Datos del Inegi arrojan que el impacto en 2023 significó 124.3 mil millones de pesos; negocios afectados pagaron 54% de ese monto en prevención. Contra 2021, el año pasado la tasa de prevalencia bajó en tres estados, aumentó en 10 y no tuvo cambios en 19. Las tasas más altas por cada 10 mil negocios se registraron en Sonora, con 3 mil 728; Aguascalientes, 3 mil 638, y Querétaro, 3 mil 462. En Guanajuato se redujo la cifra negra de delitos.
Política12 de diciembre de 2024 Redacción
El costo de la inseguridad y el delito para las empresas en México se ubicó en 124.3 mil millones de pesos en 2023, es decir, un incremento de 17.4% respecto a 2021 una vez descontada la inflación, informó ayer el Inegi.
El resultado se debe en parte a la recuperación de la delincuencia en el país luego de la pandemia, lo que ha implicado una reconfiguración de los delitos, estimó Adrián Franco, vicepresidente de la Junta de Gobierno del Inegi, al presentar los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024.
Del costo total de la inseguridad y el delito, las medidas preventivas representaron un gasto estimado para los negocios afectados de 67.2 mil millones de pesos, es decir, 54.0% del total.
En 2023, el costo promedio del delito por establecimiento a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas a consecuencia del delito se estimó en 4 mil 451 pesos por negocio, cifra 8.6% superior a la observada dos años antes.
El impacto fue diferente dependiendo del giro y tamaño de la empresa. Por ejemplo, para las víctimas del sector manufacturero promedió 98 mil 654 pesos, cifra 18.7% superior a la de 2021. A su vez, las grandes empresas reportaron un promedio de un millón 367 mil pesos.
En ambos casos fueron las mayores cantidades por concepto del gasto en medidas de protección y de pérdidas ante el delito.
Se estima que 1.3 millones de establecimientos (24.2% del total del país) fue víctima de algún delito en 2023, por arriba de los 1.2 millones (24.6%) observados en 2021.
La prevalencia delictiva por gran sector muestra que 31.5 % de los establecimientos comerciales fueron víctimas de algún delito. En las manufactureras fue 21.6%, mientras que en servicios 24.2%.
Por tamaño de la empresa, 47.3 % de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 49.0% de las medianas, 40.7% de las pequeñas y 26.3% de las micro.
Contra 2021, el año pasado la tasa de prevalencia bajó en tres estados, aumentó en 10 y no tuvo cambios en 19. Las tasas más altas por cada 10 mil negocios se registraron en Sonora, con 3 mil 728; Aguascalientes, 3 mil 638, y Querétaro, 3 mil 462.
Las más bajas se vieron en Tamaulipas, con mil 756; Oaxaca, mil 810, y Guerrero, mil 825.
Durante 2023 se registraron 2.9 millones de delitos vinculados a 1.3 millones de negocios víctimas, es decir, un promedio de 2.2 delitos por empresa.
Aproximadamente uno de cada cuatro actos delictivos tiene que ver con la extorsión, y si a ello se suma que los robos de mercancía, dinero, insumos o bienes representan 16.4%, ambos delitos representan 42% del total, destacó Franco.
Otro conjunto de delitos cuya naturaleza es menos violenta, como el robo hormiga o los actos de corrupción, vieron un incremento importante en 2023 y, junto con el fraude, significan 37.5% del total.
En su opinión, la encuesta mostró que es una nueva configuración de los delitos a escala estatal. Por ejemplo, hablando de las extorsiones, en 2021 eran el primer delito en 21 estados y en 2023 lo fueron para 18, mientras el robo de mercancía pasó de ocho a seis entidades.
A la par, hubo seis entidades con el robo hormiga como delito principal en 2023, algo que no pasaba dos años antes.
Por otra parte, la corrupción era el primer delito en Guanajuato y ahora lo es para el Estado de México. “Hay que poner mucha atención a esta transformación en cada una de las entidades”, advirtió Franco.
En 2023 se denunciaron 12.2% de los delitos ocurridos contra las empresas, mostraron los datos del Inegi. De ese porcentaje, 79.4% ameritó apertura de carpeta de investigación en el Ministerio Público (MP) o fiscalía estatal.
Del total de delitos, se abrió una carpeta de investigación en 9.7% de los casos. Lo anterior representó 90.3% de hechos delictivos sin denuncia o sin carpeta de investigación, es decir, la llamada cifra negra, cuyo porcentaje no ha cambiado de manera significativa en los últimos años a escala nacional.
Entre las razones para que las unidades económicas no denunciaran el delito ante las autoridades destacaron dentro de las causas atribuibles a la autoridad (58.9%) factores como la pérdida de tiempo, con 33.4%, y dentro de otras causas (40.6%), el que se haya considerado un delito de poca importancia, con 14.9%.
Sin embargo, en los estados también se está dando una reconfiguración de estos indicadores, pues mientras en lugares como Chihuahua, Guanajuato y la CDMX se ha tenido una reducción importante de la cifra negra, en entidades como Jalisco o Veracruz que incrementó de manera relevante, por lo que habrá que realizar un análisis más a detalle sobre esos cambios, comentó Franco.
El foro fue encabezado por la diputada Marisa Ortiz Mantilla, presidenta de dicha Comisión e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, y se desarrolló como un espacio de diálogo técnico y propositivo en el que se impulsó una agenda legislativa comprometida con el desarrollo sostenible y la competitividad a través del cumplimiento de compromisos ambientales.
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