El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó un punto de acuerdo para exhortar a las personas titulares de la Secretaría de Educación de Guanajuato y de la Secretaría de Obra Pública a dar prioridad a la adecuación de todos los planteles de educación básica del estado para garantizar condiciones de accesibilidad a personas con discapacidad.
Al hacer uso de la voz, el legislador señaló que la accesibilidad en los espacios educativos constituye un requisito indispensable para garantizar el derecho a una educación inclusiva y libre de barreras, especialmente para niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Asimismo, refirió que, de acuerdo con información de la Secretaría de Educación de Guanajuato, menos de la mitad de las escuelas primarias y secundarias de la entidad cuentan actualmente con infraestructura adaptada para personas con discapacidad, situación que limita el acceso y permanencia de estudiantes en condiciones de igualdad.
Contreras Guerrero destacó que la legislación federal y estatal establece la obligación de garantizar condiciones de accesibilidad en instalaciones públicas, así como promover la inclusión de las personas con discapacidad dentro del sistema educativo convencional. Agregó que las escuelas deben contar con elementos que faciliten el libre tránsito y la participación de todas las personas, entre ellos rampas, sanitarios adaptados, señalética accesible y espacios adecuados para la movilidad.
El congresista argumentó que la adecuación de la infraestructura escolar beneficia no solo a estudiantes con discapacidad permanente, sino a personas con limitaciones temporales de movilidad, condiciones neurodivergentes, personal docente, trabajadores administrativos, madres y padres de familia que requieren entornos accesibles para desarrollar sus actividades.
Finalmente, sostuvo que la inversión en infraestructura incluyente contribuye a reducir la exclusión, fortalecer la equidad educativa y garantizar el ejercicio pleno del derecho a la educación para toda la población.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura, para su estudio y dictamen.
