En cuatro ocasiones en las últimas semanas, ha sido invitado a hablar con la presidenta y el gabinete una persona que puede ser descrita como una papa caliente. Se trata del empresario sinaloense Jesús Vizcarra, a quien por más de cuatro décadas han señalado como amigo, socio y padrino de diversos capos del narcotráfico. El empresario, que durante décadas estuvo cerca de varios gobiernos, como los de Vicente Fox y Enrique Peña Nieto, siempre ha negado cualquier relación con el narcotráfico y nunca ha sido sometido a un proceso judicial.
Las reuniones que ha tenido Vizcarra en Palacio Nacional coinciden con los reportes periodísticos, no desmentidos, de que ha puesto en venta la empresa que fundó, SuKarne, una de las principales exportadoras de carne en el país, por alrededor de dos mil millones de dólares, según estimó la agencia Reuters. El otro gran negocio que desarrolló desde 2003 es Salud Digna, una asociación civil sin fines de lucro que ofrece diversos servicios médicos y de laboratorio a precios increíblemente bajos.
Vizcarra fue a Palacio Nacional a promover Salud Digna y a buscar contratos. No se saben los detalles de sus conversaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero resultado de ellas, estuvo el miércoles de la semana pasada reunido con todo el gabinete de salud –la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS-Bienestar y el ISSSTE–, encabezado por el secretario David Kershenobich.
En el encuentro subrayó las prioridades de la presidenta, como la interpretación radiológica a distancia, el uso de la inteligencia artificial para ultrasonidos, mastografías, rayos X, electrocardiogramas y óptica, además de la subrogación de servicios cuando se considere pertinente. Vizcarra, que ya trabaja con el IMSS en otros proyectos, llevó su propuesta dirigida principalmente a esa institución, donde propuso la creación de las Clínicas de Diagnóstico del Bienestar y un Centro Nacional de Interpretación Radiológica, en el que tomaría el control del sector salud, con equipos, proyectos, tecnología y capacitación que daría Salud Digna, hasta que considerara la madurez de las iniciativas para trasladarlas al gobierno federal.
No ha habido respuesta sobre cuáles proyectos le serán adjudicados, pero la instrucción es que lo incorporen como proveedor importante, una decisión que sorprende, sobre todo en estos tiempos en los que todo lo que se encuentre cercano a los cárteles, como el de Sinaloa, y se presuman relaciones de parentesco, amistad y negocios con miembros del crimen organizado, debería ser tratado bajo el prisma de la seguridad nacional de Estados Unidos, que considera a narcotraficantes y a quienes se relacionen con ellos o los apoyen como terroristas, bajo las órdenes ejecutivas que firmó el presidente Donald Trump el primer día de su segundo mandato en la Casa Blanca.
El nombre de Vizcarra ha estado relacionado con la vieja aristocracia criminal del Cártel de Sinaloa desde 2009, cuando el periódico Reforma publicó en su primera plana una fotografía donde aparecía Vizcarra, en ese entonces alcalde de Culiacán, con Ismael El Mayo Zambada, Inés Calderón Godoy –padre de Inés Calderón Quintero, primo lejano de Vizcarra, un capo que fue asesinado tiempo después– y uno de los constructores del Cártel de Sinaloa, Bernardo Quintana –sin relación con el empresario constructor– y Javier Díaz, hijo de Baltazar Díaz, que también fue ejecutado años después. La fotografía fue tomada durante una celebración religiosa en el rancho Puerto Rico, en los suburbios de Culiacán, que era atribuida a Zambada.
Cinco meses después, la revista Proceso dio a conocer una ficha del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), rebautizado en el sexenio anterior como Centro Nacional de Inteligencia, en la que señalan que fundó el Grupo Viz/SuKarne en los 80, dedicado a la compra y venta de ganado como una de sus primeras actividades para “blanquear los cuantiosos recursos” ilegales de Calderón Quintero, quien “entre 1976 y 1988 se convirtió en uno de los narcotraficantes más fuertes de Sinaloa y del país”.
Si de un lado tenía a Vizcarra para lavar dinero, citó Proceso del documento del Cisen, del otro Calderón Quintero formó a importantes operadores del narcotráfico y apadrinó a El Mayo Zambada, al tiempo que operó con su sobrino, Rafael Caro Quintero –preso en Estados Unidos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena–, Ernesto Fonseca –preso en México por el mismo crimen–, Baltazar Díaz Vega y Manuel Salcido, apodado El Cochiloco, quien fue uno de los asesinos más sanguinarios del Cártel de Sinaloa.
El Cisen tuvo bajo vigilancia a Vizcarra por los negocios que presuntamente había realizado con El Mayo Zambada durante más de dos décadas. Recientemente se agregó información en Estados Unidos a su expediente, cuando encontraron que estaba importando carne de Nicaragua –donde tiene una planta exportadora a Europa– a México, que en realidad, presumían que era carne venezolana. La investigación estadounidense era sobre una especie de lavado de carne para apoyar al régimen de Nicolás Maduro.
Vizcarra quedó en medio de una tormenta político-criminal en 2024, cuando el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, imputado por Zambada de haber sido su socio y que lo había traicionado cuando fue convocado a una reunión para resolver una disputa entre él y el diputado federal Héctor Melesio Cuén, dijo que el día en que capturaron a Zambada y a su ahijado, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, no había estado en esa reunión, sino en Los Ángeles, a donde viajó en un avión que le prestó Vizcarra. En su momento publiqué que no viajó, pero envió en el avión a su familia y colaboradores cercanos con su teléfono, para que cuando revisaran el GPS pudieran ubicarlo en California. Vizcarra dijo que le prestó el avión debido a una amistad de 28 años con la familia Rocha.
La adjudicación de contratos a Vizcarra obliga a la pregunta de si es pertinente otorgárselo en el contexto actual de la guerra en Sinaloa, las acusaciones contra Rocha Moya y las presiones de Estados Unidos contra políticos de Morena y empresarios vinculados con el crimen organizado. Pero al no existir una acusación en contra de Vizcarra, no hay impedimento jurídico para asignarle contratos. Sin embargo, desde el punto de vista de riesgo político, la relación del gobierno con Vizcarra como proveedor de un megaproyecto se vuelve más compleja y delicada. ¿Por qué el gobierno decide firmar contratos con el empresario? Esta respuesta la sabe solo la presidenta.
