La diputada María Eugenia García Oliveros dijo que a la violencia directa, se suma la falta de acceso a la educación superior, condiciones laborales precarias y una criminalización sostenida que coloca a la juventud en el centro de múltiples riesgos
Política23 de mayo de 2025
Leticia Aguayo Soto
La diputada María Eugenia García Oliveros, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de Guanajuato, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo a que, de manera urgente, diseñe y ponga en marcha un Plan Integral Emergente de Atención a las Juventudes en situación de vulnerabilidad a causa de la violencia e inseguridad que enfrenta el estado. También solicitó una evaluación de los programas “Nodo Juventudes” y “JuventudESGto” para, en su caso, realizar una reingeniería que permita mejorar sus objetivos y resultados.
Durante su intervención en tribuna, la legisladora expresó que:
“Hoy los jóvenes de Guanajuato viven en la incertidumbre, con el temor y miedo de perder la vida en una fiesta, en un convivio, en la calle, incluso en su hogar”.
Como antecedente inmediato, recordó los hechos ocurridos en la comunidad de San Bartolo de Berrios, en San Felipe, donde fueron asesinados cinco jóvenes y dos menores de edad. Indicó que este tipo de hechos se han repetido en municipios como Celaya, Salvatierra, Cortázar, Apaseo el Grande, Salamanca e Irapuato.
Con base en cifras del INEGI, detalló que en 2022 se registraron 2,228 homicidios de personas jóvenes entre 15 y 34 años en Guanajuato, lo que representa el 51.4% del total de homicidios en el estado. En años anteriores, las cifras fueron similares: 2,420 en 2021, 2,771 en 2020 y 2,269 en 2019.
Al referirse al fenómeno, la diputada expresó que:
“Se escucha fuerte, pero la realidad nos lleva a hacer uso de un concepto aún peor: Guanajuato vive un juvenicidio”.
Definió este concepto como el exterminio masivo de jóvenes derivado de políticas públicas omisas y contextos de violencia estructural, estigmatización y precarización. Afirmó que, incluso sin vínculos con el crimen organizado, las juventudes son blanco constante de extorsiones, amenazas o reclutamiento, convirtiéndose en objetivos rentables para las estructuras delincuenciales.
Además, señaló que, a la violencia directa, se suma la falta de acceso a la educación superior, condiciones laborales precarias y una criminalización sostenida que coloca a la juventud en el centro de múltiples riesgos. En ese sentido, advirtió que:
“Hoy en Guanajuato la población joven está expuesta a amplios riesgos, no solo de los grupos criminales, sino también del imaginario policiaco que cree que existe una vinculación predeterminada de los jóvenes con la criminalidad”.
En su exposición también abordó el estado actual de las políticas públicas dirigidas a la juventud. Mencionó irregularidades en el programa JuventudESGto y el fracaso de la estrategia Planet Youth. Señaló que, tras ocho meses de iniciada la administración estatal, apenas se anunció el nuevo programa “Red Juventudes”, el cual, indicó, requiere fortalecerse con enfoque integral.
El punto de acuerdo plantea:
• Que el Ejecutivo estatal presente un Plan Integral Emergente de atención a juventudes en situación de vulnerabilidad por violencia.
• Que se evalúen los programas “Nodo Juventudes” y “JuventudESGto” para una posible reingeniería.
La diputada concluyó que el Congreso del Estado debe estar atento a la situación que enfrentan las juventudes guanajuatenses y trabajar por garantizar su derecho a vivir en paz, con oportunidades y en entornos seguros.
El punto fue turnado a la Comisión de Juventud y Deporte para su análisis y dictaminación.
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