Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario tabasqueño cercano a Andrés Manuel “Andy” López Beltrán, le renta un edificio en Tabasco al Poder Judicial de la Federación (PJF). El primer contrato de arrendamiento, firmado en 2018, establece una renta mensual de más de 650 mil pesos durante 57 meses, lo que equivale a más de 40 millones de pesos por la vigencia del acuerdo inicial.
El inmueble en cuestión se encuentra ubicado en Prolongación de Paseo Usumacinta número 1122, Complejo Urbanístico Tabasco 2000, colonia Atasta, Villahermosa, Tabasco, en donde se instalaron los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito del Poder Judicial de la Federación. De acuerdo con registros disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el acuerdo se llevó a cabo a través del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Según el contrato, el documento se firmó el 1 de mayo de 2018 en Villahermosa, Tabasco. Inicialmente, Olán Aparicio rentó el inmueble de 2 mil 265 metros cuadrados distribuidos en seis plantas y 28 cajones de estacionamiento por un monto de 650 mil pesos, a los que sumaron 52 mil 570 pesos por cuota de conservación y mantenimiento; dando un total de 702 mil 570 pesos de renta mensual que no fue cobrada durante los primeros tres meses debido al gasto que el Consejo realizó por trabajos de adaptación.
Una modificación al contrato firmada el 30 de octubre de 2019 en la Ciudad de México establece que, el 15 de febrero de ese año, Olán Aparicio manifestó el deseo de incrementar la renta mensual a 715 mil 568 pesos, incluyendo la cuota de mantenimiento, a partir del 1 de mayo de ese mismo año.
El PJF pagó a Olán Aparicio al menos 6 millones 323 mil 138 pesos por la renta del inmueble por los primeros nueve meses de arrendamiento previos a la modificación al precio de alquiler. En los 48 meses posteriores, que abarcan del 1 de mayo de 2019 al 30 de abril de 2023, se habrían desembolsado otros 34 millones 347 mil 288 pesos.
La suma total de lo que habría pagado el PJF al empresario tabasqueño durante los primeros cinco años de arrendamiento es de 40 millones 670 mil 427 pesos. Sin embargo, la información de la PNT muestra variaciones respecto al monto entregado al empresario por estos años, pues reporta cantidades de entre 48 millones 845 mil 550 y 54 millones 803 mil 775 pesos.
Los representantes del CJF que firmaron el contrato celebrado en 2018 fueron Miguel Francisco González Canudas, secretario ejecutivo de Administración; Salvador Robles Cruz, Coordinador de Administración Regional y Alfredo Jesús Arriaga Uribe como director general de Asuntos Jurídicos.
La modificación de 2019 fue avalada por Alejandro Ríos Camarena Rodríguez en el cargo de secretario ejecutivo de Administración. También firmaron Rodrigo de Zulueta Rodrigo, entonces Coordinador de Administración Regional del CJF y Adrián Valdés Quirós, quien se desempeñaba como director general de Asuntos Jurídicos.
Ríos Camarena fue acusado en 2021 de incurrir en irregularidades como contrataciones del CJF sin procedimientos de licitación y con un sobrecosto de hasta el 30%, pero fue exonerado en 2022 por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a falta de pruebas.
Por otro lado, De Zulueta Rodrigo fue señalado en una investigación del diario EL PAÍS por formar parte de una trama de lavado de dinero vinculada al abogado Víctor Manuel Álvarez Puga.
El contrato firmado en 2018 y su modificación de 2019 establecen una vigencia de 5 años a partir de la firma del acuerdo, expresando como fecha de término el 30 de abril de 2023, sin embargo, una cláusula establece que “si al término del plazo forzoso, ‘el consejo’ continúa en uso y goce del inmueble, el arrendamiento continuará por tiempo indeterminado”.
EL UNIVERSAL consultó al Órgano de Administración Judicial (institución que sustituyó algunas de las funciones del CJF tras la reforma judicial) acerca de la continuidad del acuerdo con el empresario tabasqueño. En respuesta, el órgano señaló que en mayo de 2023 se firmó un “convenio modificatorio” que extendió el arrendamiento hasta el 31 de marzo de 2025, fecha en que se suscribió un nuevo contrato que finalizó el 31 de diciembre de aquel año. El 1 de enero de 2026 se suscribió un tercer contrato. Sin embargo, la institución no detalló si hubo cambios en el monto que se paga mensualmente.
“No obstante, la Administración Regional evalúa desde hace varios meses la posible reubicación a fin de conseguir mejores condiciones de arrendamiento por el mismo o más espacio que el que actualmente se tiene”, detalló el órgano.
Olán se beneficia de la 4T
El portal Latinus ha reportado que Olán Aparicio es prestanombres de Andy y Gonzalo López Beltrán, en julio de 2025 el medio reveló que Olán se introdujo al negocio del desarrollo de fraccionamientos inmobiliarios a través de su empresa Aman Desarrollos, con el proyecto “Cabo Paraíso”, una propuesta para la construcción de un exclusivo fraccionamiento de 23 hectáreas con 404 casas residenciales, 70 departamentos y cuatro superficies comerciales, a dos kilómetros de la Refinería de Dos Bocas.
Además, el portal de noticias lo señala como operador central de “El Clan”, una “red de corrupción y de tráfico de influencias encabezada por Andy y Gonzalo López Beltrán”, la cual, asegura, ganó dinero a través del Tren Maya, PEMEX, Sedena y con la venta de medicinas a gobiernos morenistas.
También se le señala de ser proveedor de balastro para la línea K del Tren Interoceánico, por un contrato de 47.6 millones de pesos, obra supervisada por el hijo del expresidente López Obrador, Gonzalo López Beltrán
En 2024, audios revelados también por Latinus registraron que supuestamente Olán Aparicio aseguró que Gonzalo López Beltrán les repartió las minas en Oaxaca para explotarlas y sacar balastro, “Bobby me dijo que nos van a dar un frente en unas minas allá por Oaxaca, que nosotros las explotemos”, se escucha en el registro.
En 2023 una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que una de las empresas del empresario tabasqueño, Romedic, recibió entre 2020 a 2022 contratos por más de 490 millones de pesos por parte del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) en Quintana Roo y Tabasco.
