Las prioridades legislativas para la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se mantienen con la Reforma Judicial, garantizar derechos de pueblos indígenas y elevar a rango constitucional los programas sociales.
En el contexto de la dictaminación de las reformas presidenciales que iniciará mañana 1 de agosto en la Cámara de Diputados y luego del revuelo que causaron los documentos que debe tener lista la Comisión de Puntos Constitucionales para iniciar su trabajo, la morenista recalcó que las reformas que acompañan sus propuestas de campaña son las que irán primero en la próxima legislatura.
“Vamos a esperar, son 18 reformas constitucionales, más dos legales, entonces primero iría la judicial, el tema de pueblos indígenas y programas sociales para que se eleven a rango. Después revisaremos los demás”, dijo.
Recordó el proceso legislativo, en donde ahora la Comisión encargada de los proyectos dejará los dictámenes para que los diputados que entran en funciones en septiembre sean quienes los saquen adelante.
Cuestionada sobre la incertidumbre que también se ha generado en cuanto a la situación laboral que enfrentarán las y los trabajadores de los órganos que desaparecerán, la próxima mandataria señaló que el objetivo en sí no es desaparecer la función que éstos cumplen.
“No, la idea de la reforma es que no desaparece su función, sino que se incluyen dentro de las secretarías. Por ejemplo, un tema que preocupó mucho a los investigadores de biodiversidad, fue el tema de la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad). No se trata de desaparecer la investigación y a los investigadores de la Conabio, sino que se integren de una manera distinta a la Semarnat, incluso con otras instancias que tiene la Semarnat”, dijo.
En otro tema, envió invitaciones a presidentes de casi todo el mundo para la reunión que celebrará con ellos el 1 de octubre, cuando asuma el cargo como Presidenta de la República.
No obstante, de la lista están excluidos Ecuador, con quien este año se abrió un diferendo diplomático a raíz de la intervención de las autoridades de aquel país en la embajada mexicana para la detención de un refugiado político.
También Perú, con quien México se conflictuó en 2022, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al entonces presidente Pedro Castillo cuando disolvió el Congreso e instauró un gobierno de excepción, y luego legisladores peruanos lo destituyeron, lo que eventualmente llevó a su arresto.
