
Lejos de sonrojarse o siquiera fingir disimulo, el obradorismo reivindica la coincidencia perfecta entre acordeón y resultado.
El director saliente de la Profeco, David Aguilar Romero, enfrenta señalamientos y se queja de fuego amigo.
Opinión20 de agosto de 2024 Alberto AguirreEn vísperas de su cincuentenario, la Procuraduría Federal del Consumidor se ha convertido en un discreto refugio para selectos integrantes de la elite política, pero también, en epicentro de descarnadas disputas.
Andrés Manuel López Obrador inició su carrera como servidor público en la capital de la República justamente en el INCO hace 40 años, gracias a una recomendación que el entonces embajador de México en Argentina, Ignacio Ovalle, hiciera a la economista Clara Jusidman, quien entonces presidía al ente encargado de conciliar los intereses de los consumidores y los productores de bienes y servicios.
En 1975, el Congreso aprobó la iniciativa presidencial de crear la Procuraduría y el jurista Salvador Pliego Montes fue su primer y único titular, durante dos sexenios. Suyo era el modelo de instaurar a un “abogado del pueblo” para proteger la economía de los más desprotegidos.
Concebida como un organismo “de servicio social”, descentralizado de la Secretaria de Economía, PROFECO creció hasta tener 32 oficinas estatales y otros 19 delegados en las principales plazas comerciales del país, con facultades amplias para inspeccionar al comercio y preservar la competencia económica.
Pero el salinismo entregó esa institución estratégica al Grupo Atlacomulco, que la controló intermitentemente durante tres décadas. Seis de sus 18 directores han sido originarios del Estado de México y tres (Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo Pagaza y Alfredo Baranda) la gobernaron. Otros dos distinguidos mexiquenses (Humberto Benítez Treviño y Alfredo Castillo) fueron procuradores en esa entidad. La Profeco también ha sido refugio de exvoceros presidenciales y ex candidatos presidenciales (Roberto Campa Cifrian), cuando el foxismo la dejó en manos del elbismo, quien puso a dos directores.
El sexenio de Enrique Peña Nieto vio pasar seis procuradores del consumidor. La administración federal en curso ha tenido tres titulares con una misma instrucción:combatir los excesos de los poderosos.
Ricardo Sheffield llegó hace seis años a la Profeco tras de haber aceptado renunciar al PAN y competir por Morena por la gubernatura de su natal Guanajuato. En Palacio Nacional lo quisieron más, cuando aceptó abrir una de las secciones —¿Quién es quién en los precios?— de la mañanera.
Para bien o para mal, el combate al huachicol marcó su destino. La “vacuna” que un grupo de gasolineros denunció ante Adán Augusto López Hernández sigue sin explicarse. Y el director saliente de la Profeco, David Aguilar Romero, enfrenta señalamientos y se queja de fuego amigo. Tal vez tenga razón, pero oculta el origen: la pretensión de Sheffield de seguir controlándola.
Lejos de sonrojarse o siquiera fingir disimulo, el obradorismo reivindica la coincidencia perfecta entre acordeón y resultado.
A veces, la historia se escribe con tinta de burla. El 1 de junio de 2025 pasará a los registros oficiales como la jornada en que México estrenó su “elección judicial”. En los hechos, quedará en la memoria como una operación fallida para legitimar con votos prestados una reforma cocinada en lo oscuro y servida al pueblo en frío. A pesar del despliegue, del acarreo, de la coacción y de los acordeones repartidos sin pudor, el pueblo, los ciudadanos, no se tragaron la pastilla.
Con el archivo de la iniciativa de la despenalización del aborto, el PAN deja el tema para su erosión política futura. Este viernes Libia inaugura la Feria Nacional del Sombrero en San Pancho.
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