En comunicación política, los mensajes más potentes no siempre se pronuncian. A veces se escenifican. Un video difundido el 5 de febrero, previo a la ceremonia por el aniversario de la Constitución en Querétaro, donde se observa al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, mientras dos colaboradores se agachan para limpiar su calzado, es un ejemplo claro de ello.
Más allá de la explicación posterior —un accidente con café y una reacción espontánea—, el episodio abrió un debate que no es jurídico ni administrativo, sino simbólico. Y en política, los símbolos pesan tanto o más que los hechos.
La cámara no registra contextos, registra posiciones y en el video hay tres elementos que estructuran el mensaje: uno permanece de pie, dos se inclinan; uno observa, dos ejecutan; uno ostenta el cargo, dos son colaboradores. Ese encuadre visual activa, de manera inmediata, una lectura de asimetría de poder. No importa si hubo intención o no: en el espacio público, la percepción sustituye a la explicación.
Uno de los errores más comunes en la gestión de este tipo de crisis es apelar a la “voluntariedad” del subordinado. En contextos de poder, la voluntariedad es una categoría frágil, ya que la ciudadanía no evalúa si alguien quiso hacerlo, sino si la autoridad permitió que ocurriera. El mensaje que se fija es simple: quien tiene el poder no interrumpió el gesto, y eso basta para que se interprete como validación.
Este episodio ocurre en un momento especialmente sensible para el Poder Judicial, que busca proyectar cercanía social y legitimidad tras los cambios estructurales recientes. En ese contexto, la imagen entra en colisión directa con el discurso de una “Corte cercana” o “Corte del pueblo”. La escena remite, en cambio, a códigos tradicionales de poder: verticalidad, deferencia y distancia.
En comunicación política, estas contradicciones no se neutralizan con comunicados, esto la amplifica. Cuando el mensaje simbólico contradice al mensaje discursivo, la audiencia cree al primero.
La comparación con la gestión y la imagen pública de Norma Piña apareció casi de inmediato en redes. No tanto por ella misma, sino por lo que revela: la selectividad del escándalo según el actor y el momento político. Este contraste añade una capa adicional al debate, desplazándolo del hecho concreto hacia la credibilidad del ecosistema político-mediático.
Acciones como la mostrada en el video no humanizan la política; la deshumanizan cuando reproducen, aunque sea de forma involuntaria, roles de subordinación que ya no corresponden a una democracia que se dice cercana y horizontal. Humanizar el poder no es intercambiar papeles ni permitir gestos de servidumbre, sino comportarse como cualquier otra persona frente a un incidente menor: detenerlo, resolverlo uno mismo y seguir adelante sin distinciones de jerarquía.
Cuando la autoridad actúa así, la cercanía deja de ser un recurso discursivo y se convierte en coherencia práctica. Y esa coherencia —visible, cotidiana y no forzada— es la que realmente fortalece la legitimidad institucional en un entorno donde la ciudadanía observa menos lo que se dice y mucho más cómo se actúa.
