López y a una parte del llamado grupo Tabasco. Si bien se atribuye al gabinete de seguridad y al actual gobierno de Tabasco, de Javier May, dicha filtración, aquello tensó aún más la relación entre la Fiscalía y quien hoy lleva las riendas de Morena en el Senado.

Pero la filtración que lesionó, al parecer de manera definitiva, la relación entre la FGR y el gobierno de Sheinbaum fue el expediente contra Rubén Rocha Aguilar, el empresario que posee el 50% de la franquicia Miss Universo, acusado de huachicol, tráfico de armas y otros delitos. El documento detalla que Rocha había negociado un criterio de oportunidad para evadir su orden de aprehensión, un acuerdo que, según fuentes gubernamentales, no sólo no fue consultado con la Presidencia, sino que fue interpretado como un acto de “mala fe” por la administración de Sheinbaum. Esta fue la gota que derramó el vaso.

La potencial salida de Gertz abre una nueva disputa por el control de la Fiscalía General de la República. En Palacio Nacional se mueven cuatro nombres con fuerza. El primero es Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, cercano a Sheinbaum y arquitecto jurídico de varias de las reformas, entre ellas la Judicial. Le sigue Ernestina Godoy, exfiscal de la CDMX y actual consejera jurídica de la Presidencia, con amplia confianza en el círculo íntimo del oficialismo y un perfil de lealtad absoluta. También aparecen Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, y José Luis Cervantes, actual fiscal del Estado de México; este último es visto como una opción técnica, disciplinada y con menos costo político en caso de que la Presidencia opte por un perfil más independiente y autónomo.

La salida de Gertz marcaría el fin de un ciclo en la procuración de justicia del país, pero abriría otro igual de complejo: uno en el que la presidenta Sheinbaum busca recuperar el control político y jurídico del país en medio de presiones y pugnas internas, y tensiones con Estados Unidos. La sucesión en la FGR será el primer termómetro de los cambios de altos funcionarios que se preparan el gobierno de Sheinbaum. 

Posdata 1

La nueva embestida judicial encabezada por la ministra Lenia Batres, y respaldada por algunos de los recién llegados Hugo Aguilar, Sara Irene Herrerías e Irving Espinoza, además de Loretta Ortiz, para permitir la reapertura de todos los juicios con sentencia firme vuelve a encender las alarmas en el sector empresarial y de los grupos económicos y políticos de Estados Unidos, así como de los críticos de la reforma judicial. Reabrir casos cerrados significaría echar por tierra el principio constitucional de la “cosa juzgada” y entierra la certeza jurídica en la que descansan las inversiones nacionales y extranjeras, justo en el momento en que México debería generar certidumbre rumbo a la renovación del TMEC en 2026 y para contener la desaceleración económica.

En contraste con ese bloque, la ministra Yasmín Esquivel salió a fijar una postura dura. Advirtió que la Corte no puede “inventar instancias judiciales que ni siquiera el legislador consideró” y que dejar atrás la cosa juzgada supondría un golpe directo a la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica del país. Su mensaje, más político de lo habitual, retomó el malestar que desde hace semanas expresan empresarios nacionales y estadounidenses, especialmente después del choque entre Lenia y Femsa, cuando la ministra planteó revisar un asunto fiscal ya resuelto.

Si la propuesta prospera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría ratificando los temores más profundos de los inversionistas y de los críticos de la reforma judicial: que el máximo tribunal deje de ser un árbitro de estabilidad y se convierta en un órgano capaz de reinterpretar todo lo ya juzgado y, por tanto, de reabrir cualquier conflicto económico, fiscal o gubernamental. Pésima señal.

Posdata 2

En un día atípico, por no decir insólito, la Cámara de Diputados aprobó 10 dictámenes por unanimidad, todos impulsados por legisladores de distintos grupos parlamentarios. Un raro momento de alineación política promovido por el coordinador morenista Ricardo Monreal que contrasta con el clima de polarización que domina el resto de la agenda nacional. Monreal lo aprovechó para presumir eficacia y oficio político en un Palacio Legislativo acostumbrado más al choque que al consenso.

El coordinador de Morena, con la mira puesta en mantener cohesionado el bloque oficialista, agradeció públicamente a los jefes parlamentarios del PAN, PRI, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano. Mencionó por nombre a Elías Lixa, Rubén Moreira, Reginaldo Sandoval, Carlos Puente e Ivonne Ortega, como una especie de reconocimiento a la operación que permitió sacar adelante esa decena de dictámenes sin sobresaltos.

Monreal planteó que “lo cortés no quita lo moreno”, un guiño que busca equilibrar la disciplina del partido con la necesidad de reconstruir puentes en un país completamente polarizado. En plena discusión de reformas estratégicas, Morena necesita mostrar gobernabilidad y control, pero también capacidad de diálogo. Estos gestos, aunque breves y excepcionales, sirven para mandar la señal de que aún existen espacios de entendimiento.

Posdata 3

La agenda económica de Claudia Sheinbaum ha estado cargada esta semana. Primero recibió a Carlos Slim, a su hijo Marco Antonio y a Francisco Cervantes, una triada que no suele aparecer junta si no hay un mensaje de fondo. Slim se ha convertido en uno de los principales interlocutores de la Presidenta —como lo fue con López Obrador— y Cervantes, el todavía presidente del CCE, quien funge como puente institucional entre el gran empresariado y el gobierno. La lectura en el sector privado es que Sheinbaum está consolidando un gabinete económico paralelo, con Slim como asesor permanente y Cervantes como operador del “nuevo entendimiento” con las cúpulas.

Un día después, el martes, llegó a Palacio Nacional, Olegario Vázquez Aldir, otro de los empresarios cercanos y confiables de Sheinbaum. Vázquez Aldir ha acompañado proyectos de infraestructura, salud y turismo del incipiente gobierno y su presencia en la misma semana que los magnates de Grupo Carso e Inbursa confirma que la mandataria está tejiendo un círculo de confianza basado en actores probados, disciplinados y con alta capacidad de inversión. 

Estos encuentros se dan justo cuando el gobierno prepara el cierre de un año complejo —con estancamiento económico, presiones fiscales y tensiones por las reformas estructurales— y necesita recomponer la narrativa del “México’s Moment” y el nearshoring.