
La presidenta Claudia Sheinbaum premia a una colaboradora de antaño como Esthela Damián que habrá de tener como única agenda, y absolutamente nada más, la que la mandataria decida.


El director saliente de la Profeco, David Aguilar Romero, enfrenta señalamientos y se queja de fuego amigo.
Opinión20 de agosto de 2024 Alberto Aguirre
En vísperas de su cincuentenario, la Procuraduría Federal del Consumidor se ha convertido en un discreto refugio para selectos integrantes de la elite política, pero también, en epicentro de descarnadas disputas.
Andrés Manuel López Obrador inició su carrera como servidor público en la capital de la República justamente en el INCO hace 40 años, gracias a una recomendación que el entonces embajador de México en Argentina, Ignacio Ovalle, hiciera a la economista Clara Jusidman, quien entonces presidía al ente encargado de conciliar los intereses de los consumidores y los productores de bienes y servicios.
En 1975, el Congreso aprobó la iniciativa presidencial de crear la Procuraduría y el jurista Salvador Pliego Montes fue su primer y único titular, durante dos sexenios. Suyo era el modelo de instaurar a un “abogado del pueblo” para proteger la economía de los más desprotegidos.
Concebida como un organismo “de servicio social”, descentralizado de la Secretaria de Economía, PROFECO creció hasta tener 32 oficinas estatales y otros 19 delegados en las principales plazas comerciales del país, con facultades amplias para inspeccionar al comercio y preservar la competencia económica.
Pero el salinismo entregó esa institución estratégica al Grupo Atlacomulco, que la controló intermitentemente durante tres décadas. Seis de sus 18 directores han sido originarios del Estado de México y tres (Emilio Chuayffet, Ignacio Pichardo Pagaza y Alfredo Baranda) la gobernaron. Otros dos distinguidos mexiquenses (Humberto Benítez Treviño y Alfredo Castillo) fueron procuradores en esa entidad. La Profeco también ha sido refugio de exvoceros presidenciales y ex candidatos presidenciales (Roberto Campa Cifrian), cuando el foxismo la dejó en manos del elbismo, quien puso a dos directores.
El sexenio de Enrique Peña Nieto vio pasar seis procuradores del consumidor. La administración federal en curso ha tenido tres titulares con una misma instrucción:combatir los excesos de los poderosos.
Ricardo Sheffield llegó hace seis años a la Profeco tras de haber aceptado renunciar al PAN y competir por Morena por la gubernatura de su natal Guanajuato. En Palacio Nacional lo quisieron más, cuando aceptó abrir una de las secciones —¿Quién es quién en los precios?— de la mañanera.
Para bien o para mal, el combate al huachicol marcó su destino. La “vacuna” que un grupo de gasolineros denunció ante Adán Augusto López Hernández sigue sin explicarse. Y el director saliente de la Profeco, David Aguilar Romero, enfrenta señalamientos y se queja de fuego amigo. Tal vez tenga razón, pero oculta el origen: la pretensión de Sheffield de seguir controlándola.

La presidenta Claudia Sheinbaum premia a una colaboradora de antaño como Esthela Damián que habrá de tener como única agenda, y absolutamente nada más, la que la mandataria decida.

Lo que está en juego no es sólo la relación entre una presidenta y su mentor político. Es la posibilidad de que México tenga, por primera vez en siete años, un gobierno que no dependa del caudillo para tomar decisiones.

El sexenio está mudando de piel a una cosa donde se celebran “siete años” de lo mismo. Eso no despresuriza. Puede que desde el régimen sea algo deliberado, un intento de avasallar por agotamiento al no permitir refresco sexenal, ni anual.

La forma como se ha hecho la campaña contra los factureros pierde credibilidad cuando se hace de manera selectiva, donde a unos se castiga y a otros se premia al no voltearlos a ver.

La Ciudad de México, como en los 60 y 70, se volvió en el campo de batalla en la Guerra Fría. En aquellos años, todos los servicios de inteligencia comunistas operaban en México y realizaban acciones encubiertas contra EU.





La presidenta Claudia Sheinbaum alude a una inviabilidad técnica en los criterios para la aplicación de la tasa de 8% que se pretendía cobrar y que se apostará por campañas de concientización a jóvenes y adolescentes.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los diputados morenistas, puntualizó que el impuesto no es solo una estimación en la Ley de Ingresos, sino una obligación fiscal creada en ley formal. Pese a ello, señaló que coinciden en la reflexión de la Presidenta, por lo que el poder legislativo modificará la ley para derogar el impuesto a los videojuegos.

IMJU León reconoce a 100 jóvenes como Voces de Cambio por su impacto positivo en procesos de acompañamiento y formación comunitaria. El evento reunió a cerca de 200 asistentes, fortaleciendo el sentido de pertenencia, reconocimiento colectivo y corresponsabilidad social.

Desde septiembre hasta la fecha, se han registrado cinco incendios forestales y 409 incidentes en terrenos baldíos y pastizales, la mayoría provocados intencionalmente. Estas prácticas pueden causar daños a la salud y al patrimonio de los ciudadanos.

Las vacunas de temporada invernal se aplican a grupos prioritarios como personas con diabetes, adultos mayores, menos de 5 años, personas con cáncer y VIH u otra enfermedad que comprometa su sistema inmunológico. La Secretaría de Salud informa que estos puntos estratégicos permitirán ampliar el acceso a la vacunación, acercando los servicios de salud a la población y reforzando la protección de los grupos prioritarios, especialmente niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.
