Los investigadores del ‘caso Ayotzinapa’ insisten en la tesis de las funerarias y el análisis de las líneas telefónicas

El informe llega después de varios días de movilizaciones por parte de familiares y estudiantes normalistas, principalmente en Ciudad de México. La semana pasada, varias marchas dibujaron los enfados de los manifestantes, que apuntaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Ejército, blancos habituales estos años. El sábado, la marcha anual en recuerdo —y protesta— por el ataque contra los estudiantes de la escuela de Ayotzinapa cubrió el recorrido habitual, del Ángel de la Independencia al Zócalo, periplo que las autoridades de la capital habían blindado entre vallas y policías con tolete y escudos.

Pazarán ha explicado que en varios cateos en las actuales instalaciones de la Funeraria El Ángel y el Servicio Médico Forense (Semefo) de Iguala, han encontrado restos óseos, incluso “un fémur humano guardado en un cajón”, documentación con sellos oficiales, pero sin cumplimentar, una libreta con la palabra “Guerreros”, en posible referencia a Guerreros Unidos, el grupo criminal alrededor del que se organizó el ataque contra los estudiantes, y un crematorio clandestino. La vía de las funerarias nace del análisis de las comunicaciones de sus dueños, la familia Rueda, con integrantes de Guerreros Unidos, y de las declaraciones de tres testigos protegidos, sobre todo uno, exintegrante del grupo criminal de rango medio bajo, de apodo Neto.

En sus declaraciones ante la UEILCA estos años, Neto ha dicho que, el día de los hechos, llevó los cadáveres de varios de los 43 a dos crematorios. Uno era, según esta versión, el crematorio de la Funeraria El Ángel, al que él llama el “crematorio de Los Verdes”. Ocurre, sin embargo, que El Ángel no funcionaba en la época del ataque en el mismo predio que han cateado ahora las autoridades, sino en otro a unos 300 metros de allí, donde sí tenía un crematorio. Neto señala, sin embargo, que él fue a su emplazamiento nuevo, junto al Semefo, donde supuestamente no había crematorios en esa época, lugar al que El Ángel mudó sus instalaciones tiempo después. Sobre el entuerto, Pazarán ha aclarado que Neto simplemente declaró que dejó los restos en las actuales instalaciones de El Ángel. No lo ha dicho, pero ha sugerido que alguien pudo llevarlos a 300 metros, donde El Ángel tenía su crematorio y sus instalaciones entonces.

Tanto Medina como Pazarán han denunciado el presunto entramado criminal que funcionaba alrededor de los dueños de la Funeraria El Ángel, la familia Rueda, concesionaria además del Semefo local. Los huesos sin registro encontrados, los restos hallados enterrados en sus predios, el crematorio clandestino y sus comunicaciones muy frecuentes con integrantes de Guerreros Unidos apuntan, según han dicho, a una colaboración evidente. Por ello, cuatro de sus integrantes están presos y otras cuatro personas vinculadas con ellas están igualmente procesadas por varios delitos.

Los folios del Ejército

Pasado el decimosegundo aniversario del caso Ayotzinapa, las críticas a la CNDH y al Ejército se enlazan. El informe de la oficina de la ombudswoman, liberado este verano —el segundo en realidad, ya que la CNDH defenestró el primero— sacaba de la ecuación de culpabilidades sobre el ataque a la Secretaría de la Defensa, víctima, a su juicio, de una campaña orquestada desde las organizaciones de la sociedad civil y demás actores no gubernamentales —la CIDH, sin ir más lejos— que trataba de colocar a los militares en el centro de las críticas. El informe ha sido criticado e ignorado a partes iguales. Criticado, por la falta de criterio de sus autores, ignorado por su poca relevancia desde el punto de vista de las pesquisas.

Otra cosa es el Ejército. Las familias de los 43, sus abogados, el equipo de investigadores que la CIDH comisionó a México durante años, el GIEI, la primera administración de la Comisión presidencial dedicada al tema, la COVAJ, así como el primer titular de la UEILCA, todos, han exigido durante años a la Secretaría de la Defensa la entrega de más de 850 folios de espionaje militar, importantes para la investigación. El GIEI y la COVAJ han mandado informes y cartas explicando exactamente qué hojas son, dónde deberían estar y dónde no están, después de haber buscado.

La exigencia no es baladí. En octubre de 2021, la COVAJ liberó dos documentos de la misma especie, que recogían la intercepción de dos comunicaciones telefónicas a cuatro integrantes de las redes criminales de Iguala. La primera, del mismo 26 de septiembre de 2014, recogía un intercambio entre uno de los mandos de la Policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, y uno de los cabecillas de Guerreros Unidos, alias Gil, supuestamente Gildardo López Astudillo. En el intercambio, el policía le decía a Gil que le mandaba “17 detenidos” a la “Brecha de Lobos”, un paraje de Iguala. Y que tenían “a 17 todavía en la cueva”, supuestamente una instalación de la policía municipal.

La segunda intercepción es del 4 de octubre y recoge un intercambio entre otro de los cabecillas de Guerreros Unidos, Cholo Palacios, detenido durante la actual administración, y un policía de Tepecoacuilco, municipio vecino de Iguala. Los dos hablaban de alias Gil, de que alguien, supuestamente alguna autoridad, “le había pedido línea”, y que “soltara aunque fuera 10, como estuvieran, para calmar un poco”. Era una referencia evidente a los normalistas desaparecidos, por los que ya entonces se había generado un escándalo enorme a nivel nacional. Por algún motivo, el Ejército nunca liberó esta información. Y solo siete años después de los hechos, la Covaj la encontró y la hizo pública.