Estrictamente Personal. Movilización y provocación

Desde el movimiento estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1999 contra la actualización de pagos de inscripción y servicios que provocó la renuncia del rector Francisco Barnés de Castro, no se había registrado ninguna movilización universitaria en casi un cuarto de siglo hasta la que surgió la semana pasada en protesta por la reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en pocos días logró una marcha de miles de estudiantes de derecho en el país para pedir tiempo para discutirla. Hasta ahora, la respuesta del oficialismo han sido las burlas, las descalificaciones y, de manera riesgosa, un contramovimiento para neutralizarlos.

La movilización, que comenzó en la UNAM, donde una vez más en la historia está la placenta de una diferencia de fondo con el gobierno, descolocó a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, que sabe que si un movimiento en esa institución, su alma mater, agarra tracción, es muy difícil detenerlo. Lo sabe porque ella misma formó parte de uno de ellos, en 1986, cuando, como integrante del Consejo Estudiantil Universitario –varios funcionarios del gobierno federal y de la Ciudad de México saltaron de ahí a la vida política–, frenaron la reforma del rector Jorge Carpizo que pretendía cobrar cuotas de inscripción y eliminar el pase automático de las preparatorias.

Varios colaboradores de Sheinbaum trataron de desactivar la protesta, pero no tuvieron éxito. La idea de algunos en su equipo, evocando lo que ha dicho López Obrador, era que la izquierda había perdido la UNAM, que se había vuelto de derecha. Esto, para quien conozca la institución, no es correcto. A lo largo de su historia la UNAM ha sido plural, aunque algunas de sus facultades se han caracterizado por tener inclinaciones ideológicas claras, como siempre hubo, de izquierda y derecha.

Lo que ha disminuido es el obradorismo –la profundización de la caída en la circulación de La Jornada en Ciudad Universitaria es un reflejo de ello–, por el golpeteo constante contra la institución, la estigmatización que ha intentado el Presidente y la ocurrencia de inventar un sistema de universidades quitando recursos a las universidades públicas para fabricar pseudoprofesionales que no van a encontrar trabajo en el mercado laboral. La retórica de López Obrador, las políticas contra el conocimiento que impulsó desde la Secretaría de Educación y la anticientífica que estimuló desde el Conahcyt, habían generado un problema para Sheinbaum con la comunidad, que fue resuelto durante la campaña para ganar su voto –que le dieron los universitarios–.

 
Pero la reforma de López Obrador, que retoma parte de la proletarización de la sociedad que ha buscado, deliberada o inopinadamente, el Presidente, afectó a los estudiantes de derecho, de la UNAM y del resto de las escuelas públicas y privadas, que piden discutir la elección popular de jueces, magistrados y ministros, para que sea inclusiva, sin filtros políticos y partidistas, con respeto a las garantías objetivas respecto a los principios de la carrera judicial, la no regresividad de los derechos humanos y el respeto de los derechos adquiridos.

La respuesta del oficialismo ha sido preocupante por la falta de empatía y de sensibilidad para abordar el incipiente problema. Sheinbaum cometió un error al pedirle a los universitarios que se informaran antes de protestar, lo que provocó críticas de los manifestantes. López Obrador sugirió que estaban siendo manipulados por sus profesores, que los estaban engañando (a nadie le gusta que lo llamen tonto). El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se burló de los universitarios y dijo que nunca se enteraron de la existencia de la reforma hasta que regresaron de vacaciones, inspirados, quizás, por sus maestros. El redactor de la reforma, el exministro de bolsillo del presidente, Arturo Zaldívar, dice que fue ampliamente discutida a lo largo del año, por lo que, señala, no hay nada más que hablar. Cerrazón total al diálogo.

Pero el gobierno no se quedó cruzado de brazos. Este lunes, 62 estudiantes de instituciones de educación superior de todo el país publicaron un desplegado bajo la firma del colectivo Jóvenes por la Reforma, donde expresaron su apoyo a la reforma judicial y convocaron a “una jornada de actividades y manifestaciones pacíficas” hasta el próximo viernes, con un llamado a movilizarse este miércoles en las 32 entidades del país. “Es una provocación”, dijo un alto funcionario en una universidad pública. “Es un error; los van a enfrentar”.

Habrá que ver la convocatoria que tienen esos estudiantes, que representan un mosaico muy disperso de alumnos de instituciones públicas donde figuran, entre los abajo firmantes, no más de seis educandos del Politécnico, tres de la UNAM, cinco de la UAM, no más de uno de las universidades autónomas del Estado de México, Tabasco, Sonora o Zacatecas, y muchos otros de escuelas técnicas en lugares como Zongolica, Cuautla, Los Mochis.

De cualquier forma es una estrategia de alto riesgo porque la reacción oficialista entró en un terreno volátil en el momento en que acelera el descontento. La movilización universitaria se ha unido, aunque en protesta, por diferentes razones, a la movilización de los trabajadores del Poder Judicial, y cuando menos ayer fue complemento importante en el bloqueo que hicieron los trabajadores en la Cámara de Diputados, con lo que impidieron la sesión donde se iba a discutir y votar en lo general la reforma, mientras los estudiantes hicieron lo mismo con la sede alterna que se instaló para cumplir con las órdenes del presidente.

La movilización sacó a los universitarios del pasmo en el que se encontraban desde hace casi un cuarto de siglo, al confrontarse con la realidad de una reforma judicial que ha logrado cohesionarlos, pero que no está siendo abordado con inteligencia y tolerancia por el oficialismo. La reforma judicial irá y, por lo que se aprecia, será tal y como la quiere el presidente, aunque sume al legado de inestabilidad que le deja a su sucesora una potencial protesta universitaria, en el entendido de que lo que pase del primero de octubre en adelante, no será de su incumbencia, ni responsabilidad o culpa, sino de Sheinbaum.