Con el objeto de generar mayor confianza de la ciudadanía en el sector inmobiliario y una adecuada protección de su patrimonio, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional formuló una iniciativa de reforma a la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios en el Estado de Guanajuato.
Al hacer uso de la voz, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá comentó que actualmente las operaciones inmobiliarias son una práctica continua y en aumento en el país. Acentuó que todas las personas en algún momento de sus vidas requieren llevar a cabo una operación de ese tipo, rentar, vender, comprar.
Sin embargo, precisó que una operación como la compra o renta de una vivienda supone una fuerte inversión económica y conlleva todo un proceso en el cual se necesita algunas veces la intervención de una persona en la que se pueda confiar el patrimonio, como lo es un agente inmobiliario, pero muchas veces si se elige a una persona que no esté acreditada se pone en riesgo la propiedad de la persona que acude a sus servicios, pues se pueden generar pérdidas económicas irreparables.
Afirmó que, en el ámbito nacional, existe un aumento de la desconfianza hacia el gremio inmobiliario ante los numerosos fraudes y estafas que han acontecido, ya que cada año se pierden cerca de 600 millones de pesos por actividades ilícitas en la industria inmobiliaria, específicamente por estafas.
Márquez Alcalá, detalló que en México existen más de 800,000 agentes inmobiliarios, pero sólo el 15% se encuentra agremiado a una asociación de prestigio que fomenta su profesionalización.
En ese sentido, apuntó que a casi 10 años de emitir la Ley que Regula a los Agentes Inmobiliarios era necesario atender los nuevos retos que la práctica del día a día demanda, por lo que se proponía la regulación de las agencias y asociaciones inmobiliarias; la obligatoriedad de acreditarse para realizar operaciones inmobiliarias; la obligación de las notarías de corroborar que el agente esté acreditado; la incorporación de atribuciones para la Secretaría de Gobierno del Estado; el fortalecimiento de la ética en las operaciones inmobiliarias; la inclusión de las obligaciones de los agentes y agencias inmobiliarias; y el aumento del tipo de sanciones.
“Se busca fortalecer nuestro marco normativo, de lograr una correcta coordinación de las autoridades para lograr la adecuada regulación de las personas que se dedican a las operaciones inmobiliarias, protegiendo así, el patrimonio de los miles de personas que necesitan de sus servicios”, finalizó la legisladora.
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Justicia para su estudio y dictamen.
