La revocación procedería con empresas a las que se les haya impuesto más de una suspensión de actividades, que hayan incorporado personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza o que se les acredite que para obtener autorización para operar entregó documentación o información falsa, refirió la congresista del Grupo Parlamentario del PRI.
Política06 de diciembre de 2024 Redacción
La diputada Ruth Tiscareño presentó, en sesión del Pleno de la LXVI Legislatura, una iniciativa para establecer causales de revocación de la autorización para prestar el servicio de seguridad privada.
Su propuesta legislativa busca que las personas físicas o morales que prestan el servicio de seguridad privada tengan certeza jurídica de los motivos por los cuáles pueden perder la autorización.
Además, las causales fortalecen el combate al delito y a la impunidad, porque si alguna empresa realiza actividades ilícitas con consecuencias penales, le sería revocada su autorización, tutelando así la seguridad pública en beneficio de los ciudadanos.
Con esos argumentos resumió la congresista del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GPPRI) las motivaciones de su propuesta para adicionar el artículo 38 Bis a la Ley de Seguridad Privada, en el que se establecen ocho causales para revocar permisos o licencias para la prestación de ese servicio:
La revocación procedería con empresas a las que se les haya impuesto más de una suspensión de actividades, que hayan incorporado personal sin la aprobación previa del examen de control de confianza o que se les acredite que para obtener autorización para operar entregó documentación o información falsa.
También, si hay una negativa a la práctica de la revisión por parte de la autoridad competente, si usan insignias, escudos, colores o cromática de instituciones oficiales de seguridad pública o para la comisión de delito y si su personal emplea armas no autorizadas, no registradas o de uso exclusivo del ejército.
Utilizar recursos de procedencia ilícita para el funcionamiento de la empresa o que su personal participe en desaparición forzada de personas, también son causales para revocar los permisos para la prestación del servicio de seguridad privada.
La Ley de Seguridad Privada fue emitida en abril de 2021, y tiene por objeto regular el funcionamiento de los servicios de seguridad privada, un servicio lucrativo de protección y vigilancia por parte de un particular sea persona física o moral, que funge como coadyuvante de la seguridad pública en caso de emergencia o desastres.
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