La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial aprobó la metodología para el estudio de la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con la finalidad de hacer vigente el derecho humano a un transporte público urbano y suburbano equipado, seguro, de accesibilidad o arbitraje autónomo y a la modernización progresiva para dar accesibilidad a las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Se acordó pedir opinión a la Secretaría de Gobierno; Secretaría de Obra Pública; Secretaría de Derechos Humanos; Secretaría de Seguridad y Paz; Subsecretaría de Conectividad y Movilidad; Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato; Consejería Jurídica del Ejecutivo; Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado; la Dirección General para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; y a los 46 ayuntamientos del Estado.
También, se solicitará a la Unidad de Estudios de la Finanzas Públicas del Congreso del Estado, la realización de un estudio de impacto presupuestal; se subirá la propuesta a la página web del Congreso del Estado de Guanajuato para consulta y participación ciudadana; y posterior a ello se realizará una mesa de trabajo con las autoridades consultadas.
En otros temas, se acordó pedir información a diversas instituciones con relación al punto de acuerdo que busca exhortar al Ayuntamiento del Municipio de Irapuato y la Dirección General de Movilidad y Transporte para que implementen y establezcan las acciones necesarias para garantizar un transporte público urbano de calidad conforme a los principios reconocidos en la Constitución Federal, en la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Finalmente, se avaló la realización de una mesa de trabajo con las autoridades consultadas el próximo 12 de agosto del año en curso, para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a fin de proteger la economía de las personas usuarias al vincular la tarifa con criterios sociales y subsidios públicos, garantizando accesibilidad, equidad e inclusión.
