El Derecho a la Ciudad es apostar por ciudades sin exclusión, con participación y con justicia social: Ruth Tiscareño

“Legislar sobre el derecho a la ciudad es legislar por la dignidad de las personas, por el acceso igualitario a los servicios, por la justicia territorial y por el futuro sostenible de nuestras comunidades”, afirmó la diputada Ruth Tiscareño.

La legisladora externó su apoyo a una iniciativa para que se adicione un párrafo al artículo 1 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato a fin de establecer que “el estado garantizará el derecho a la ciudad”.

“Con esa frase sencilla se eleva a rango constitucional el compromiso de construir ciudades humanas, equitativas y sostenibles”, apuntó y añadió que con ello “se reconoce un derecho humano de carácter colectivo que pone a las personas en el centro de la planeación urbana”.

Dijo que garantizar el derecho a la ciudad implica reconocer ocho componentes fundamentales que, al aprobarse la iniciativa, deben incorporarse como principios orientadores de nuestra vida urbana, y se refirió a ellos como “parámetros concretos de acción pública que orientarán las leyes, las políticas municipales y las decisiones de planeación”.

Dichos parámetros tienen que ver con la no discriminación, para que ninguna persona sea excluida por su origen, condición, género, edad, orientación o identidad; con una igualdad de género que permita a mujeres y niñas vivir y participar plenamente en ciudades seguras, libres de violencia y con oportunidades equitativas.

Ciudad inclusiva, que todos los habitantes -permanentes o temporales- sean tratados como ciudadanos con iguales derechos; participación política de las personas para puedan incidir en decisiones sobre el desarrollo urbano, presupuesto y uso del territorio; y espacios y servicios públicos de calidad, seguros, accesibles e idóneos para la promoción de la convivencia, la cultura y el bienestar, son otros principios orientadores. 

Los últimos tres se vinculan con economías diversas e inclusivas, lo que implica que se reconozca el valor del trabajo de cuidados, del empleo informal y de las economías solidarias; con la sostenibilidad ambiental para garantizar a las ciudades equilibrio ecológico, movilidad sustentable y protección de los recursos naturales; y con lazos urbano-rurales. 

“Que la ciudad no se entienda aislada, sino conectada con su entorno rural, asegurando soberanía alimentaria y cohesión territorial”, abundó la congresista al referirse al último de los parámetros concretos de acción pública.

 Tiscareño Agoitia adelantó que el GPPRI votaría a favor del dictamen sobre dicha iniciativa de reforma constitucional “porque garantizar el derecho a la ciudad es apostar por ciudades sin exclusión, con participación y con justicia social, como lo hemos postulado desde siempre”.