Ethos Político. Diálogo Abierto sobre la Despenalización del Aborto

Diálogo Abierto sobre la Despenalización del Aborto

En el contexto actual, la despenalización del aborto se ha convertido en un tema de gran relevancia a nivel nacional, con avances significativos hacia la protección de los derechos de las mujeres y la eliminación de su criminalización. Sin embargo, en el estado de Guanajuato, este tema ha sido evadido durante años por el Partido Acción Nacional (PAN), que ha aprovechado su mayoría para negar, por principios ideológicos, propios de la doctrina socialcristiana, profundizar el debate socialmente y generar reformas legales en esa ruta, bajo el precepto “derecho a la vida”.

Pero, los tiempos cambian y con ello los intereses de las propias generaciones de quienes conforman el partido albiazul, pues hay quienes piensan que las viejas ideas no responden a las necesidades de la población. Se sabe que dentro del partido albiazul hay quienes piden ya dejar de lado dicho discurso, defendido sobre todo por hombres, y escuchar a las mujeres guanajuatenses y atender el tema desde otra óptica. La propia gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, ha dado pautas hacia esa ruta de discusión.

Lo sucedido en Querétaro, estado gobernado por el PAN, donde el fiscal general pretendió castigar a una niña que fue violada y atravesó por un aborto, pugnando inclusive el funcionario por una sanción económica a favor del violador por la pérdida del producto de su delito, despertó indignación nacional y acabó arrinconando al gobierno queretano para que presionara al fiscal a cambiar la trama y se protegieran los intereses superiores de la menor. Y eso puso luz sobre las injusticias de la criminalización hacia las mujeres que abortan por una u otra causa y la urgencia de que por, sanidad y derechos humanos, haya regulaciones concretas que impidan injusticias grotescas como la que estaba dándose en el vecino estado.

Ayer, miércoles, la diputada del PRI, Ruth Tiscareño Agoitia, se pronunció a favor de transformar la realidad de las mujeres guanajuatenses, promoviendo leyes que aseguren su derecho completo a decidir sobre sus cuerpos y a ejercer la autodeterminación reproductiva de forma segura a través del Sector Salud. Pidió a la Comisión de Justicia del Congreso del Estado atender, lejos de prejuicios, dos iniciativas sobre la despenalización del aborto, Tiscareño manifestó su apoyo a la protección de los derechos de las mujeres a decidir y en contra de su criminalización.

Su postura resalta la importancia de un diálogo franco, abierto y de cara a la sociedad entre las diferentes fuerzas políticas que conforman el Congreso del Estado de Guanajuato. Más allá de las ideologías, que necesariamente tendrán que enfrentarse en el seno del Poder Legislativo del Estado, debe prevalecer el respeto a los derechos humanos de las mujeres y la atención a este añejo problema con una visión diferente, lejos de los prejuicios morales de antaño.

La despenalización del aborto, se reclama en el Congreso del Estado, no solo es una cuestión de justicia social, sino también de salud pública y derechos humanos.

Contra el terrorismo

Ayer, la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, que preside Jorge Espadas Galván, afinó detalles para la celebración de sesión ordinaria del Pleno para este jueves, y, de paso, apuntó hacia la nominación próximo procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En diciembre deberá haber humo blanco, tras la renuncia que hizo en su momento Vicente Esqueda.

Se especula mucho sobre el rol de Morena en esta elección de procurador, pues desean que sea una personalidad destacada y que genere respeto y distancia ante el Poder Ejecutivo de la entidad. Y tienen razón, el procurador o procuradora, deberá tener dichos rasgos, es lo ideal. Lo malo para la causa morenista es que no pueden presumir gran cosa de lo hecho en el orden nacional por Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien vive del prestigio de su madre, la finada buscadora y activista política, Rosario Ibarra de Piedra, y que hizo de la CNDH la maquillista del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cayendo al grado de la grotesca zalamería.

Como suele suceder, se pedirá para Guanajuato lo que no se da en el orden nacional.

