Alejandro Alito Moreno, el dirigente del histórico Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha salido al paso de las acusaciones que le ponen en el protagonismo de nuevo. “Morena ha desatado una persecución política brutal en mi contra”, ha dicho este jueves ante el nuevo intento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche de quitarle el fuero constitucional, el blindaje que le da su escaño en el Senado, para procesarlo penalmente. Esta vez por el presunto desvío de 83,5 millones de pesos cuando gobernó el Estado sureño, entre 2015 y 2019. Alito tiene dos frentes a abiertos que amenazan su inmunidad. Una primera petición de desafuero data de 2022. La Sección Instructora de la Cámara de Diputado ha programado una sesión de trabajo para este viernes. Fuentes cercanas a la instancia aseguran que el objetivo es desempolvar esa primera solicitud de desafuero, pero no auguran que tendrá mucho recorrido. Pero la nueva solicitud, que entrará oficialmente en turno también este viernes, ha abierto un nuevo frente que aviva el fantasma del desafuero contra el líder priista.
Alito sostiene que la solicitud está muerta. Según el dirigente, existen amparos definitivos para que ese expediente se archive y no se ejerza acción penal alguna. “Usan las fiscalías como garrote para tratar de intimidar a quienes nos oponemos, no para impartir justicia”, ha dicho en otra parte del mensaje que ha publicado en redes sociales.
La línea defensiva de Moreno es la misma que tres años atrás, cuando en agosto de 2022 la fiscalía presentó la primera solicitud de desafuero en su contra, en esa ocasión por enriquecimiento ilícito. También en ese momento acusó persecución política. “¡No me van a quebrar, valor es lo que me sobra!”, ha sido el beligerante mensaje de Alito un día antes de que la instancia jurisdiccional de la Cámara baja descongele su primera solicitud de desafuero.
Los posibles escenarios del líder priista no son halagüeños. La Sección Instructora, — con tres de cuatro votos—, está dominada por el oficialismo. Hugo Erik Flores y Adriana Quiroz, diputados de Morena; Raúl Bolaños, del PVEM y Germán Martínez, del PAN, integran la instancia que procesa las solicitudes de procedencia. En el pleno, Morena y aliados tienen los votos de sobra para aprobar un eventual dictamen en el sentido que sea.
El líder del tricolor había logrado deshacerse de los reflectores durante un largo tiempo. El proceso que, hace un año, lo llevó a reelegirse en el cargo por cuatro años más, con posibilidad de perpetuarse hasta 2032, lo mantuvo en el ojo del huracán. Los recursos de impugnación presentados por los líderes históricos del PRI no tuvieron consecuencias, el Tribunal Electoral corrigió la plana al Instituto Nacional Electoral y validó las reformas a los documentos básicos que permitieron la reelección de Moreno. Un puñado de procesos presentados por exlíderes priistas, encaminados a tumbar la permanencia de Alito, continúan sin solución.
El dirigente se ha declarado listo para enfrentar lo que, dice, es una persecución, un embate del oficialismo en su contra. “Mi voz no se va a apagar, ni aquí, ni en ninguna parte del mundo”, remató el mensaje. Este nuevo intento por quitarle la inmunidad procesal llega en un momento en que los escasos votos de los partidos opositores han dejado de ser la diferencia para que el partido con más poder en el Congreso pueda aprobar reformas y leyes sin necesidad de la anuencia de la oposición. Si acaso los votos fueran una moneda de cambio.
