El Ayuntamiento de San Miguel de Allende anunció que acompañará jurídica y administrativamente a vecinos del tradicional Barrio de la Estación, ante la posibilidad de que sean cerrados algunos de los accesos que históricamente han utilizado habitantes de la zona.
El alcalde Mauricio Trejo sostuvo que, aunque el inmueble dejó de pertenecer al Municipio y actualmente forma parte de un predio particular, existen derechos de paso que no podrían ser eliminados unilateralmente por el propietario. El presidente municipal afirmó que el gobierno local estará del lado de los habitantes para defender esos accesos por las vías legales correspondientes.
Trejo incluso planteó que, si fuera necesario, el Municipio intervendrá para evitar una obra que afecte el tránsito de los vecinos, aunque el Ayuntamiento ha reconocido que la controversia sobre la propiedad del inmueble corresponde originalmente a particulares.
Un predio que cambió de manos hace dos décadas
El conflicto tiene como antecedente la extinción de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM) en 2001. El decreto federal que desapareció el organismo estableció que sus activos remanentes serían regularizados y, en su caso, desincorporados para su donación, reversión o enajenación, conforme a las disposiciones aplicables.
De acuerdo con información proporcionada por el propio gobierno municipal y retomada por medios locales, el inmueble que comprende parte del Barrio de la Estación tiene una superficie de aproximadamente 11 mil 151.5 metros cuadrados y fue desincorporado del régimen de dominio público de la Federación en julio de 2006.
Posteriormente, el 29 de noviembre de 2006, Banobras, en su carácter de liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México, habría vendido el predio a un particular. Es decir, la situación jurídica actual del terreno se remonta a una operación realizada hace prácticamente 20 años.
El proceso de liquidación de FNM contemplaba precisamente la posibilidad de enajenar los bienes remanentes. Documentos legislativos federales de la época dan cuenta de que Banobras fue designado como liquidador y que entre sus responsabilidades se encontraba la administración y desincorporación de los activos de la empresa.
El punto clave: los derechos de paso
La discusión actual no se limita, por tanto, a determinar quién es propietario del terreno. El aspecto que preocupa a los vecinos es qué ocurre con los accesos que han utilizado durante años para entrar y salir de sus viviendas y comunicarse con la vía pública.
En este punto existe una figura jurídica relevante: la servidumbre legal de paso.
El Código Civil para el Estado de Guanajuato establece, en su artículo 1193, que el propietario de una finca que se encuentre enclavada entre propiedades ajenas y sin salida a la vía pública tiene derecho a exigir un paso por los predios vecinos. El artículo 1194 agrega que, aun cuando prescriba la acción para reclamar la indemnización correspondiente, ello no implica que desaparezca el paso obtenido.
La legislación también contempla que, cuando existe una comunicación previa con la vía pública, el paso puede exigirse por el inmueble por donde anteriormente se tenía ese acceso, salvo determinadas circunstancias. Así lo establece el artículo 1200 del ordenamiento civil guanajuatense.
Esto no significa automáticamente que cualquier acceso utilizado durante años sea jurídicamente inamovible. La existencia, alcance y ubicación de una servidumbre deben acreditarse y, en caso de controversia, pueden requerir una determinación judicial. Precisamente por ello, la postura del Ayuntamiento adquiere relevancia política, pero la definición jurídica final corresponderá a las autoridades competentes.
El Ayuntamiento se deslinda de la propiedad, pero acompaña a los vecinos
El gobierno municipal ha establecido una distinción entre la propiedad del predio y la situación de los habitantes.
Por un lado, reconoce que la antigua estación y el terreno ya no forman parte del patrimonio municipal. Por otro, Trejo sostiene que el Municipio no permanecerá ajeno si las acciones del propietario afectan derechos de los vecinos o bloquean accesos utilizados por la comunidad.
La posición municipal se produce además en un momento en que el futuro de la infraestructura ferroviaria de San Miguel de Allende vuelve a cobrar importancia. En febrero de este año, el Gobierno federal confirmó que el proyecto del tren Querétaro–San Luis Potosí contempla el paso por San Miguel de Allende, dentro de la estrategia para ampliar nuevamente la conectividad ferroviaria de pasajeros en la región.
Así, la disputa alrededor de la antigua estación adquiere una dimensión adicional: se trata de un espacio con valor histórico para la ciudad, pero también de un inmueble cuya propiedad privada quedó definida durante el proceso de liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México.
El Ayuntamiento deberá ahora conciliar dos ámbitos distintos: el respeto a la propiedad privada y la protección de los derechos de acceso de los habitantes. La clave será determinar documental y jurídicamente qué derechos de paso existen, desde cuándo, a favor de quién y bajo qué condiciones pueden modificarse.
Mientras esa definición llega, Mauricio Trejo ha dejado clara la posición política del gobierno municipal: los vecinos no estarán solos frente a un eventual cierre de los accesos que consideran parte de sus derechos.
