Se reanudaron los trabajos de la Comisión de Justicia y se aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, cuyo objetivo es garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una adopción plena e irrevocable, con todos los derechos que ello implica.
Al hablar sobre el dictamen, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia externó que votaría a favor de este porque esta institución respeta el estado de derecho y cumple las resoluciones judiciales, aun cuando puedan discrepar de la misma. En ese sentido, externó que la sentencia cuyo cumplimiento hoy se exige parte de que en la Constitución federal relevó de manera exclusiva al Congreso de la Unión la facultad para expedir la legislación única en materia procesal, civil y familiar, lo que no era una disposición secundaria sino de una distribución constitucional de competencias.
Remarcó que llamaba la atención que el órgano jurisdiccional reconozca expresamente la existencia de dicha competencia exclusiva federal y a la par concluya que el Congreso local debe iniciar un proceso legislativo para derogar una disposición contenida en el Código Procesal Civil local.
Por su parte, el legislador Rolando Fortino Alcántar Rojas comentó que con este dictamen se estará concluyendo el proceso de adecuación normativa de adopción simple, al reforzarse que toda adopción será plena para fortalecer los derechos de niñas, niños y adolescentes, por lo que instaba a sus homólogos a votar a favor.
El dictamen fue aprobado por unanimidad de votos.
Como parte del orden del día se dio seguimiento a tres iniciativas de reforma al Código Penal relacionadas con la interrupción del embarazo: una para eliminar la criminalización absoluta del aborto, otra para despenalizarlo hasta las 12 semanas de gestación y una más para despenalizar el aborto voluntario.
Al hacer uso de la voz, el congresista Carlos Abraham Ramos Sotomayor propuso la modificación de la metodología para eliminar la mesa de trabajo con autoridades y con colectivos, y convocar, en su lugar, a una mesa de trabajo interna, al haberse ya discutido con anterioridad en diversos momentos y solo se busca atender la resolución de la corte, así como evitar confrontaciones entre distintos grupos. La propuesta no fue aprobada.
La congresista Susana Bermúdez Cano manifestó que era inconsistente la propuesta, porque eran tres iniciativas distintas y no atendían solamente a los amparos ni a lo referido, por lo que, en su lugar, propuso la realización de tres mesas de trabajo; una con colectivos a favor de la reforma penal el lunes 22 de junio; otra con los otros colectivos el miércoles 1 de julio y la tercera con las autoridades involucradas. La propuesta fue avalada.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Karol Jared González Márquez, Susana Bermúdez Cano, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente) y Rolando Fortino Alcántar Rojas. Además, los acompañaron las congresistas María Eugenia García Oliveros y Sandra Alicia Pedroza Orozco.
