México otorgó 190 contratos públicos a una red de empresas vinculadas a Los Chapitos después de que fuera señalada en Estados Unidos

El 9 de mayo de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señalaba a la empresa Sumilab por suministrar precursores químicos al Cartel de Sinaloa. La sancionaba en la misma tanda que a Joaquín López Guzmán, alias El Güero, uno de los hijos del Chapo. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) informaba que ambos eran designados “por haber participado en actividades que han contribuido de manera significativa a la proliferación internacional de drogas ilícitas“. Desde entonces, los propietarios de Sumilab —que EE UU identifica como el corazón de una red de tráfico de fentanilo— han recibido más de tres millones de pesos en adjudicaciones directas hacia el resto de sus compañías. En total, en poco más de dos años, este entramado ha conseguido más de 190 contratos públicos por parte del Gobierno federal, de hospitales y de universidades estatales del norte del país.

“Un asunto familiar”. Así ha definido esta semana el Departamento del Tesoro al entramado que la familia Favela López había montado en Sinaloa para ayudar a Los Chapitos y a sus intermediarios en la producción de fentanilo y metanfetamina. Siete de sus integrantes —Jorge Luis, Francisco, Víctor András y Gabriela Favela, Guillermo Gallardo, Jairo Verdugo y César Elías López— y siete de sus compañías —Favela Pro, Agrolaren, Storelab, Qui Lab, Viand, Favelab y Marcerlab— fueron expuestos este lunes por formar “una red de empresas químicas, de equipamiento de laboratorio y relacionadas con la agricultura” al servicio del Cartel de Sinaloa. Mientras la OFAC lleva años siguiendo la pista a este entramado, a raíz de la sanción a la empresa principal, en México estos negocios han seguido recibiendo dinero público hasta junio de este año.

La historia empieza atrás. En 2001, Jorge Luis Favela junto a sus hermanos, los mellizos Francisco y Víctor Andrés, y sus cuñados Guillermo Gallardo y Jairo Verdugo, fundan Sumilab. El propósito de la compañía es distribuir reactivos, productos químicos y cualquier material que se pueda necesitar en un laboratorio. Con los años, los hermanos incluyen a sus esposas, hijos, sobrinos o primos, para ampliar el imperio familiar. Así nacen Favela Pro, Agrolaren, Storelab o Qui Lab (encabezadas todas por Jorge Luis Favela), Favelab (dirigida por Francisco) o Viand (por Víctor Andrés).

Todas estaban en marcha cuando Sumilab es sancionada por Estados Unidos. Hasta ese momento, la compañía había recibido casi 15 millones de pesos en contratos solo del Gobierno de Sinaloa entre 2018 y 2022. El golpe de la OFAC es brutal. Las asignaciones públicas para la empresa matriz se esfuman, según se puede comprobar en la Plataforma Nacional de Transparencia. En los días y semanas posteriores, los hermanos que estaban al frente de Sumilab empiezan a dejar sus puestos como administradores y presidentes en el resto de las compañías de la red. Ceden sus acciones a sus hijos, a sus hermanas o a sus esposas. También a testaferros, como César Elías López, quien es el responsable de Marcerlab, según apunta el Departamento del Tesoro.

“Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis se retiraron a sí mismos de numerosos registros corporativos —entre ellos Agrolaren, Viand, Favelab y Fagalab— y colocaron a personas de paja en su lugar”, apunta la dependencia estadounidense. Sin embargo, el susto dura poco. En el verano de 2024, los hermanos vuelven a muchas de sus posiciones, según revelan documentos públicos que ha revisado EL PAÍS.

Con la empresa matriz bloqueada, los contratos públicos fueron llegando —en menor medida— al resto de la red. De todo el entramado, solo Agrolaren no ha recibido adjudicaciones en estos años. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, el mayor monto lo percibe Favelab, que desde julio de 2023 hasta este mismo junio consigue 1,32 millones de pesos (unos 70.000 dólares); la mitad procedente de la Universidad Estatal de Sonora (por el suministro de productos químicos, médicos y de laboratorio), pero también de otros centros como la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Instituto Tecnológico de Sonora, o el DIF de Sinaloa. Por su parte, Storelab recibe casi un millón de pesos del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), que pertenece al Gobierno federal.

El mayor número de contratos es para Qui Lab, que obtiene casi 120 adjudicaciones directas del Instituto Tecnológico de Sonora, algunas por la cantidad irrisoria de 540 pesos, por la compra, por ejemplo, de dos probetas de vidrio. En total, todas las adquisiciones de esta institución en estos últimos dos años suman 555.000 pesos para la empresa (poco más de 30.000 dólares). El único contratante de Favela Pro y de Viand es el Colegio de la Frontera Sur, que elige a estas compañías para enviarle papel de filtro, detergente, cloruro de potasio y bicarbonato a pesar de estar a miles de kilómetros.

Los contratos de Marcerlab provienen del Hospital Civil de Culiacán. La compra de materiales a esta empresa empieza justo con el inicio de la guerra en Sinaloa. En julio de 2024, una rocambolesca operación terminó con Joaquín Guzmán López y a Ismael El Mayo Zambada en manos de las autoridades de EE UU, lo que derivó en la cruenta pelea entre las dos facciones del Cartel de Sinaloa. Esa lucha que ahora desangra al Estado y ha dejado ya más de 1.800 muertos —varios de ellos incluso a las puertas del Hospital Civil de Culiacán— está acompasada con la llegada de dinero público para esta compañía, ahora acusada de trabajar también para Los Chapitos.