Proteger archivos es proteger nuestra historia y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas: Alejandro Arias

Porque resguardar el patrimonio documental es proteger nuestra historia, fortalecer nuestras instituciones y garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la actuación de sus gobiernos, el diputado Alejandro Arias propuso una iniciativa que busca garantizar la conservación de los archivos públicos cuando las instituciones gubernamentales se transforman, desaparecen o transfieren funciones.

Para resaltar la importancia de los archivos, subrayó que no son simples documentos, sino memoria institucional, en tanto que contienen las decisiones que han marcado la vida pública de Guanajuato y, por consiguiente, “soporte de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información”.

Al exponer las motivaciones de su propuesta de reforma a la Ley de Archivos, puntualizó que debe existir “claridad sobre quién recibe, resguarda y custodia esos documentos”, sin espacios para la incertidumbre, la pérdida de información o su deterioro.

Ante el Pleno de la LXVI Legislatura, detalló que, si bien dicha norma establece obligaciones generales para la conservación y resguardo de documentación, cuando una institución se extingue, se transforma o transfiere sus funciones, no obliga a que durante ese proceso se establezca expresamente cuál será el destino de los archivos. 

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI consideró que esa es una omisión que se debe corregir porque “la historia nos demuestra que cuando una institución desaparece o modifica su estructura, los archivos pueden quedar dispersos, extraviarse o incluso terminar fuera de la custodia pública”. 

“Cuando eso ocurre, no solamente se pierde documentación, se afecta la memoria institucional, se dificulta la transparencia y se limita el acceso a información de interés público”, completó y sostuvo que su planteamiento tiene como propósito evitar que eso ocurra.

Con ese propósito, en la propuesta se establece que, en casos de fusión, división, desaparición, cambio de adscripción, o transferencia de funciones de una dependencia pública, deberá señalarse qué instancia será responsable de recibir y custodiar sus archivos, detalló.

Precisó que también se propone que ese proceso de entrega-recepción de archivos quede documentada mediante un acta circunstanciada y copia certificada para el Archivo General del estado, lo que consideró “una medida de trascendencia”.

Recalcó que la transparencia comienza cuando el estado conserva los documentos que contienen información, y que la rendición de cuentas también requiere de preservar la memoria gráfica que permita, a futuro, conocer, evaluar y comprender las decisiones públicas que se tomaron en su momento.

Sostuvo entonces que “proteger nuestros archivos es proteger nuestra historia, fortalecer nuestras instituciones y garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer la actuación de sus gobiernos”.

Arias Ávila destacó además que su propuesta es congruente con los principios impulsados por la UNESCO, que reconocen al patrimonio documental como un elemento fundamental para preservar la memoria colectiva de los pueblos y fortalecer la buena gobernanza.