En el acuerdo el Consejo dicta instrucciones directas a los gobernadores de las entidades para que presenten ante los congresos locales iniciativas de reformas para armonizar sus leyes locales a la nueva estrategia. Asimismo, los emplazó para reportar al SENSP a más tardar el último día hábil de enero de 2026 sobre la presentación de dichas iniciativas.
Política28 de diciembre de 2025 Redacción
El gobierno federal publicó oficialmente la estrategia nacional para combatir la extorsión, uno de los delitos considerados de alto impacto, en el año 2026.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), realizó la publicación del acuerdo 01/LII/2025 aprobado en la quincuagésima segunda sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad pública realizada el 11 de diciembre pasado.
En dicho acuerdo, el gobierno federal delineó diversas acciones para frenar el cobro de piso, delito que ha incrementado desde el año 2019 y hasta la fecha.
Asimismo, en el acuerdo el Consejo dicta instrucciones directas a los gobernadores de las entidades para que presenten ante los congresos locales iniciativas de reformas para armonizar sus leyes locales a la nueva estrategia.
Asimismo, los emplazó para reportar al SENSP a más tardar el último día hábil de enero de 2026 sobre la presentación de dichas iniciativas.
Asimismo, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) emitir un manual de operación para fiscalías o unidades especializadas que regule la recepción de denuncias, investigación y persecución del delito de extorsión.
Por ello, las autoridades locales tendrán hasta el último día hábil de febrero de 2026 para comenzar a aplicar dicho manual.
De esta manera, el gobierno federal busca homologar los marcos jurídicos y operativos de todos los estados para combatir la extorsión, medir la incidencia de este delito y destinar partidas presupuestales a su persecucion.
En enero del año 2026 las fiscalías estatales deberán iniciar el registro de incidencia delictiva conforme a los nuevos lineamientos del Registro Nacional de Incidencia Delictiva.
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