PRODHEG revela dramas silenciados: informe denuncia deficiencias críticas en derechos humanos en Centros Penitenciarios de Guanajuato

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) presentó un informe tras realizar supervisiones en 9 Centros Estatales de Prevención y Reinserción, 2 Centros de Prevención Social y un Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes durante 2025. El propósito de estas visitas fue identificar áreas de mejora para fortalecer la protección de los derechos humanos y los procesos de reinserción social.

En total, 1,496 personas privadas de libertad participaron al completar cuestionarios en centros ubicados en diversos municipios, incluidos León, Pénjamo y Celaya. El informe resalta que la privación de la libertad no implica la pérdida de dignidad ni derechos fundamentales. Según la Procuradora de Derechos Humanos, Karla Alcaraz, “en un estado democrático de derecho, la privación de la libertad es una sanción, no una anulación de la condición humana”.

Entre los hallazgos más relevantes, se detectaron oportunidades de mejora en temas como la prevención de torturas, maltrato, condiciones higiénicas y acceso a servicios de salud. En el ámbito de la salud mental, el informe indica que solo hay un psiquiatra disponible para todos los centros, lo cual limita la atención adecuada, especialmente en Acámbaro, donde un único profesional atiende a 211 personas.

También se identificaron obstáculos en las visitas familiares, siendo las mujeres privadas de libertad las más afectadas. Además, el informe destaca la necesidad de atención especializada para personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas y personas con discapacidades.

Respecto al Centro Especializado de Internamiento para Adolescentes, el informe señala que aunque las condiciones son generalmente favorables, es necesario mejorar los servicios destinados a las mujeres adolescentes.

Con esta iniciativa, la PRODHEG busca no solo mejorar los procesos de reinserción social, sino también reafirmar su compromiso con la dignidad de las personas encarceladas. La Procuraduría sostiene que la reinserción efectiva es fundamental para construir comunidades seguras e inclusivas.