En el Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) “estaremos vigilantes” de que las nuevas Secretarías que se crearán en la administración pública estatal “respondan a las demandas de los grupos sociales”, afirmó su coordinador, diputado Alejandro Arias.
Que se responda especialmente a los grupos sociales que se encuentran en situación de vulnerabilidad, “porque sabemos y hemos escuchado sus carencias, sus demandas y las injusticias a las que han sido sometidos”, añadió.
Subrayó que “las administraciones públicas no son estáticas e inamovibles”, y que más bien “deben ser dinámicas en su concepción y funcionamiento”, y recordó que el cercano inicio de una nueva administración estatal es la razón “por la que el Ejecutivo propone diversas acciones de reingeniería administrativa” que implican ajustes en la legislación.
Manifestó que el GPPRI coincide con el dictamen de la iniciativa en el sentido de que ésta representa un avance significativo “en la modernización y eficiencia de la administración pública estatal” a partir de la reestructura que propone.
“Por ello es por lo que el Poder Legislativo, en este momento, debe ser un facilitador del Poder Ejecutivo conforme al principio de división de funciones, a efecto de que la administración entrante cuente con las herramientas jurídicas” que le permitan mayor capacidad de respuesta “a las necesidades y desafíos de los ciudadanos, promoviendo un desarrollo sostenible, justo y equitativo para todos”.
En el GPPRI “estamos convencidos de que esta evolución administrativa, contribuye a los objetivos que nos planteamos como coalición en la contienda electoral, por ello la acompañamos y contribuiremos a que tenga los mejores resultados posibles”, dijo.
En sesión extraordinaria del Pleno, el coordinador del GPPRI subió a tribuna para hablar a favor del dictamen sobre reformas para la creación de tres nuevas Secretarías: del Agua y Medio Ambiente, de Derechos Humanos y de Cultura.
La propuesta legislativa implica cambios a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, a las leyes de Derechos Culturales y de Inclusión para las Personas con Discapacidad, y al Código Territorial, y también contempla la reorganización de la Secretaría de Seguridad Pública y la creación de una Consejería Jurídica que sustituye a la Coordinación General Jurídica.
