La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey Jordan, advirtió que el organismo enfrenta una pérdida de capacidad institucional y un debilitamiento de sus procedimientos al inicio del proceso electoral.
La consejera señaló que la renuncia de la secretaria ejecutiva, ocurrida un día antes del arranque formal de los comicios, genera incertidumbre, sobre todo porque el Consejo General perdió la atribución de nombrar directamente a las direcciones ejecutivas, mientras que la presidencia del Instituto puede designarlas sin el aval del órgano colegiado: “Que se vaya la única autoridad que también podemos nombrar en el Consejo General causa sorpresa e incertidumbre”.
Expresó su preocupación por la cantidad de renuncias y vacantes dentro del INE, un problema que ha sido señalado desde hace, al menos, tres años: “Considero que representa una pérdida de capacidad institucional y una merma de nuestro servicio electoral, que, sin duda, es la columna vertebral del proceso electoral”.
Humphrey cuestionó además algunas decisiones adoptadas por mayoría, entre ellas, las relacionadas con el tratamiento de las boletas dobladas, la participación de personas observadoras y las medidas de inclusión para que personas en situación de vulnerabilidad puedan integrar las mesas directivas de casilla.
Explicó que, durante los procesos electorales de 2024 y 2025, se detectó un incremento en el número de boletas “planchadas”, situación que llevó a anular cerca de 900 casillas. Por ello, consideró necesario establecer un procedimiento específico para separar esas boletas, identificar la casilla de origen y determinar su validez mediante los consejos distritales.
“Estamos perdiendo fortalezas en los procedimientos para la organización de los procesos electorales”, afirmó.
Respecto del inicio del proceso, la Humprey Jordán consideró que éste se encuentra marcado por la incorporación de tres nuevas consejerías, las responsabilidades adicionales que asumió el INE tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como por la creación de la Comisión de Verificación de la Integridad de las Candidaturas
Sostuvo que esta comisión no debe limitarse a funcionar como una oficialía de partes, sino utilizar sus atribuciones para revisar que las personas postuladas no tengan vínculos con actividades delictivas o con el crimen organizado. Sin embargo, subrayó que la primera responsabilidad de revisar las candidaturas corresponde a los partidos políticos.
La consejera pidió diferenciar las competencias del INE y de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), pues éste no organiza las elecciones locales ni determina la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña.
Sobre el presupuesto aprobado para el INE, recordó que votó en contra al considerarlo excesivo y sin sustento. Afirmó que es 60 por ciento mayor al de 2021, correspondiente a una elección intermedia, y 40 por ciento superior al de 2024.
Planteó la necesidad de revisar la nueva identidad gráfica del INE para evitar que sus colores se confundan con los de partidos políticos u organizaciones. Y lamentó que el manual haya sido aprobado por la Junta General Ejecutiva sin una discusión amplia con las consejerías.
