La oposición se atrinchera en el Senado ante la amenaza de que un tránsfuga facilite la aprobación de la reforma judicial

Las presiones del oficialismo sobre los 43 senadores de oposición agrupados en las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano arrecian en medio de la batalla por la aprobación de la reforma judicial, según han denunciado estos días dirigentes y legisladores. En vísperas de que el proyecto de enmienda a la Constitución sea sometido al penúltimo de los filtros legislativos, su aprobación en el Senado de la República, los líderes de la oposición desvelan presuntas presiones desde el Gobierno a través de las fiscalías estatales, incluso provenientes del crimen organizado, para que Morena y sus aliados consigan el voto dorado que les dé la mayoría calificada de 86 votos, indispensable para aprobarlo.

La ausencia de Miguel Ángel Yunes, senador del PAN, en una reunión de la bancada de la formación este lunes en la noche, ha echado a volar las especulaciones sobre su posible voto a favor de Morena. El partido de Gobierno solo necesita un senador más para aprobar la reforma en el Senado. Los fuertes rumores sobre la posible traición han orillado a Guadalupe Murguía, coordinadora de su bancada en el Senado, a llamar al orden a su colega. “Hago un respetuoso y firme llamado a que [Miguel Ángel Yunes] confirme su postura en torno a la reforma del Poder Judicial”, ha dicho desde el Senado, aupada por sus compañeros.

La líder parlamentaria ha rematado su intervención lanzando un dardo al oficialismo, respnsables, a su entender, de las presiones. “Exigimos al Gobierno federal que deje de presionar a las y los senadores de oposición con ofertas corruptoras y actuaciones intimidatoria de las fiscalías. La subsistencia de la República depende de la integridad, el honor y el patriotismo de los senadores de oposición”, ha criticdao la líder panista.

Horas antes Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia y senador por el PAN, había expuesto que al menos tres senadores de oposición han sido víctimas de acciones persuasivas, mediante “propuestas corruptoras”, incluidas amenazas que apuntan a acciones judiciales en su contra, para forzarlos a dar su voto a favor de la reforma al Poder Judicial. “Exigimos respetuosamente al oficialismo que deje de presionar a las y los senadores de la oposición. Yo no me atrevería a hacer esta denuncia si no tuviera conocimiento, con circunstancias de tiempo, modo y lugar, de al menos tres compañeros senadores a quienes se les están haciendo propuestas corruptoras. Por otro lado, se les está acosando a través de las fiscalías estatales”, ha dicho el legislador panista.

A esta versión se ha sumado el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno, que ha elevado el tono al referir que las presiones están llegando desde el crimen organizado. El líder priista ha sostenido que los 15 senadores de la bancada priista y sus suplentes se han tenido que acuartelar en un mismo lugar para dar su voto en contra de la polémica enmienda al Poder Judicial, que ha originado protestas, paros laborales y críticas generalizadas. “El país sufre horas inciertas. El PRI jamás va a permitir que en México se instaure una dictadura. Los senadores votaremos en contra de esa locura de reforma al Poder Judicial”, ha señalado el líder priista.

Otra polémica, esta aritmética, aviva la batalla sobre las presuntas presiones de Morena. Se trata del número de senadores que define los dos tercios de la Cámara, cantidad de legisladores necesaria para aprobar la reforma. El Sistema de Información Legislativa, plataforma oficial del Congreso mexicano, establece que la mayoría calificada se forma con 86 votos de los 128 senadores, siempre y cuando se cumpla con el 100% de asistencia. Morena y aliados, que pelean la cifra de 86 legisladores como mayoría calificada, suman 85, después de que los dos únicos senadores sobrevivientes del PRD, el viejo partido de izquierda en vías de desaparición, se unieran hace unas semanas a las filas de Morena.

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ha salido a los medios a defender la versión de que 85 votos dan la mayoría calificada. Así, la bancada oficialista tendría los números para aprobar la enmienda constitucional esta misma semana y pasar la modificación a consideración de los congresos locales. De aprobarse así, es probable que la oposición promoviera procesos de inconstitucionalidad contra la reforma. “Para sacar la cuenta de cuánto representan 86 senadores, basta una simple regla de tres”, ha dicho Noroña. “La ley exige para mayoría calificada dos tercios y es evidente, que 86 senadores de 128 es el 67.18%, que excede el requisito legal para la mayoría calificada”, ha añadido.

Pese a la petición de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de que se respete el proceso y los tiempos del órgano legislativo, el oficialismo acelera en el Senado. Este martes, el pleno realizará una sesión para dar publicidad a la minuta de la reforma, aprobada este domingo por la comisión de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativo. Pese a que el sentido común indica que los senadores deberían tener el tiempo suficiente para estudiar la propuesta, Morena y sus aliados planean convocar una sesión el mismo martes para su aprobación definitiva.

El Senado supone la última barrera para la aprobación de la controvertida reforma propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que forma parte del paquete de 18 modificaciones constitucionales de gran calado enviadas al Legislativo el 5 de febrero. El Congreso tiene menos de 22 días para que concluya su camino procesal antes de que Sheinbaum llegue a la presidencia. El objetivo del bloque oficialista es concretar la enmienda al Poder Judicial antes del último día del sexenio, una especie de regalo a Sheinbaum, que asumirá la presidencia el 1 de octubre. Los cambios a la Carta Magna tienen como eje más polémico que jueces, ministros y magistrados sean elegidos en las urnas, por voto popular. De aprobarse, aún faltaría que al menos 17 congresos locales respalden el cambio, cosa sencilla, dado el poder regional que ha acumulado Morena.