La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario del partido Morena, presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Comité de Selección de Proyectos del programa Tocando Corazones y a la Secretaría del Nuevo Comienzo a fortalecer la revisión, transparencia y rendición de cuentas en la asignación de recursos públicos.
Se especifica que se busca que el Comité de Selección de Proyectos de Tocando Corazones realice una revisión minuciosa, imparcial y con enfoque de riesgos sobre la asignación y comprobación de recursos, particularmente respecto de organizaciones con observaciones o recomendaciones derivadas de apoyos públicos anteriores, así como aquellas vinculadas públicamente con personas servidoras o exservidoras públicas, dirigentes partidistas, candidaturas o marcas de carácter político.
Además, se propone exhortar a la Secretaría del Nuevo Comienzo para que publique, en formatos abiertos y de fácil consulta, los puntajes y cédulas de evaluación, la justificación de los montos, los antecedentes de comprobación, los dictámenes y modificaciones, las declaraciones de conflicto de interés, las ministraciones y los resultados de cada proyecto.
Finalmente, se busca que la dependencia informe públicamente las acciones implementadas para garantizar que la asignación de apoyos sea imparcial y priorice a las instituciones y grupos que atienden las necesidades más urgentes de la población guanajuatense.
Al presentar la propuesta, la legisladora señaló que los recursos públicos deben atender las necesidades prioritarias de la población y no convertirse en instrumentos de posicionamiento político, por lo que consideró indispensable garantizar que cada apoyo otorgado tenga una necesidad social acreditada, montos razonables, resultados medibles y ausencia de conflictos de interés.
Aguilar Castillo recordó que Tocando Corazones fue presentado como una alternativa al Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG), con el objetivo de eliminar intermediarios y entregar los recursos directamente a las organizaciones que cumplieran con los requisitos establecidos.
Sin embargo, señaló que los antecedentes del FIDESSEG obligan a mantener una vigilancia estricta sobre el nuevo programa. Expuso que la Auditoría Superior del Estado revisó 302 de los 342 proyectos autorizados por el fideicomiso entre 2020 y 2024, y que el dictamen legislativo correspondiente registró observaciones financieras y de infraestructura, así como recomendaciones no atendidas y una opinión desfavorable sobre el cumplimiento.
En ese sentido, consideró que los antecedentes de cada organización beneficiaria deben ser revisados antes de autorizar nuevos recursos, particularmente cuando existen observaciones relacionadas con la comprobación de apoyos públicos anteriores.
Entre los señalamientos, cuestionó los apoyos otorgados en 2026 a la asociación #ATODASMARGARITAS, que recibió dos proyectos por un monto conjunto superior a 1.4 millones de pesos, y dijo que el nombre de la asociación coincide con una expresión utilizada públicamente en el posicionamiento político de la exdiputada panista Lilia Margarita Rionda Salas, y que los proyectos se desarrollan precisamente en territorios relacionados con su actividad política.
En contraste, destacó la situación de las familias buscadoras de personas desaparecidas, y recordó que en Guanajuato existen 34 colectivos de búsqueda y que, de la información pública revisada, únicamente identificaron un apoyo del programa destinado a un colectivo: un millón de pesos para Luz y Justicia por Nuestros Desaparecidos de Juventino Rosas, A.C.
Finalmente, la diputada aclaró que el objetivo del exhorto no es cancelar los apoyos sociales ni prejuzgar la comisión de delitos, sino fortalecer los controles para evitar la injerencia o captura partidista de los programas públicos y garantizar que cada peso destinado al desarrollo social cumpla con una finalidad pública y sea debidamente comprobado.
El punto de acuerdo se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación.
