La injerencia del crimen organizado en la política dejó de ser un elefante en medio de la sala y comienza a nombrarse con todas sus letras. En pleno arranque del proceso electoral 2027, partidos y autoridades electorales han reconocido que la delincuencia en México pone y quita candidatos, financia campañas, corrompe, chantajea y presiona a autoridades electas. “La delincuencia organizada no tiene ideología política, busca infiltrarse allí donde sea posible, independientemente del color partidista”, ha advertido el consejero Arturo Chávez, presidente de una nueva comisión del Instituto Nacional Electoral encargada de verificar la integridad de las candidaturas que competirán en las campañas del próximo año.
La tarea es titánica en un proceso electoral de grandes dimensiones, en el que se prevé la renovación de 17 gubernaturas, 1.098 diputados de 31 congresos locales y más de 2.200 presidencias municipales y alcaldías en 30 entidades. Con ocho partidos políticos en contienda, podría haber más de 30.000 candidaturas susceptibles de verificación. La concurrencia de 32 procesos locales con la elección federal es lo que enciende las alertas, pues a nivel estatal y municipal es donde el crimen ha intervenido de manera más clara en los últimos años. Tan solo en 2024, cuando la elección presidencial confluyó con convocatorias locales en todo el territorio nacional, organizaciones civiles como Data Cívica registraron 138 agresiones en contra de candidatos, 40 asesinatos, 41 atentados, 32 amenazas, 14 ataques armados, 10 secuestros y una desaparición.
Los datos los ha puesto sobre la mesa Arturo Chávez, quien llegó al Consejo General del INE en abril pasado sin ocultar su relación personal y profesional con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien promovió una reforma legal para crear la Comisión de Verificación de Candidaturas. A esa comisión se integraron, también, la consejera Norma Irene de la Cruz, cercana a Morena, y Uuc-kib Espadas, viejo militante del PRD en los años 90. Es decir, tres consejeros cercanos al régimen tendrán la responsabilidad de contactar a las instituciones del Gabinete de Seguridad para revisar los perfiles de las futuras autoridades electas.
Además de la violencia generada por el crimen organizado, casos como el de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, investigado por Estados Unidos junto a nueve de sus funcionarios por posibles vínculos con el crimen organizado, han expuesto que la corrupción y cooptación de autoridades comienza desde las campañas. Desde las elecciones de 2021, que son el referente previo a las de 2027, la oposición ha venido denunciando la injerencia del narco y acusando que actúa en beneficio de Morena y de sus aliados, tanto en Sinaloa como en otros Estados como Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
“Es momento de decirlo claramente: a nadie conviene la circulación de armas ilegales, la intervención del crimen organizado en nuestros procesos electorales, las extorsiones políticas que pretendan doblegar mediante el chantaje la voluntad ciudadana”, ha dicho Chávez en un discurso grandilocuente, antes de que se aprobaran los lineamientos con los que se pretende hacer realidad el mandato de la Comisión. “El reclamo de integridad no debe reducirse a los partidos políticos, servidores públicos o candidatos, deben sumarse los empresarios a no propiciar la compra de votos o financiar candidatos para después corromperlos, deben sumarse los medios de comunicación al difundir información veraz y objetiva”, ha añadido el consejero.
Según los lineamientos, la verificación de las candidaturas partirá de una solicitud voluntaria de los partidos políticos, que entregarán las listas de sus candidatos para que la nueva comisión del INE haga la solicitud a las instancias de seguridad, justicia e inteligencia financiera, que responderán directamente a los partidos si existe riesgo razonable.
La Comisión no será quien defina, califique, ni valore el riesgo razonable, sino las instituciones con las que tendrá comunicación: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Los partidos políticos decidirán a quién incluyen en las listas de entre las personas que, voluntariamente, quieran ser verificadas. La comisión debe garantizar la reserva de los listados, los datos personales y los resultados de la verificación. No contará con la facultad de retirar candidaturas ni tendrá acceso a los datos sensibles. En los lineamientos se especifica que la negativa de un partido a verificar a sus candidatos no tendrá consecuencias jurídicas, ni implicará indicio alguno de riesgo razonable. “La decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes, quedando en ellos la responsabilidad política ante la ciudadanía”, ha aclarado Arturo Chávez.
El Consejo General del INE aprobó los lineamientos de la Comisión de Verificación de Candidaturas al término de una sesión protocolaria convocada por el arranque formal del proceso electoral. Los representantes y dirigentes de los partidos políticos pidieron medidas más eficaces para frenar la violencia contra sus candidatos. Más allá de las acusaciones entre el PRI, PAN y Morena por el tema de la “narcopolítica”, los representantes de fuerzas minoritarias, como MC y PAZ, manifestaron su preocupación por ir a otra elección con candidatos amenazados o asesinados, como ya ocurrió en 2021 y 2024.
