Hace mucho que en México se cambió la palabra narcotráfico por el más amplio concepto de “crimen organizado”. La razón es que este ha tomado por la fuerza negocios de todo tipo, incluyendo el tráfico de personas, pero también fungiendo como una especie de lavadora en reversa: penetrando en negocios legales para operarlos de manera ilegal. El narco está detrás de redes de taxis y de autobuses, así como de la distribución del limón y la producción de tortilla de maíz, centro sagrado de la gastronomía del país.
En 2022, el 27,4% de los hogares en México reportaron al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) que por lo menos uno de sus integrantes fue víctima de un crimen, según la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Pero considerando que el narco está hasta en la comida, los mexicanos han padecido de pagar más por un aguacate de lo que valdría en un mercado libre de crimen organizado, y lo han hecho, muy probablemente, sin saberlo.
En este contexto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) participará en un encuentro organizado por la Compañía de Jesús este jueves y viernes para discutir soluciones al problema de la violencia. “Este país ya no puede más”, dijo la Confederación en un comunicado reciente, “no puede seguir bajo la misma ruta de violencia desbordada”. Está claro que los empresarios temen ver más negocios tomados por la fuerza, temen entregar la economía a los criminales. Las reuniones, que se llevarán a cabo en Puebla, llevan de nombre de Diálogo Nacional por la Paz.
El Instituto para la Economía y la Paz (IEP), centro de investigación y análisis sin fines de lucro a nivel mundial, estimó que el impacto económico de la violencia en México fue de 4,6 billones de pesos (230.000 millones de dólares al tipo de cambio correspondiente) en 2022. Esto equivale al 18,3% del Producto Interno Bruto. En el mismo año, el Gobierno Federal gastó el 0,6% del PIB en seguridad, dijo el IEP.
Cuando se mira el impacto per cápita, la cifra es más frustrante. Cada mexicano experimentó una pérdida económica de 35.705 pesos — más del doble del salario promedio mensual en ese año —. Además, la criminalidad en las cadenas productivas de alimentos le agrega dos puntos porcentuales a la inflación del país, según un estimado del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (Lacen) de la Universidad Autónoma de México. El “crimen organizado se ha convertido en un cartel económico dominante”, dice un boletín de Lacen. Un repaso de los titulares en el último año lo demuestra.
Las imágenes de un mercado vacío en Chilpancingo, la capital de Guerrero, inundaron las redes sociales el año pasado. Según distintos reportes en medios, ocho personas relacionadas con la venta y distribución de pollo para consumo humano fueron asesinadas en una semana. Se reportó también un incidente en que un grupo de hombres armados asesinó en plena de vista de compradores y comensales a un empresario distribuidor de pollos. En las semanas después del incidente, el pollo escaseó en la localidad. Los mercados y pollerías cerraron, llevándose de paso también a las fondas y restaurantes de comidas corridas.
También en el Estado de México y en Michoacán se han registrado desabastos e incrementos en el precio del pollo a causa de las extorsiones del crimen organizado, ya que los vendedores no tienen de otra que pasarle la factura a los consumidores para preservar su negocio.
En marzo del año pasado, el Congreso reunió a un panel de especialistas para analizar las causas más importantes por las que la pesca ilegal se ha expandido con fuerza. La principal causa es la falta de inspección y la segunda, es la presencia del crimen organizado. Es posible que una incluya en la otra. “La mayor presencia del crimen organizado que utiliza como pantalla la pesca (por ejemplo, el camarón en Sinaloa y pepino de mar en Yucatán) rebasa totalmente la capacidad y facultades de las instituciones civiles del Gobierno en el sector”, dice el reporte producto de la reunión.
La toma de la pesca, tanto legal como ilegal, se centra en el Golfo de California y en los Estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, según apunta una investigación del medio Contralínea. Pero en realidad ocupa todos los litorales, desde Tamaulipas en el norte hasta Yucatán.
La Asociación de Transportistas Nacionales (ANTAC) informó en julio que el robo de carga acumula 2.300 millones de pesos (unos 137 millones de dólares) en pérdidas cada año. Los empresarios, sin embargo, aseguran que el monto es mucho más alto. De acuerdo con AI27, una empresa de custodia electrónica, el robo anual se acerca a los 300 millones de dólares. Las autoridades contabilizaron 13.199 delitos cometidos contra transportistas el año pasado, un incremento del 6,7% en comparación con 2021.
El transporte público también es presa. Entre julio y la primera semana de agosto, mataron a 14 choferes de autobuses solo en el municipio de Chilpancingo, en Guerrero. En Michoacán, el crimen organizado recaba 21 millones de pesos en extorsiones a pasajeros del transporte público, según información del diario Excélsior. Y el huachicol, como se le conoce al robo de gasolina, es un problema tan extenso que ha sido foco de la Administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En enero, los taxistas de la turística Cancún reaccionaron con carreteras cortadas, violencia contra conductores de las plataformas, pasajeros e incluso autoridades al permiso que la aplicación Uber recibió en Quintana Roo para operar legalmente. Semanas después, reportes sin confirmar en medios tanto locales como nacionales proponían que esto se debía a que el gremio estaba cooptado por el crimen organizado. Esto coincide con un reporte de la firma de inteligencia en seguridad internacional Insight Crime, la cual, desde 2013, advirtió que los taxistas eran blanco de las organizaciones criminales. El objetivo es obligarlos a mover y vender drogas, informó la firma.
El año pasado, Lacen identificó las frutas y verduras que más alta inflación padecieron, consecuencia del crimen. Solo en una quincena, el jitomate subió un 16,7%; el chile serrano, un 15% y el aguacate, el 4,73%. Este año, el Estado de Nuevo León vio un salto en el precio del limón del 50% entre agosto y septiembre, según datos de la Secretaría de Economía.
Esto tiene su raíz en Michoacán, Estado que exporta y abastece a gran parte del país de productos de agricultura. El 11 de septiembre, tres cortadores de limón murieron en un ataque armado que las autoridades aseguraron perpetrado por el crimen organizado en el municipio de Tepalcatepec. Zamora, otro municipio limonero, se ha convertido en el epicentro de las disputas en el Estado de Michoacán entre cárteles rivales de la droga, según el IEP. Lo mismo aplica para los demás cultivos que crecen en Michoacán.
En 2014, el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, propuso que la Gendarmería desplegara unos 5.000 elementos en territorios agrícolas de todo el país para proteger los ciclos productivos del tomate que crece en Sinaloa y la caña de azúcar que se cultiva en Tamaulipas.
El centro de la gastronomía mexicana, la tortilla de maíz, también padece de las amenazas y extorsiones del crimen organizado. A finales de 2021, ocurrió en Guerrero un incidente a todas luces extraño. A través de cartulinas o carteles en los establecimientos, un grupo criminal ordenaba a los dueños de las tortillerías bajar sus precios. Esto mientras cobraba “piso” a los negocios por permitirles operar. El año pasado, el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, Homero López, le explicó a este diario: “[Los criminales] creen que uno sube el precio porque se nos ocurre, sobre todo en la zona de Guerrero, donde por inseguridad los costos del transporte son más altos”.
ISABELLA COTA|El País
