La industria automotriz inicia el 2024 con el anuncio de que por -séptima ocasión consecutiva- se prorroga el programa para regularizar vehículos usados de importación, decisión gubernamental que se ha convertido en un obstáculo para que el sector pueda alcanzar la comercialización potencial de 1.8 millones de vehículos anualmente.
Este fin de semana, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la ampliación al decreto por el que se fomenta la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera por un trimestre más, con lo cual “continúa el impacto al mercado interno y la corrupción de autoridades para dejar entrar este tipo de unidades de contrabando”, lamentó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
El Ejecutivo Federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva ampliación hasta el 31 de marzo de 2024, que eventualmente culminaba el 31 de diciembre del 2023. No obstante, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó el 26 de diciembre pasado que del 19 de marzo de 2022 al 21 de diciembre de 2023 que lleva de vigencia tal decreto se han regularizado 1 millón 980,072 unidades de contrabando.
Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, sostuvo que “una nueva ampliación al decreto no hace más que evidenciar el fracaso del mismo. No es posible que en un año nueve meses que lleva de vigencia no se haya podido regularizar los vehículos de contrabando, ya que éstos siguen entrando y circulando por aduanas y carreteras con la complacencia de autoridades y el crimen organizado que se beneficia del mismo”. Si bien la industria automotriz en México mantiene un ritmo acelerado de crecimiento en la comercialización de vehículos nuevos, con la proyección de haber colocado 1.47 millones de autos ligeros, dicho monto resulta aún por debajo de su potencial del mercado, expuso.
El presidente ejecutivo de la AMDA insistió en que “no hay necesidad de que el decreto permanezca vigente en 17 Estados de todo el país, cuando más del 50% de las legalizaciones se dan en apenas tres entidades fronterizas”.
Esas entidades federativas son Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Zacatecas, Coahuila, Durango, Michoacán, Sinaloa, Hidalgo, San Luis Potosí, Nayarit, Nuevo León, Jalisco y Tlaxcala.
Los recursos ya obtenidos por el pago de regularización de vehículos suman 4,000 millones 700,000 pesos, más de la mitad los han aportado Tamaulipas, Chihuahua y Baja California. Puebla quedó excluida del programa debido a una disminución significativa en las solicitudes.
La AMDA manifestó su rechazo al decreto que, también con la modificación de agregar a los vehículos irregulares ensamblados en Europa y Asia “es evidente que en vez de acabar con este fenómeno esto continuará ante la nula acción de las autoridades por realmente atacar el problema de raíz”.
El Economista