La sesión servirá para la introducción de un peliagudo tema. Lo tiene preparado el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, a partir de los atentados con coches bomba en Acámbaro y Jerécuaro, propondrá modificaciones al Código Penal para ampliar el “contexto de conductas que deben ser consideradas como acciones de terrorismo en el estado de Guanajuato”.

Esto, porque el Gobierno Federal se ha prodigado en negar que los hechos referidos en los municipios de Acámbaro y Jerécuaro no pueden ser señalados como terrorismo, pues hay una intencionalidad política, a decir del propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Cuando a todas luces las explosiones y otros actos del crimen organizado buscan generar terror en la población.

La iniciativa cuenta con una profunda exposición de motivos, con precisiones sobre el ejercicio de la violencia de la delincuencia organizada que azota el país y Guanajuato.

“Que el gobierno no nos quiera confundir, hay actos terroristas no sólo en Guanajuato sino en otros estados y a diario somos testigos de estos a través de las noticias, sin que el Gobierno Federal quiera reconocer este fenómeno, y algunos gobiernos de los estados han seguido esta línea sólo por fines políticos, no jurídico, sin importarles que la sociedad siga padeciendo este grave mal. Pues dichos actos, sin duda que infunden el terror, el temor y el miedo en la población, eso todos lo sabemos, negarlo es absurdo”, señala la propuesta de Arias Ávila.

Más allá de lo señalado en esta iniciativa, es cierto que las autoridades de seguridad federal buscan evitar que los atentados no sean señalados como actos terroristas, primero por apegarse a una doctrina de calificación rancia, no acorde a los tiempos modernos. Y segundo, porque tienen por encima la amenaza del gobierno de los Estados Unidos de clasificar a los cárteles del narcotráfico como grupos terroristas, lo que permitiría bajo las leyes de la Unión Americana el uso de fuerza extraterritorial contra quienes amenacen su seguridad nacional. Y el gobierno mexicano no quiere eso; se arguye la defensa de la soberanía, aunque también el morenismo gobernante está bajo la sospecha de nexos con el crimen organizado, que paga campañas e induce votos. De ahí a que se le tenga miedo a la palabra terrorismo.

Baste como ejemplo para desacreditar que internacionalmente la definición de terrorismo pasa por causas políticas e ideológicas, una peculiar situación que actualmente pasa en el Reino Unido de la Gran Bretaña: un menor, masacró niños en una escuela, sin finalidad política; tras una investigación, han decidido encauzar el caso a terrorismo, lo que ha generado un intenso debate al respecto.

En Guanajuato, el debate se abre.

Regularizar las motocicletas por seguridad e ir contra los crímenes de odio.

La jornada de este jueves también permitirá la presentación de una iniciativa del Grupo Parlamentario del PAN, que coordina Jorge Espadas, que incidirá sobre quienes conducen motocicletas en la entidad y quienes las venden.

Como es sabido, en Guanajuato hay muy poco control sobre quienes conducen motos. Usualmente violan los reglamentos de tránsito y las autoridades viales suelen no apretarles como si lo hacen sobre quienes conducen automóviles. De entrada, usualmente no traen sus documentos en regla.

El PAN pretende atender el problema, sobre todo porque en las motocicletas se cometen muchos hurtos y, primordialmente, son máquinas empleadas por sicarios.

Bajo esta lógica, una de las propuestas es la creación del Padrón de Control Estatal de Motocicletas (CEM). 

La medida es necesaria, sin embargo, bueno será también apretar a las autoridades municipales en la aplicación de las normas. Su indolencia ha sido causa de que estos problemas hayan crecido, dada la facilidad con la que se tripula una moto.

Por lo que toca a Morena, destaca la presentación de una iniciativa a favor de la comunidad LGBTTTIQ+ para incorporar en el Código Penal los crímenes de odio. 

La propuesta es por parte de la diputada María Eugenia García Oliveros. 

“Habrá homicidio por Crimen de Odio o Discriminación cuando la víctima de homicidio sea integrante de la comunidad LGBTTTIQ+ y la privación de la vida se cometa por razones de discurso, acción u hecho de odio o discriminación”, señala la proponente.

El tema debe también analizarse sin los prejuicios de antaño.