Una nueva tragedia ha cimbrado a México. Un comando armado irrumpió en el bar Los Cantaritos de Querétaro y abrió fuego el sábado por la noche contra decenas de personas. El ataque duró menos de un par de minutos, pero dejó al menos 10 muertos y 13 lesionados, entre ellos dos graves, de acuerdo con las autoridades. La masacre volvió a encender los cuestionamientos por la ola de violencia que azota al país en el arranque del Gobierno de Claudia Sheinbaum y ha entrado de lleno al terreno político, enarbolada por la oposición para exigir resultados y un endurecimiento de la nueva estrategia de seguridad, presentada el pasado 8 de octubre, una semana después de la toma de posesión. La presidenta privilegió una gira de trabajo en el Estado norteño de Zacatecas, uno de los focos rojos de la inseguridad, y no se pronunció en las horas que siguieron a la agresión.
“Habrá castigo contra los responsables de este acto brutal”, prometió el gobernador, Mauricio Kuri, del opositor Partido Acción Nacional (PAN). El ataque en Querétaro, un Estado que no suele estar entre los más violentos, ha desbordado las preocupaciones por su brutalidad y la posibilidad de un efecto de contagio desde Guanajuato, su vecino y la entidad que más asesinatos ha registrado en México en lo que va de año, con 1.863 carpetas de investigación abiertas hasta finales de septiembre. “No vamos a permitir contaminarnos de lo que pasa en otras partes”, zanjó el panista.
A tan sólo 200 kilómetros de la capital, Querétaro es una pieza clave en el mapa criminal de México, señala el analista David Saucedo. Colinda al oeste con Guanajuato, en disputa durante casi cinco años entre el Cartel de Santa Rosa de Lima, una poderosa organización regional, y el Cartel Jalisco Nueva Generación, una de las fuerzas criminales más peligrosas del mundo. Saucedo señala que Querétaro es la retaguardia de Santa Rosa de Lima, la zona donde se repliega después de los enfrentamientos, recarga suministros y concentra buena parte de su poder de fuerza. El Cartel Jalisco tiene amplia presencia en Guanajuato y el Estado de México, colindante con la capital, y Querétaro les permitiría unir esos territorios. Hay al menos otras dos células importantes en la región: La Familia Michoacana y mafias locales que se dedican al tráfico de combustible.
Las autoridades no han señalado todavía a ningún cartel ni han precisado el móvil del ataque, aunque anunciaron a un detenido. Saucedo plantea tres hipótesis, todas enmarcadas en la guerra de carteles. La primera posibilidad es el llamado cobro de piso, la extorsiones que el crimen organizado impone a los negocios para dejarles funcionar. La otra es el ataque a un punto de venta de droga de un grupo rival, aunque no se han dado a conocer indicios de la presencia de narcóticos en la escena del crimen. Una más es que alguno de los carteles optara por “calentar la plaza”: desestabilizar los territorios que controlan los adversarios. El ángulo de tiro de los perpetradores y los videos de las ráfagas de lado a lado contra los comensales hacen dudar al especialista de que se trate de un ataque directo y apuntan a un atentado contra la población civil para infundir miedo.
La oposición no dudó en presionar al Gobierno de Sheinbaum tras el ataque. “Urge poner en práctica la nueva estrategia de seguridad anunciada hace un mes”, afirmó la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. La exaspirante aseguró que la política de atención a las causas de Andrés Manuel López Obrador, conocida como “abrazos no balazos”, no es suficiente para frenar la violencia y exhortó a su rival en las elecciones a concretar la promesa de fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación y coordinación del Estado mexicano. “La inseguridad nos está rebasando y el discurso de responsabilizar a un Gobierno que acabó hace años ya no queda”, dijo Gálvez.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) también cuestionó al oficialismo. “Es una tragedia que expone la incapacidad de las autoridades para garantizar seguridad”, señaló el dirigente Alejandro Alito Moreno. Su alfil en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, se sumó a la condena de los hechos. “La indolencia es un regalo para los criminales”, afirmó el legislador. Los reclamos se centran en las escenas de brutalidad que se han visto en las últimas semanas: la explosión de dos coches bomba en Guanajuato, la decapitación del alcalde de Chilpancingo en Guerrero, el hallazgo de 11 cadáveres dentro de una camioneta en esa misma ciudad y la guerra dentro del Cartel de Sinaloa que ha dejado ya cerca de 320 asesinatos en Sinaloa. Kuri, en el doble papel de gobernador y opositor, hizo un llamado a la concordia. “Aquellos que han usado estos casos para cuestiones políticas, les pido que no es momento de dañar a ningún partido político”, comentó y agregó que está en contacto permanente con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de Sheinbaum.
“Cuando hay episodios de violencia e inseguridad, se llenan los medios de comunicación dando estas noticias, pero pocas veces se reconoce cuando hay trabajo serio, constante y disciplinado”, dijo Sheinbaum desde Zacatecas, al asegurar que era el Estado donde más han bajado los homicidios. En la semana, la mandataria también tundió al dirigente del PAN, Marko Cortés, quien empuja la tipificación del delito de “narcoterrorismo”. “No sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria porque no hay explicación intermedia”, arremetió la presidenta.
La victoria de Donald Trump ha encendido las alarmas en México ante el pronóstico de nuevas presiones en Seguridad. Trump ha amagado durante años con designar a los carteles de la droga como grupos terroristas con la idea de justificar, bajo las leyes estadounidenses y en violación al Derecho Internacional, intervenciones y operativos militares en territorio mexicano. Relegada a la marginalidad política tras su fracaso en las elecciones, la oposición mexicana ha coqueteado con etiquetar la violencia como “terrorismo” en aras de recobrar protagonismo, aun si eso supone una posición delicada para el país. “Está llamando a la intervención extranjera”, zanjó Sheinbaum. El nuevo Gobierno sabe que no puede correr ningún riesgo frente a Trump, que regresa a la Casa Blanca con más poder y recursos para cumplir sus amenazas.
La masacre en Querétaro no sólo es una muestra más de los días violentos que se viven en México, sino también de las posiciones políticas frente a la crisis de inseguridad. En un extremo, el PAN y el PRI buscan capitalizar la violencia que ha marcado el nuevo ciclo político en el país. En el otro, el Gobierno de Morena tiende a minimizar los incidentes y acusar a sus rivales de lanzar campañas de desprestigio. Esta vez, los reclamos de la oposición se estrellaron contra un muro de silencio del oficialismo. Los mayores golpes sobre la mesa, sin embargo, vienen del crimen organizado. En un país que cree haberlo visto todo en más de dos décadas de guerra contra las drogas, el narco reaparece cada semana con ataques, asesinatos y atentados ―cada uno más brutal que el anterior― para mandar mensajes a sus enemigos, amedrentar a las autoridades y aterrorizar a la población.
La narcoviolencia no es casual. Se ha sofisticado y tiene una intencionalidad que ha cruzado todos los límites. Y se ha consolidado, a 40 días de la llegada de Sheinbaum al poder, como el mayor reto para su Administración. Carcome la confianza de la población, ensucia el juego político, siembra el caos en amplias zonas del territorio, tensa la relación con Estados Unidos y le cuesta al país cada año casi el 20% del PIB, 245.000 millones de dólares, según el Instituto para la Economía y la Paz. También destruye vidas: al menos 10 tras la peor tragedia que se recuerde en Querétaro en tiempos recientes.
