El oficialismo y algunos colaboradores espontáneos están embarcados en un esfuerzo por normalizar la rebelión de Rubén Rocha Moya, y plantear su intento de regresar a la gubernatura como un lance derivado de su arrogancia y mal cálculo político, que fue manejado con talento por la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar una fractura en Morena. Intentan neutralizar información y argumentos sobre el papel que jugó el expresidente Andrés Manuel López Obrador en este affaire, porque aceptarlo sería reconocer que, en efecto, hay un choque entre ellos.
El spin en los medios ha sido reforzado por la presidenta durante dos días en la mañanera, señalando que las columnas políticas que hablan de la intervención de López Obrador son “política ficción” o, abiertamente, escaló ayer, “mentiras” de algunos de nosotros. No hay que tomarlo personal, sino como parte de la dialéctica de los medios con el poder. Hay que admitir que la palabra de la presidenta pesa más que cualquier periodista, pero la palabra de la presidenta pesa menos que la realidad.
Y en la realidad en la que nos encontramos, hay que definirse y no entrar en un dilema: todo el apoyo a Sheinbaum, que representa al Estado mexicano y la institucionalidad del país. López Obrador es un ciudadano más, muy poderoso porque controla los resortes del poder en el movimiento que fundó y tiene lleno de topos el gobierno, pero no representa al Estado. Si la presidenta quiere mantener en su crítica a los críticos como parte de un relato distractor, es su decisión, pero hacerlo no elimina la afrenta del radicalismo obradorista que está buscando arrebatarle el poder.
Esa intentona es inadmisible.
La rebelión de Rocha Moya tocó el máximo punto tolerable para la presidenta el sábado, cuyos límites estableció en su mensaje en X, en el último párrafo, donde afirmó: “Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular, está el pueblo y la nación”. El mensaje no es críptico; va dirigido. “Cualquier nombre” es un término que desacraliza a López Obrador. Su efecto fue una reversa del ala dura del obradorismo, que en principio respaldó a Rocha Moya y luego lo condenó.
El giro que hizo Morena –cuya líder Ariadna Montiel tiene un origen obradorista–, los gobernadores –puestos todos por López Obrador–, o de algunos legisladores como Ricardo Monreal, coordinador de la bancada en San Lázaro –pieza estratégica del expresidente desde hace más de 20 años–, ha sido interpretado como resultado del manotazo que dio la presidenta. Puede ser visto de otra manera, como un respaldo cosmético y coyuntural por la variable que no se ha puesto sobre la mesa, la persecución en Estados Unidos contra políticos de Morena vinculados con el crimen organizado.
El corrimiento a las antípodas de sus apoyos al otro lado del río no parece un realineamiento de lealtades, sino un repliegue táctico ante la reciente reiteración de funcionarios estadounidenses de su respaldo total al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y por consiguiente, a la presidenta Sheinbaum, que se han convertido en los dos únicos interlocutores legítimos, fuera de los canales institucionales de las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación, de la Administración Trump.
El mensaje en X de la presidenta contuvo momentáneamente al ala radical y a los incondicionales de López Obrador, pero no cambió la correlación de fuerzas. La designación de Graciela Domínguez como gobernadora interina de Sinaloa es una demostración de que el poder real no lo tiene la presidenta. Domínguez es una pieza de Rocha Moya, quien la hizo secretaria de Educación y Cultura en 2021 cuando asumió la gubernatura, y luego la promovió como diputada federal. Cuando le preguntaron ayer a la presidenta sobre Domínguez, que ya estaba perfilada para el interinato, respondió que no la conocía, pero que tenía información de que era honesta.
La honestidad es la bandera de la ‘4T’, y la impulsan hasta la ignominia. Son honestos hasta que las denuncias masivas de corrupción demuestran lo contrario, o que con retórica barren sus corruptelas por debajo de la alfombra. Monreal es el último ejemplo. Ayer, en su artículo en uno de los múltiples periódicos donde hace propaganda cada semana, salió en defensa de Rocha Moya porque dijo que no hay prueba alguna de que el Cártel de Sinaloa lo ayudó a ganar la gubernatura en 2021.
Sin embargo, hubo denuncias de candidatos y operadores electorales de la oposición amenazados y secuestrados por el crimen organizado, pero no prosperó ninguna de ellas. En la acusación del Departamento de Justicia contra Rocha Moya y nueve servidores públicos más de Sinaloa, la relatoría de sus fechorías comienza, precisamente, con el caso paradigmático de la diputada Paola Gárate, levantada por los sicarios para impedir su participación.
La designación de Domínguez para terminar el periodo de Rocha Moya significa mantener el statu quo, y que la arquitectura político-criminal que se erigió durante ese gobierno descabezado se mantiene. Si en el mensaje de Sheinbaum había un apartado entre líneas para Los Chapitos o La Mayiza en Sinaloa, como sugirieron Roy Campos y Salvador Camarena en una mesa de análisis de N+Foro, no sobrevivió 72 horas.
En este primer corte de caja de lo que desencadenó el intento de Rocha Moya por regresar a la gubernatura el viernes pasado, estamos viendo que la presidenta va perdiendo. Su esfuerzo para descalificar las interpretaciones e informaciones sobre López Obrador como el titiritero, no solo es evocado y repetido por las plumas del oficialismo y sus colaboracionistas inopinados, sino la debilidad ante la realidad que está enfrentando.
No es una batalla perdida, por supuesto, pero se necesita la determinación presidencial y un análisis interno, en su fuero y con su equipo, sobre lo que significa recular o no mantener una línea de acción para defender la institución. No es la inmolación por López Obrador como lo logrará. Tampoco enfrentándolo de manera directa. No es Lázaro Cárdenas ni Ernesto Zedillo, que cuando necesitaron afianzar su Presidencia, actuaron contra sus antecesores.
Pero es la presidenta de la República a la que quieren arrebatarle la prerrogativa del poder que le dieron las urnas. Esa no es opción para ella, ni para el país. Sheinbaum representa al Estado y como tal hay que salir en su apoyo incondicional para que no pierda el momentum que alcanzó el sábado, y resuelva por el bien de los intereses nacionales, como lo apunta, esta traición en movimiento.
