Convocada por la Comisión de Desarrollo Económico, se realizaron mesas de trabajo para analizar seis iniciativas de reforma que buscan armonizar diversos ordenamientos y proponen simplificar y digitalizar los trámites y servicios públicos para facilitar su realización desde casa, a menor costo y con atención digna y eficiente; fortalecer el apoyo, capacitación y la dignificación de las mujeres rurales; incorporar la economía social y solidaria como mecanismo de inclusión productiva; promover la igualdad sustantiva y la autonomía económica de las mujeres en las políticas de desarrollo económico; y prevenir el nepotismo mediante la regulación del otorgamiento de estímulos y apoyos a organizaciones de la sociedad civil, evitando que beneficien a servidores públicos o a sus familiares hasta el cuarto grado.
Ley Estatal para Eliminar Trámites Burocráticos
En primer lugar, se analizó la iniciativa que busca expedir la Ley Estatal para Eliminar Trámites Burocráticos, a fin de que la ciudadanía cuente con trámites rápidos, desde casa, a menor costo, mayor accesibilidad y con atención digna y eficiente.
La persona representante de la Fiscalía General estatal señaló que la iniciativa debe analizarse conforme a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y las reformas constitucionales en materia de simplificación y digitalización de trámites y servicios, que establecen las bases para la armonización de la normativa estatal.
Asimismo, consideró que la propuesta no resulta procedente en sus términos, debido a que la regulación sustantiva de esta materia corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión, por lo que su aprobación podría invadir competencias legislativas federales.
Por parte de la Universidad de Guanajuato se consideró pertinente la iniciativa por su impulso a la simplificación, digitalización e interoperabilidad de los servicios públicos, pero señaló la necesidad de fortalecer la protección de datos, ciberseguridad y viabilidad técnica y presupuestaria.
Asimismo, planteó revisar la aplicación del silencio administrativo positivo y garantizar alternativas de atención para las personas que no cuentan con acceso o habilidades digitales.
En su oportunidad, el representante del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato consideró necesario precisar y homologar los sujetos obligados de la iniciativa, así como revisar la denominación y alcance de los organismos públicos autónomos y jurisdiccionales. También propuso armonizar las disposiciones sobre el silencio administrativo positivo con la legislación estatal vigente. Finalmente, señaló que la iniciativa no entra en conflicto con las competencias del Instituto.
Mientras que la Consejería Jurídica señaló que existe un obstáculo de carácter constitucional para la aprobación de la iniciativa, debido a las reformas publicadas en abril de 2025 a los artículos 25 y 73 de la Constitución Federal, que establecen bases y facultades en materia de simplificación administrativa, digitalización de trámites y servicios y políticas públicas en esta materia por la que la considero improcedente.
Apoyo y dignificación de las mujeres rurales
Para la iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de apoyo, capacitación y dignificación a las mujeres rurales, la Consejería Jurídica consideró necesario valorar la viabilidad de la propuesta tomando en cuenta la legislación estatal vigente en materia de apoyo al campo.
En particular, señaló que ya existen dos ordenamientos con objetivos específicos en esta materia: la Ley de Fomento y Desarrollo Agrícola para el Estado de Guanajuato y la Ley de Fomento a la Agricultura Familiar, por lo que debe analizarse su posible vinculación y evitar duplicidad de disposiciones.
Economía social y solidaria
El mismo caso fue para la iniciativa que busca desarrollar diversas reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, a fin de incorporar la economía social y solidaria como mecanismo de inclusión productiva.
La diputada Ana María Esquivel Arrona comentó que esta propuesta busca incorporar la economía social y solidaria a la política de desarrollo económico de Guanajuato, fortaleciendo a cooperativas, organizaciones de productores y otras formas de trabajo asociativo para impulsar el empleo y mejorar los ingresos de las comunidades.
También plantea facilitar el acceso a estímulos, proyectos de inversión y cadenas de valor locales y regionales, así como fortalecer la participación de los municipios, con el objetivo de ampliar las oportunidades para productores del campo, mujeres emprendedoras, artesanos, cooperativistas y comunidades.
Los presentes consideraron favorable la incorporación del concepto de economía social y solidaria, al reconocer modelos basados en el trabajo colaborativo, la propiedad colectiva, la solidaridad y el fortalecimiento de las comunidades.
Asimismo, señaló que este modelo cuenta con respaldo constitucional y está vinculado con diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, particularmente los relacionados con la reducción de la pobreza y desigualdades, el trabajo decente, el crecimiento económico y la producción y consumo sostenibles.
Simplificación y digitalización de trámites
En la mesa de trabajo se analizó la Iniciativa formulada por la gobernadora del estado por la que se abroga la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Guanajuato; y de reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato en la parte correspondiente al primer y tercer ordenamientos, la cual permitirá el despliegue de atribuciones en materia de simplificación y digitalización aprovechando estructuras que a la fecha despliegan atribuciones en materia de mejora regulatoria.
La Consejería Jurídica explicó que aun cuando una norma sea derogada o abrogada, puede continuar aplicándose a determinados hechos o actos posteriores a su entrada en vigor, conforme al principio de ultraactividad de la ley.
Añadió que este principio permite establecer reglas de transición para garantizar la seguridad jurídica y determinar qué legislación debe aplicarse a situaciones iniciadas bajo la vigencia de una norma anterior.
Igualdad sustantiva y autonomía económica para mujeres
Las personas diputadas analizaron las reformas a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en materia de autonomía económica de las mujeres.
En este sentido, se expresó que la propuesta persigue un fin válido, al reconocer que la autonomía económica de las mujeres es fundamental para el ejercicio pleno de sus derechos, la toma libre de decisiones y la reducción de las brechas de desigualdad, particularmente en materia de empleo, ingresos, inclusión financiera y capacitación.
Asimismo, señaló que la propuesta debe revisarse desde una perspectiva integral para determinar su aplicación en otros ordenamientos relacionados con la materia, a fin de garantizar una verdadera transversalización y establecer medidas y acciones concretas que permitan avanzar de manera efectiva en la autonomía económica de las mujeres.
Prevención del nepotismo en el otorgamiento de apoyos
Finalmente, se atendió la iniciativa de reforma a la Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios y a la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Guanajuato, con el objetivo de fortalecer los mecanismos para prevenir actos de nepotismo y conflictos de interés en la asignación de apoyos, estímulos y recursos públicos.
La Consejería Jurídica consideró que la propuseta es congruente con los instrumentos de planeación estatal y compatible con el marco jurídico federal, al promover la honestidad, la transparencia y la prevención de la corrupción. Asimismo, señaló que la propuesta complementa las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas mediante una prohibición preventiva y expresa.
No obstante, recomendó precisar el alcance de la prohibición, definir claramente a los servidores públicos sujetos a ella y establecer mecanismos de acreditación para garantizar su aplicación. También advirtió que, aunque el impacto presupuestario sería menor, su implementación requeriría ajustes a reglas de operación, convocatorias, formatos, padrones de beneficiarios y procedimientos internos.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Ana María Esquivel Arrona y Maribel Aguilar González.
Asimismo, se contó con la participación de personas representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, de la Fiscalía General del Estado, de la Universidad de Guanajuato, de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, personas asesoras de los diferentes grupos parlamentarios y personal de diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
