Las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena visibilizaron las incongruencias entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los municipios, especialmente en temas de infraestructura deficiente, omisiones en la vigilancia ambiental, contaminación del agua y falta de atención en el manejo de residuos sólidos urbanos.
Política26 de marzo de 2025 Redacción
Las y los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena visibilizaron las incongruencias entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan los municipios, especialmente en temas de infraestructura deficiente, omisiones en la vigilancia ambiental, contaminación del agua y falta de atención en el manejo de residuos sólidos urbanos.
En el segundo día de Glosa del Primer Informe de Gobierno, las diputadas y los diputados de Morena cuestionaron a Juan Pablo Pérez Beltrán, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad a José Lara Lona, secretario de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial y a Karina Padilla Ávila, procuradora Ambiental y de Ordenamiento Territorial.
De acuerdo a la dinámica de turnos, por parte de Morena fue el diputado Antonio Chaurand quien inició cuestionando el caso del puente Constituyentes de Celaya, inaugurado en 2006 y reconstruido en 2023 debido a fallas estructurales :
“No se ha explicado por qué se realizaron cambios al diseño, si estos podrían afectar su durabilidad ni si existe un dictamen técnico que garantice su calidad. Tampoco sabemos si hubo investigaciones o sanciones para los responsables de la planeación, supervisión o validación de la obra.”
El secretario Juan Pablo Pérez Beltrán reconoció que el proyecto tuvo que modificarse al encontrarse con daños no detectados inicialmente. Indicó que el costo pasó de 50 millones a más de 183 millones de pesos y que ya se retiraron y colocaron las 90 traves, no respondió sobre sanciones ni si los responsables siguen en funciones.
La diputada Edith Moreno Valencia, exigió respuestas contundentes sobre el mismo caso, reclamando en nombre del pueblo de Celaya: “Los celayenses exigimos saber si se investigaron las fallas en la planeación y supervisión, si la constructora responsable continúa trabajando para el gobierno estatal y si hubo consecuencias para los funcionarios involucrados.”
La diputada Plásida Calzada Velázquez, evidenció el caso del desarrollo habitacional “La Cucursola” construido en un terreno forestal en la Sierra de Santa Rosa, dentro de un terreno forestal, con permisos irregulares otorgados por autoridades municipales, de la administración del expresidente municipal Alejandro Navarro. Señaló que la PAOT impuso una multa mínima a la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V.,y no sancionó a los funcionarios responsables “Esta Procuraduría debió pronunciarse sobre la responsabilidad objetiva de todos aquellos servidores públicos quienes permitieron que se concretaran estas violaciones al derecho humano al medio ambiente. ¿Esta procuraduría dejará de ser permisiva con los actos de corrupción inmobiliaria que ocurren al amparo de la institución que usted encabeza?”
En su respuesta, la procuradora Karina Padilla Ávila se limitó a señalar que se llevó a cabo el procedimiento jurídico-administrativo y que la resolución fue emitida en noviembre de 2024, confirmada en febrero de 2025. Afirmó que el tema sigue su curso legal, pero evitó pronunciarse sobre las omisiones señaladas por la legisladora, ni aclaró si se investigó o sancionó a los servidores públicos involucrados.
La diputada Miriam Reyes Carmona, también se dirigió a los funcionarios estatales para preguntar por acciones concretas en torno a la contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad y sobreexplotación del acuífero del Valle de León. En su respuesta, el secretario José Lara Lona reconoció que el déficit hídrico estatal ha disminuido de 1,258 a 837 millones de metros cúbicos desde el año 2000, pero sus respuestas se centraron en acciones generales como cultura del agua, sectorización y rehabilitación de redes, sin abordar medidas específicas por municipio.
Por su parte, el diputado Ernesto Millán, retomó un tema que ya había sido planteado desde hace dos años: la presencia de arsénico en el agua de pozos en distintos municipios. Afirmó que la respuesta anterior del comisionado estatal fue falsa y preguntó cuántos municipios están actualmente afectados, qué procesos se usan para remover el arsénico y en qué porcentaje son efectivos. Indicó que municipios como Silao, Romita, Valle de Santiago, San Miguel de Allende, San Luis de la Paz, Manuel Doblado y Abasolo han presentado altos niveles del contaminante.
El secretario Lara Lona respondió que se estima que el 30% de las fuentes en el estado han presentado en algún momento un parámetro fuera de norma, y mencionó que una de las medidas ha sido impulsar garrafoneras comunitarias.
El diputado Ricardo Ferro Baeza, abordó la falta de planeación y el retraso en la construcción del Bulevar de la Libertad, que conecta a San Miguel de Allende con Dolores Hidalgo.
Cuestionó el sobrecosto del proyecto y afirmó que el avance reportado por la Secretaría 57.1% después de más de un año contrasta con su promesa de concluir el resto en solo cuatro meses.
El secretario Pérez Beltrán respondió que los retrasos se deben a factores externos y amparos en el tramo de La Cieneguita. Reportó 44 accidentes desde el inicio de la obra, sin fallecidos, y 27 personas lesionadas. Sobre el mantenimiento, dijo que se firmarán convenios con municipios al concluir la obra, pero no especificó fechas ni responsabilidades concretas.
La diputada Jenny García Oliveros exigió respuestas sobre la emergencia ambiental provocada por incendios en basureros. Detalló que en 2022 hubo 11 incendios, en 2023 fueron 15 y que en lo que va de 2024 ya suman al menos 9 más, con casos críticos en Apaseo el Alto, Comonfort, Santiago Maravatío, Xichú, San José Iturbide, San Luis de la Paz y San Francisco del Rincón.
Señaló que muchos de estos ocurrieron en sitios no controlados que siguen en operación pese a estar rebasados. El secretario Lara Lona ofreció una disculpa por no haberle entregado un informe solicitado desde octubre de 2024 y aseguró que trabajan con el Fondo Nacional de Infraestructura y Semarnat en un estudio para regionalizar el manejo de residuos.
En una segunda intervención, la diputada Jenny abordó el anuncio federal del acueducto de la presa Solís, preguntando por los apoyos a agricultores y pescadores, así como por la fuente de los 7,500 millones de pesos que deberá aportar el estado y los municipios.
El secretario Lara Lona respondió que el proyecto es sexenal, que se trabaja en su estructuración financiera y que los proyectos ejecutivos para las plantas potabilizadoras se elaborarán durante 2025. No respondió sobre apoyos concretos ni sobre permisos de impacto ambiental.
El diputado Carlos Abraham Ramos Sotomayor pidió transparencia sobre 470 denuncias ciudadanas por daño ambiental, de las cuales solo 58 fueron turnadas a las instancias correspondientes.
Preguntó qué medidas ha tomado el gobierno estatal para evitar la interferencia del poder económico en las decisiones ambientales. La procuradora Karina Padilla Ávila informó que se impusieron 236 sanciones, entre ellas 133 multas, 53 clausuras y 34 apercibimientos, pero no detalló los casos ni los municipios involucrados.
Finalmente, el diputado David Martínez Mendizábal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, planteó tres temas: los efectos a la salud de la contaminación por hornos ladrilleros; el acceso al agua potable en comunidades suburbanas; y la emisión de malos olores por procesos industriales en municipios como Celaya, específicamente en instalaciones de Maseca y Bachoco.
El secretario Lara Lona admitió que el modelo legal actual está rebasado y debe actualizarse, reconociendo también que en muchos casos las comunidades suburbanas mantienen un control local sobre el acceso al agua que dificulta la gestión pública adecuada.
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