Los vínculos de los aspirantes a jueces con narcos sacuden la inédita elección judicial de México

Morena mira con recelo la elección judicial del 1 de junio. La presentación en sociedad de su gran apuesta transformadora, una sacudida tremenda a los cimientos del Poder Judicial preocupa moderadamente a sus facciones. México elige desde este verano a sus jueces por voto popular y la certeza de que hay candidatos de dudosa procedencia, algunos vinculados al crimen organizado, retumba ya en el Congreso y en Palacio Nacional. Este miércoles, la presidenta, Claudia Sheinbaum, ha instado a que, si hay aspirantes con “alguna relación delincuencial”, se denuncie, se investigue y se tomen decisiones.

No es una cuestión menor, dado el júbilo general del oficialismo con la contienda electoral. De cara para afuera, las dudas no existen. El partido guinda asume la elección de 881 cargos, entre ministros de la Suprema Corte, magistrados electorales y jueces federales, como un paso fundamental en su proyecto de país. Para Morena, el Poder Judicial encarna los males de México, la corrupción, el nepotismo y el clientelismo, el tráfico de influencias. Su refundación aparece en el horizonte como una promesa de cambio definitivo. De ahí que moleste la aparición de perfiles controvertidos en la boleta.

“Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas”, ha dicho la mandataria, cauta en el tono y las palabras, desterrando toda urgencia, toda sensación de alarma. “Si hay algún caso en que [el candidato] no cumple con la Constitución, por alguna relación delincuencial, o que no tiene de promedio [en sus estudios] lo que exige la Constitución, [la denuncia] puede ser presentada desde mi particular punto de vista, y ya veremos qué decide el Tribunal”, ha añadido. Sheinbaum se refería al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La mandataria ha recogido así el guante de su colega de movimiento, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que el martes enfrentaba el asunto desde la Cámara Alta. “Hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, decía Noroña. El legislador, antiguo rival de Sheinbaum por la candidatura presidencial, aprovechó para darle un alfilerazo al Poder Judicial, al asegurar que la mayoría de los perfiles indeseables se han colado en la contienda a propuesta de los mismos jueces.

Ni Noroña ni Sheinbaum han señalado directamente a ningún candidato, pero desde hace semanas hay al menos dos nombres que aparecen vinculados de alguna forma a narcotraficantes. Se trata de Silvia Delgado, que en 2016 fue parte del equipo legal de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, y que ahora aspira a jueza de lo penal en el Estado de Chihuahua; y de Fernando Escamilla, uno de los abogados de la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, antaño líder del cartel de Los Zetas, trasladado en febrero a Estados Unidos.

Pero no son los únicos. La organización Defensorxs ha documentado hasta 13 casos, 11 de los cuales califica como “candidaturas altamente riesgosas”. Entre los 13 figuran simpatizantes de la Iglesia de La Luz del Mundo, liderada por el criminal convicto Naasón Joaquín García, condenado por abuso de menores en Estados Unidos, personas acusadas de acoso laboral y sexual, antiguos funcionarios vinculados a delitos graves, como la desaparición de un periodista, o la muerte de visitantes en una prisión.

Según Defensorxs, la mayoría de las candidaturas altamente riesgosas pasaron los filtros del Congreso. Hace unos meses, en la etapa primaria de implementación de la reforma al Poder Judicial, cada uno de los poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, formó un comité de expertos para analizar las candidaturas presentadas a los diferentes cargos que se eligen en junio. Cada comité aceptó unas candidaturas y desechó otras. Al parecer, el filtro con agujeros más grandes lo manejó el comité del Poder Legislativo, que depende de la mayoría oficialista.

Noroña ha dicho que no es cuestión de echarle la culpa a nadie, sino de depurar los pocos casos detectados. Sheinbaum ni siquiera ha entrado en la polémica. Uno y otro han insistido en que los malos perfiles deben quedar fuera de la contienda, y no esperar a después de la elección para descalificarlos, posibilidad con la que ha amagado el Instituto Nacional Electoral esta semana. Mientras tanto, candidatos y candidatas siguen haciendo campaña, supuestamente con sus propios medios. La elección se acerca y, en la mayoría de los casos, la lucha es por dar a conocer sus nombres antes del día de votación.