La diputada Rocío Cervantes afirmó que establecer en la Constitución local el juicio de amparo permitirá que la ley suprema del estado deje de ser solamente un parámetro normativo y se convierta también en un instrumento que permita a las personas reclamar protección de los derechos que en ella se reconocen.
Dijo que, “si aceptamos la existencia de una Constitución como norma suprema del orden jurídico estatal, debemos aceptar también la existencia de mecanismos destinados a garantizar su observancia”, como el juicio de amparo local.
En ese tenor, subrayó que, para hablar de una auténtica justicia constitucional local, la protección de los derechos que se reconocen en la Constitución Política del Estado de Guanajuato debe ser accesible, especializada, técnicamente sólida y susceptible de revisión conforme a reglas claras para que sea efectiva.
Hizo uso de la voz en Mesa de Trabajo de la Comisión de Gobernación para analizar una iniciativa de reforma constitucional del Grupo Parlamentario del PRI que busca establecer el juicio de amparo local como un mecanismo que garantice la protección de los derechos consagrados en la norma suprema del estado.
Manifestó que “no basta con reconocer un derecho en el texto constitucional”, y subrayó que “la verdadera fuerza normativa de la Constitución se demuestra cuando la persona puede acudir ante una institución jurisdiccional y obtener protección frente a su vulneración” por parte de una autoridad.
Expuso que establecer el juicio de amparo como medio de control es para garantizar la tutela directa de los derechos reconocidos en la constitución local, y sostuvo luego que la justicia constitucional local -a la que se aspira- es la expresión legítima del federalismo.
“El federalismo no impide que los estados fortalezcan la protección de los derechos dentro de su propio ámbito constitucional, Al contrario, la autonomía constitucional permite que las entidades desarrollen instituciones propias siempre que respeten los principios y límites establecidos por la Constitución General”, abundó.
Cervantes Barba reconoció la valía de aportaciones técnicas que previamente hicieron llegar instituciones en torno a la propuesta de reforma constitucional y, ante sus representantes que participaron en la Mesa de Trabajo, dijo que la iniciativa puede perfeccionarse en su diseño institucional sin perder su finalidad constitucional.
Resaltó además que la reforma que se propone es la base constitucional, porque sería en la legislación secundaria en la que se definiría la mejor manera de implementar ese mecanismo.
Y después de escuchar las observaciones vertidas en la Mesa de Trabajo, la legisladora remarcó que lo que se propone no implica duplicidad, porque no se trata de sustituir el amparo federal, pero también asumió que la nueva competencia constitucional la acción de protección efectiva de derechos que se propone, “requiere capacitación, infraestructura, organización y previsión presupuestal”.
