El diputado Juan Carlos Romero Hicks externó su inquietud ante el papel de la Comisión y el cómo poder tener mayor eficacia para tener un sentido en la anticipación, el acompañamiento y el desenlace, al señalar que los asuntos que se ven son muy importantes, por lo que reflexionó en cómo tener una mejor intervención en los asuntos.
Política23 de enero de 2025 Redacción
En sesión de la Comisión de Asuntos Municipales se dio trámite a diversos asuntos.
En primer lugar, se radicaron tres propuestas legales. Se trata de una iniciativa de reforma a la Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato, con la finalidad de integrar la función del subdelegada o subdelegado municipal dando un equilibrio con la función del delegado municipal.
De igual manera, dos puntos de acuerdo para exhortar a los alcaldes y alcaldesas de Apaseo el Alto, Atarjea, Comonfort, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Salvatierra, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Tierra Blanca, Valle de Santiago, Victoria, Villagrán y Xichú para que, a la brevedad, realicen acciones tendientes a crear y, en su caso, adicionar o modificar la reglamentación para garantizar los derechos en favor de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en la elección de delegados y subdelegados, a fin de contemplar la Comisión de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
El otro, pretende solicitar a los 46 municipios realicen un análisis partiendo de la economía de la ciudadanía, verificando los impactos económicos que se tendrían con un aumento a las tarifas del transporte público; así también para que, en un plazo no mayor a 90 días, informen sobre la adecuación y expedición de los reglamentos y demás disposiciones para su cumplimiento, en materia de armonización con la reciente reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Además, se acordó la mecánica de análisis de tres propuestas de punto de acuerdo que buscan exhortar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado para que informen si el fraccionamiento conocido comercialmente como La Cucursola ubicado en la Sierra de Santa Rosa cuenta con los permisos y autorizaciones necesarios para su desarrollo; así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial informen si han iniciado alguna investigación sobre dicho fraccionamiento.
Pedir a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial para que dicte una resolución en la que ordene la clausura del fraccionamiento La Cucursola e instruya un estudio de afectación ambiental para garantizar la remediación de las afectaciones; a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que finalice la investigación y, en su caso, lleve a cabo las acciones de responsabilidad penal correspondientes a la carpeta de investigación 16328/2023; así también para que colaboren con el objeto de procurar justicia ambiental.
Finalmente, el que pretende solicitar a los 46 municipios para que conformen las comisiones municipales con pluralidad, proporcionalidad y paridad de género, y establezcan las comisiones señaladas en la ley municipal.
Para los tres se solicitará información a las autoridades que se pretende exhortar, estableciendo un periodo de 10 días para ser analizados con posterioridad.
El diputado Juan Carlos Romero Hicks externó su inquietud ante el papel de la Comisión y el cómo poder tener mayor eficacia para tener un sentido en la anticipación, el acompañamiento y el desenlace, al señalar que los asuntos que se ven son muy importantes, por lo que reflexionó en cómo tener una mejor intervención en los asuntos.
Al respecto, el legislador Ernesto Millán Soberanes indicó que en efecto había puntos de acuerdo que en ocasiones se quedan muy rezagados y que estaban listos para trabajar de la manera más eficiente, a fin de no darle tantas vueltas a los trámites que se tienen que atender.
Como parte del orden del día se dio seguimiento a las metodologías de estudio de los puntos de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal para que inicie a la brevedad un procedimiento de revisión y análisis del estatus que guardan actualmente los avances en la implementación de los Juzgados Cívicos municipales en el Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración estatal y, en consecuencia, se establezca e impulsen mecanismos de asesoría, planeación y financiamiento para generar la infraestructura necesaria en los municipios con el objetivo de que se cumpla con la implementación de la Justicia Cívica municipal.
Solicitar a diversos municipios del estado, a poseer la mínima integración de los juzgados administrativos municipales, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal, para que estos puedan prestar sus funciones; en su defecto, lleven a cabo la asociación y coordinación entre sí para crear un Juzgado Administrativo Regional y Defensoría de Oficio Regional en materia administrativa municipal; así como para que se lleve a cabo la regulación interna de los Juzgados Administrativos Municipales.
Sobre ambas propuestas, el congresista Ernesto Millán Soberanes argumentó que con la entrada en vigor de la nueva Ley para el Gobierno y Administración de los Municipios del Estado de Guanajuato habían quedado sin materia, por lo que solicitó se elaborara un dictamen en sentido negativo.
Finalmente, pidió se elaborara un dictamen en sentido positivo sobre la propuesta de punto de acuerdo que buscaba exhortar al presidente municipal de Celaya, a efecto de que además de aceptar la Recomendación 113VG/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las violaciones graves a los derechos humanos contra vecinas y vecinos de la comunidad de Rincón de Tamayo de dicho Municipio, dé cumplimiento completo a la misma en el tiempo más breve posible.
En ese sentido, el legislador Juan Carlos Romero Hicks indicó que la recomendación no es obligatoria y lo importante era atender a la población, analizar algo que tocaba a otra autoridad, dijo, se convierte en polémica, cuando lo valioso es dar una solución a la gente.
Sugirió un acercamiento con la autoridad y su opinión para ver el mejor camino para que se resuelva porque de lo contrario, precisó, terminará siendo más mediático que real, sobre todo que fueron hechos que ya ocurrieron de autoridades que ya cambiaron.
En la reunión estuvieron presentes la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia; así como los diputados Ernesto Millán Soberanes (presidente de la Comisión), José Salvador Tovar Vargas, Juan Carlos Romero Hicks y Carlos Abraham Ramos Sotomayor.
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