Donald Trump autoriza las redadas migratorias en iglesias, escuelas y hospitales

Ya no hay ningún lugar donde un migrante se pueda sentir seguro de que no lo van a detener por su estatus migratorio en Estados Unidos. Ni en misa, ni en urgencias, ni recogiendo a su hijo en el colegio. La secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió dos directrices en este sentido, en el marco del plan más amplio de la Administración de Donald Trump de llevar a cabo una deportación masiva, la “mayor de la historia”, en concreto. La primera directriz anula las pautas de acción del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) que restringen aplicar las leyes migratorias zonas denominadas “sensibles” o en sus inmediaciones; estas son, entre otras, iglesias, escuelas y hospitales. Y la segunda directriz pone fin al amplio uso de la libertad condicional humanitaria, más conocida como parole, y devuelve el programa a un planteamiento caso por caso.

La normativa que limita los lugares donde pueden actuar los agentes de ICE y CBP ha estado vigente desde 2011. El republicano, de hecho, la mantuvo durante su primera Administración, al igual que hizo Joe Biden. Cuando entró en vigor, el entonces director de ICE, John Morton, desaconsejaba que se llevaran a cabo operativos en “locaciones sensibles” a menos de que estas fueran aprobadas por un supervisor. Estas se autorizaban, especialmente, en asuntos relacionados con terrorismo, seguridad nacional, o cuando existiera riesgo de muerte o violencia.

Esas reglas han permitido a los inmigrantes durante más de una década sentirse fuera de riesgo mientras estudian, acuden a chequeos médicos o a vacunarse, o cuando participan en grupos de estudios de textos religiosos. En 2018 ICE creó un mecanismo para filmar acciones de detención cercanas a o dentro de estas locaciones sensibles. Las imágenes eran utilizadas como forma de control interno de los agentes.

El memorando de John Morton fue sustituido por otro en octubre de 2021, ya en tiempos de la Administración de Biden. El texto respetó las guías y extendió las áreas de protección para los inmigrantes ilegales a sitios como las oficinas de servicios sociales (incluidos los albergues para víctimas de violencia doméstica), las funerarias, las paradas de bus escolares, los mítines y los puntos de respuesta a emergencias naturales, entre otros.

La narrativa ahora ha cambiado por completo. “Esta medida faculta a los valientes hombres y mujeres de la CBP y el ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a extranjeros criminales —incluidos asesinos y violadores— que han entrado ilegalmente en nuestro país. Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La Administración de Trump no atará las manos de nuestras valientes fuerzas del orden, y en su lugar confía en que utilicen el sentido común”, dice un portavoz en el comunicado del anuncio de las directrices.

La medida en contra del parole humanitario, por el momento, es menos clara. “La Administración de Biden-Harris abusó del programa de libertad condicional humanitaria para permitir indiscriminadamente que 1,5 millones de migrantes entraran en nuestro país. Todo esto se detuvo el primer día de la Administración de Trump. Esta acción devolverá el programa de libertad condicional humanitaria a su propósito original de examinar a los migrantes caso por caso”, dice el texto. No se anuncia que va a acabar con el programa, como se especulaba antes de la toma de posesión de Trump, sino que lo va a revisar de manera individual; probablemente, en lugar de establecer ciudadanías que son elegibles, como se ha hecho varios países latinoamericanos y otros tantos africanos, el proceso de aprobación será individual.

El parole humanitario es un estatus de inmigración temporal concedido por el Gobierno de Estados Unidos a personas que necesitan entrar en el país por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. Suele utilizarse en casos de emergencia con un propósito humanitario crítico, como el tratamiento médico, la reunificación familiar o la necesidad de ayuda esencial en labores de socorro en caso de catástrofe, entre otras situaciones en las que la negación de entrada podría causar dificultades significativas al solicitante. Y si bien en el papel se concede caso por caso, en la práctica reciente el Gobierno ha otorgado la protección temporal a migrantes de un mismo país para agilizar los procesos. Así, cientos de miles de venezolanos, haitianos, salvadoreños y nicaragüenses, principalmente, aunque también hay otras nacionalidades incluidas, han podido vivir y trabajar en Estados Unidos sin temor a ser deportados. Ahora, en cambio, son un blanco fácil.