Sesiona la Comisión de Justicia, toman acuerdos sobre dos dictámenes

Las diputadas y el diputado que integran la Comisión de Justicia aprobaron la difusión del dictamen de tres iniciativas de reforma al Código Civil en materia del orden de los apellidos de hijas e hijos, a pueblos y comunidades indígenas para su conocimiento.

Mismo trámite tuvo el dictamen mediante el cual se ordena el archivo definitivo de la iniciativa de reforma al Código Civil que buscaba que los pueblos y comunidades indígenas fueran reconocidos como personas morales y tengan plena certeza de que la justicia es asequible.

De igual manera, se llevó a cabo el análisis de la iniciativa de reforma al Código Penal, con objeto de definir el concepto de violencia contra las personas adultas mayores. La diputada Susana Bermúdez Cano manifestó que uno de los grupos poblacionales que se encuentra más expuesto a esos delitos es el de las personas adultas mayores, principalmente dentro de los hogares y que muchas ocasiones se oculta.

Remarcó que la violencia a la que están expuestas puede ser generada por hijas, hijos, pareja u otros cuidadores, por lo que el combate a la violencia familiar contra las personas adultas mayores es una prioridad y se debe avanzar en el diseño de un marco jurídico integral que salvaguarde sus derechos.

Finalmente, la legisladora subrayó que se debe garantizar la protección jurídica del Estado a las personas adultas mayores que requieren garantía de un acceso efectivo a la justicia, para que el ministerio público actúe de manera oficiosa frente a ese delito.

Al respecto se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

También de la propuesta de reforma al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa.

Sobre este punto, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que cuando el equilibrio entre el acto de autoridad y la legalidad se rompe, es necesaria la intervención del Tribunal de Justicia Administrativa. Agregó que como personas diputadas deben estar conscientes de la necesidad del perfeccionamiento de las leyes para que sea posible el respeto a las garantías y derechos procesales reconocidos en la Constitución federal

Indicó que con esas reformas se habilita a las autoridades jurisdiccionales administrativas para seleccionar dentro de los diversos medios de apremio el más eficaz; se amplía a favor del particular un doble plazo legal ordinario para interponer el recurso o medio de defensa correspondiente; garantiza la efectiva tutela jurídica al justiciable para que la sentencia se dicte en un plazo más corto, de 2 meses suprimiendo la posibilidad de prórroga y estableciendo un plazo máximo de resolución de 2 años; incorpora la caducidad de la instancia por inactividad procesal por parte del actor y fortalece el derecho de defensa en el juicio al homologarse los plazos para presentar la demanda, entre otros.

Al respecto se instruyó la elaboración del dictamen en sentido positivo.

Finalmente, se dio seguimiento a la metodología de trabajo de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal que busca prevenir y castigar los crímenes de odio en el estado de Guanajuato, mediante una serie de reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato. Se consideró eliminar el punto uno de la metodología porque las primeras iniciativas fueron archivadas y se propuso llevar a cabo una mesa de trabajo.

Radicaciones

Como parte del orden del día, se radicaron cuatro iniciativas. Se trata de la propuesta de reforma al Código Penal, que busca incrementar las sanciones penales en el delito de cobranza extrajudicial ilícita, incluyéndose la agravante cuando haya intervención de servidores públicos.

Para su análisis se remitirán al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y al Colegio de Abogados A.C.

La segunda, propone ajustes a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Guanajuato para garantizar el acceso de los perros de asistencia a todos los espacios públicos y privados con excepción de las zonas restringidas por disposiciones higiénico-sanitarias. Esta se mandará a la Consejería Jurídica del Ejecutivo, al Poder Judicial y a la Procuraduría de los Derechos Humanos; así como consulta a las personas con discapacidad.

La tercera plantea cambios al Código Civil estatal con el objeto de eliminar la adopción simple. Al respecto, se acordó acumular su estudio con otra propuesta legal que aborda el mismo tema, y se precisó que se tiene contemplado un proceso de consulta.

La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que la iniciativa posee contenidos distintos y contempla diferentes numerales que no fueron abordados en la primera, por lo que propuso se remitiera al Poder Judicial, a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a la Consejería Jurídica con un plazo de 15 días naturales, así como la realización de una mesa de trabajo. Su solicitud fue avalada.

La última iniciativa busca modificar el Código Penal del Estado de Guanajuato para tipificar de forma clara y precisa las conductas de maltrato animal, y se enviará al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Consejería Jurídica; así como un estudio sobre el impacto presupuestal a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas sobre la propuesta.

Todos los entes consultados contarán con 15 días hábiles para remitir sus comentarios y observaciones; el mismo periodo estará disponible para consulta y participación ciudadana; y se llevarán a cabo mesas de trabajo para su análisis.

En la sesión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidenta), Karol Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas.