Aprueban dictamen en materia de inclusión laboral

La Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables reanudó el análisis del dictamen de cuatro iniciativas de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato.

Entre las modificaciones propuestas se busca garantizar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público; establecer una consulta a las personas con discapacidad; fortalecer los mecanismos para que las personas con discapacidad tengan mayor posibilidad de participación en la toma de decisiones y generar medidas que propicien el acceso a las personas con discapacidad al ámbito laboral, tanto público como privado.

Tras la aprobación del dictamen en lo general, la diputada Plásida Calzada Velázquez propuso en lo particular una modificación para que se incorpore un porcentaje del 3% como el mínimo de espacios laborales que deberán estar disponibles para personas con discapacidad en los Poderes del Estado, organismos autónomos y ayuntamientos con garantía de forma progresiva, todo ello a petición de las personas con discapacidad en los procesos de consulta a este sector. La propuesta fue aprobada.

En su intervención, el legislador Jesús Hernández Hernández manifestó que el establecimiento de un porcentaje obligatorio de contratación en el sector público presenta limitaciones técnicas y operativas, debido a que no todas las dependencias gubernamentales cuentan con las mismas capacidades ni necesidades laborales, junto a que el enfoque deja fuera al sector privado donde se encuentran la mayoría de las oportunidades de empleo.

Por su parte, la congresista Ana María Esquivel Arrona dijo que es fundamental adoptar un enfoque integral para la inclusión laboral que no lo da poner una cuota del 3%, porque si se limita a establecer cuotas obligatorias sin considerar las necesidades reales del sector público, dicha cuota no tendría una utilidad. Agregó que las iniciativas deben de tener un análisis y que se establezcan aspectos de manera progresiva.

El diputado José Salvador Tovar Vargas expresó que la propuesta en origen busca que los espacios de trabajo sean adecuados y que existan programas de formación y sensibilización para los equipos laborales, mientras que la capacitación y el desarrollo profesional deben ser una prioridad con programas específicos que brinden formación técnica y profesional, así como esquemas de certificación que faciliten su inserción en el mercado laboral.

Al hacer uso de la voz, representantes de organizaciones civiles comentaron que establecer un porcentaje mínimo no se debe considerar como una cuestión restrictiva, toda vez que un mecanismo restrictivo sería establecer una cuota máxima, junto a que no se busca despedir personal para incluir a personas con discapacidad, sino que las plazas de nueva creación se destinen al sector mencionado; asimismo, que es necesario que las personas con discapacidad se preparen y que se brinde la oportunidad de empezar con las condiciones para que las personas con discapacidad se desarrollen de manera plena.

Agregaron que los mecanismos primordiales son la capacitación y la educación, debido a que muchas personas de este grupo de población se le ha negado el acceso a la educación y que se empiece a generar los mecanismos de inclusión laboral en la subsecretaría de Atención a las Personas con Discapacidad; y que existen personas que están dispuestas a adquirir esas capacitaciones para apoyar a las personas con discapacidad sin necesidad de que sea algo obligatorio.

Finalmente, se mencionó que se debe apostar a la educación, a la capacitación y a la profesionalización de las personas con discapacidad, donde es necesario que se les dé una oportunidad por sus talentos y capacidades y no solo por su condición de discapacidad; que vengan las personas con discapacidad a dar su opinión y no solo los representantes de las asociaciones civiles, para conocer de primera mano la realidad que experimentan día con día; y que se tenga un enfoque también en la iniciativa privada debido a las necesidades de personal que se tiene en las empresas.

Por su parte, el diputado José Salvador Tovar Vargas propuso añadir un artículo segundo transitorio para que la persona titular del Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos dispongan de un plazo que no excederá de 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar ajustes que permitan dar cumplimiento a las nuevas adecuaciones. La propuesta fue aprobada.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Plásida Calzada Velázquez (presidenta) y Ana María Esquivel Arrona; así como los diputados José Salvador Tovar Vargas y Jesús Hernández Hernández.

Todos ellos acompañados por los diputados Roberto Carlos Terán Ramos y David Martínez Mendizábal; personas representantes de asociaciones civiles en materia de personas con discapacidad, autoridades municipales y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.