Sheinbaum se escuda en una ‘Policía Federal 2.0’ para afianzar la estrategia de seguridad en México

México se viste de azul cobalto, el color de las policías, frase impensable hace un par de años, cuando el país atendía a la consolidación de una estructura de seguridad castrense. La Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) se caracterizó por el ascenso del Ejército, protagonista de un extraordinario despliegue territorial, apoyado en el crecimiento de una nueva corporación, la Guardia Nacional, que nacía policial a inicios de su mandato, pero que creció militar, generando una gran polémica entre expertos y organizaciones de la sociedad civil. La llegada al poder de Claudia Sheinbaum ha supuesto un cambio, difícil de anticipar antes de su aterrizaje en Palacio Nacional.

Los policías recuperan poder pese al relato continuista de la mandataria, ejercicio de funambulismo que germina ante los ojos esperanzados de un país, sumido en una ola de violencia brutal que dura casi ya dos décadas. De la mano de Omar García Harfuch, cabeza de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mandos formados y crecidos en la vieja Policía Federal alcanzan ahora los primeros escalafones del Gabinete: caso de Francisco Almazán, director del Centro Nacional de Inteligencia; Héctor Elizalde, subsecretario de Investigación, u Omar Reyes, al frente desde verano de la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda.

Superado el debate sobre la naturaleza de la Guardia Nacional, Sheinbaum celebra a la corporación, ahora castrense, y a las Fuerzas Armadas en general, guiño a su antecesor, mientras riega y abona el árbol policial. Solo hay que ver el presupuesto para el año que viene. Instalada ya la Guardia bajo el paraguas de la Secretaría de la Defensa, la SSPC de Harfuch contará en 2026 con más de 60.000 millones de pesos de presupuesto, unos 3.200 millones de dólares, un aumento de más de 20.000 millones respecto al año anterior.

Dejando al margen a policías estatales y, sobre todo, locales, depositarias de la desconfianza general —también del Gobierno federal—, la SSPC y sus agencias hermanas brillan a la cabeza del Gabinete de Seguridad, como alguna vez lo hizo la Policía Federal, desaparecida en años de López Obrador. El expresidente veía en la corporación el símbolo de los males del pasado, encarnados en la figura de Genaro García Luna, zar de seguridad en la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), crecido en años anteriores en la agencia federal de espionaje, el CISEN, y la pata operativa de la vieja Fiscalía nacional. Ahora, García Luna cumple una sentencia por narcotráfico en Estados Unidos y García Harfuch trata de corresponder la confianza de Sheinbaum.

Con sigilo, Harfuch ha reconstruido poderes de la vieja corporación en la SSPC, pero también en la versión renovada del CISEN, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que comanda su estrecho colaborador, Francisco Almazán. “Han hecho una Agencia de Investigación Criminal en el CNI”, dice una persona conocedora de la evolución de las corporaciones de seguridad durante este sexenio. La Agencia de Investigación Criminal es la rama investigativa de la Fiscalía, y Harfuch, que la comandó en años del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), después de pasar por la Policía Federal, ha recreado sus capacidades en el órgano de inteligencia, según esta fuente.

Los resultados de esta aparente efervescencia policial acompañan, al menos de momento. La caída en el índice de asesinatos, que inició en los últimos años de López Obrador, se ha acentuado en el primero de Sheinbaum al mando. También han caído el resto de delitos de alto impacto, excepto la extorsión, que repunta por encima del 20%. Especialistas consultados señalan que el aumento de casos de extorsión reportados no tiene que ver necesariamente con un aumento del fenómeno, sino con un blanqueamiento de la cifra negra, esto es, que víctimas que antes no denunciaban, ahora denuncian. Aunque puede ser también una mezcla, que se denuncie más, pero que igualmente haya más casos.

Expertos en políticas de seguridad y analistas en el desempeño de los funcionarios del ramo que ha consultado este diario, se muestran cautos. Eduardo Guerrero, director de la empresa de consultoría en la materia Lantia, reconoce el liderazgo de Harfuch. Dice que es “un profesional en la materia, a diferencia de los secretarios que tuvo López Obrador, que eran operadores políticos experimentados”. Añade que “Harfuch forma parte además del primer círculo presidencial, cosa que no había sucedido: es el líder, estratega y evaluador de la estrategia de seguridad”. Pero argumenta que, “aunque el descenso de violencia es halagüeño, aún no podemos hablar de un patrón a la baja a largo plazo”.

Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, destaca igualmente el liderazgo de Harfuch, pero no cree que esa autoridad implique necesariamente un renacer policial en el país, opinión que comparte con Guerrero. Por un lado, dice López Portillo, aunque Harfuch es el vocero de las acciones del gabinete de seguridad, “no sabemos quién está detrás de las decenas de miles de detenciones registradas este primer año”. ¿Es el Ejército, la Guardia Nacional, cuyos despliegues siguen siendo de decenas de miles de hombres en todo el territorio? Y luego otro asunto, añade Guerrero, cosa que comparte igualmente López Portillo: “Habría que ver cuántos de esos arrestos terminan en sentencias condenatorias”.

Es la asignatura pendiente del país, no de ahora, sino de siempre. López Portillo señala que “de 2011 a 2024 las tasas de víctimas y de delitos, la cifra oscura [delitos no denunciados] y el porcentaje de casos adecuadamente llevados por el ministerio público no ha mejorado”. Y comparte una cifra, esta del Instituto Nacional de Estadística: de los más de 33 millones de delitos perpetrados el año pasado en el país, más del 90% ni siquiera se denunciaron. En total, el instituto considera que solo un 0,8% de los delitos “tuvieron una resolución favorable por parte del Ministerio Público”. Estos datos dibujan el tamaño de la impunidad en el país, uno de sus males principales, que apunta a las fiscalías. Hace algo más de 10 años, una reforma trató de mejorar sus capacidades, dotándolas de autonomía. Pero, de momento, los resultados siguen siendo los mismos.

Los dos expertos muestran expectación respecto al futuro, ambos desde la exigencia. Guerrero, por ejemplo, pide profundizar de manera horizontal en la silenciosa reforma policial: “De momento, no hay más dinero para las policías estatales y locales, no se les da un papel en la estrategia de seguridad y siguen siendo objeto de desconfianza”. Reconoce que en algunos casos, la federación ha trabajado con los Estados, pero hasta ahí. López Portillo se pregunta con escepticismo “de qué tamaño es el control operativo de Harfuch sobre las autoridades locales, a partir del liderazgo de la presidenta”, para contestar con una evidencia: no se sabe.

Esa es un poco la sensación, que muchas cosas no se saben. Primero, porque apenas ha pasado un año y el Gobierno ha actuado en clave de emergencia, conteniendo problemas graves, como la crisis de violencia en Sinaloa, por la ruptura de redes criminales en el Estado, o las de Michoacán, Guerrero, Chiapas o Baja California, con problemas de gobernabilidad en algunos puntos, con Guerrero o Michoacán liderando la lista. Segundo, por los pocos datos que hay del despliegue, más allá de los comunicados de prensa. A día de hoy, se ignora cuántos efectivos ha repartido por el país la SSPC y qué peso han tenido en los resultados. Todo se confía a Harfuch, su solvencia, y a la de los policías de su equipo, restaurados al frente de la estrategia de seguridad.