La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal para considerar como calificados los delitos de homicidio y lesiones cuando se comentan contra personas defensoras de derechos humanos; así como precisar la descripción típica de conductas consultivas del delito contra la libre expresión y establecer aquellas que actualizarán el delito contra la promoción o defensa de derechos humanos.
Política27 de mayo de 2025 Redacción
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código Penal estatal para considerar como calificados los delitos de homicidio y lesiones cuando se comentan contra personas defensoras de derechos humanos; así como precisar la descripción típica de conductas consultivas del delito contra la libre expresión y establecer aquellas que actualizarán el delito contra la promoción o defensa de derechos humanos.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano mencionó que es obligación del Estado establecer y aplicar todas las salvaguardas jurídicas y mecanismos institucionales necesarios para proteger a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, a fin de que no se obstaculice el derecho de la libertad de expresión e investigar, sancionar y procesar a responsables que atenten contra la integridad de estos grupos de la población.
En su intervención, la legisladora María Eugenia García Oliveros precisó que la iniciativa tiene la finalidad de contribuir a mejorar las condiciones de las labores que realizan personas periodistas y defensoras de derechos humanos, las cuales tienen una participación importante en el Estado de Derecho por ser cruciales para la lucha contra la injusticia, desigualdad y la discriminación con el potencial de generar cambios sociales.
Asimismo, se aprobaron las metodologías de diversas iniciativas.
Respecto a las modificaciones al Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para garantizar el acceso igualitario a la justicia administrativa, se consultará al Tribunal de Justicia Administrativa, a la Consejería Jurídica del Ejecutivo y a los Juzgados Administrativos Municipales de los 46 Ayuntamientos.
Lo referente a las propuestas de reforma al Código Penal; la primera, con el objeto de incrementar la sanción de los delitos de robo y despojo cometidos en detrimento de los bienes de las personas adultas mayores y con discapacidad; la segunda, en materia de robo en transporte público e individual; la tercera, para que sean imprescriptibles la acción penal y las sanciones en delitos sexuales cometidos en contra de menores o de quien no pueda resistir la conducta delictuosa; y la cuarta, a fin de proteger la libertad de las personas de decidir sus comportamientos en especial de aquéllas que asisten a eventos públicos.
Se acordó pedir opinión al Supremo Tribunal de Justicia, a la Fiscalía General y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo; para la cuarta iniciativa se añade a la consulta al Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso; mientras que, para las primeras tres propuestas se solicitará a la Unidad de los Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal.
Con relación a la metodología de análisis de dos iniciativas que buscan modificar el Código Civil; una, para crear la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos del Estado de Guanajuato; y la otra, con la finalidad de proteger el principio del interés superior de la niñez, regulando la incorporación de niños a un nuevo entorno familiar definitivo por medio de la adopción plena.
Se acordó enviarlas para comentarios al Supremo Tribunal de Justicia, a la Secretaría de Gobierno, a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y a la Consejería Jurídica del Ejecutivo. Asimismo, se realizará un proceso de consulta.
Mientras que, para la propuesta relacionada con la creación de la Ley del Registro de Deudores Alimentarios Morosos, se contemplará a la Fiscalía General, a la Secretaría de Seguridad y Paz, al Instituto Electoral del Estado, al Tribunal Electoral del Estado, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Instituto de Acceso a la Información Pública y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Y la iniciativa en materia de adopción plena añadirá a las autoridades al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y a los Sistemas municipales para el Desarrollo Integral de la Familia.
Finalmente, todas las iniciativas se subirán a la página web del Congreso del Estado de Guanajuato para consulta y participación ciudadana y realizarán mesas de trabajo con las autoridades consultadas.
Al hacer uso de la voz, el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas solicitó que se agregara a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para la opinión de las propuestas en materia de delitos de robo y despojo a personas adultas mayores o con discapacidad; sanciones de delitos sexuales cometidos en contra de menores y protección de la libertad de las personas de decidir sus comportamientos en especial de aquéllas que asisten a eventos públicos. La propuesta fue aprobada.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas María Eugenia García Oliveros (presidente), Susana Bermúdez Cano, Karol Jared González Márquez y Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como el diputado Rolando Fortino Alcantar Rojas. También acompañó a los trabajos el diputado Roberto Carlos Terán Ramos.
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