Porque las personas adultas mayores merecen más y su dignidad no puede posponerse, el GPPRI se manifestó en contra de un dictamen que ordena el archivo definitivo de una iniciativa de reforma que buscaba que en todos los 46 municipios del estado se establecieran albergues y casas de estancia para las personas adultas mayores, un sector de la población en constante crecimiento.
La fracción parlamentaria priista hizo patente su rechazo desde la tribuna en sesión del Pleno de la LXVI Legislatura por conducto de la diputada Rocío Cervantes, quien subrayó que el dictamen partió de una visión equivocada y manda un mensaje equivocado a la población.
Cuestionó los argumentos que sustentaron el dictamen en sentido negativo de la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, y anotó que lo que se planteó fue que albergues y casas de estancia se establecieran de manera progresiva, no de manera inmediata e irrealizable en todas y cada una de las demarcaciones.
“Se reconoció expresamente el principio de progresividad y la posibilidad de instrumentar convenios con los municipios para alcanzar el objetivo”, agregó.
También se esgrimió un impacto presupuestario, “pero los derechos humanos cuestan” y precisamente “por eso existen los presupuestos públicos: para priorizar las necesidades más importantes de la población”.
Dijo que igualmente en el dictamen se arguyó que la atención a las personas mayores debe entenderse desde una perspectiva integral y no únicamente mediante la creación de albergues, con lo que dijo coincidir, pero subrayó “nadie sostiene que los albergues sean la única respuesta”.
“La discusión que hoy tenemos no es simplemente sobre infraestructura, ni sobre presupuestos, ni sobre competencias administrativas. La discusión de fondo es, si como Estado estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad frente a una de las poblaciones más vulnerables y crecientes de Guanajuato: nuestras personas adultas mayores”, resumió.
Cervantes Barba puntualizó que la iniciativa en cuestión surgió de una realidad innegable: cada vez son más las personas adultas mayores que viven en condiciones de abandono, soledad, pobreza o desintegración familiar.
Indicó que desde hace años ya está establecido en la ley, “de manera general”, que el DIF Estatal puede promover y establecer albergues y casas de estancia, pero que “lo verdaderamente importante es preguntarnos cuántas personas adultas mayores continúan sin acceso a estos servicios”.
Lamentó que a pesar de que durante el análisis de la iniciativa se vertieron opiniones técnicas y especializadas de instituciones como la PRODHEG y el propio Instituto de Investigaciones Legislativas que reconocen la necesidad de desarrollar políticas públicas acordes con el crecimiento de adultos mayores y de que no debe permitirse un cumplimiento parcial de las obligaciones relacionadas con sus derechos, el dictamen haya sido en sentido negativo.
Cervantes Barba también resaltó que el dictamen reconoce la existencia del problema que plantea el creciente número de personas adultas mayores en condiciones de abandono, soledad, pobreza o desintegración familiar, su obligación institucional y la necesidad de una política pública robusta, pero finalmente “rechaza la herramienta legislativa que contribuiría a convertir esa obligación en una realidad tangible”.
