Morena pide renuncia de Taddei; plantean legisladores juicio político

Senadores y diputados de Morena consideraron que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, debe renunciar al cargo y asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que correspondan ante los señalamientos de presuntas irregularidades, conflicto de interés y tráfico de influencias durante su gestión.
 
Política25 de octubre de 2026 Redacción
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Senadores y diputados de Morena consideraron que la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, debe renunciar al cargo y asumir las responsabilidades políticas y jurídicas que correspondan ante los señalamientos de presuntas irregularidades, conflicto de interés y tráfico de influencias durante su gestión.

El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar planteó incluso la posibilidad de que el Congreso le siga un juicio político y que, en caso de una resolución condenatoria, se determine su destitución y posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.

“Aunque la renuncia es un acto personal, la responsabilidad institucional es ir a fondo en las investigaciones", recalcó el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Senadores piden a Taddei dejar el cargo

Por su parte, el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara advirtió que aferrarse al cargo no beneficia a la democracia del país y sostuvo que, tras lo revelado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), existen elementos que ameritan una investigación.

Consideró que ayudaría mucho “un acto de prudencia” para permitir que el INE conduzca con credibilidad el proceso electoral de 2027.

Cuestionado sobre la postura expresada por la presidenta del INE de no estar dispuesta a renunciar, comentó que diversas voces ciudadanas han solicitado su salida debido a los señalamientos de conflicto de interés.

Adelantó que analiza presentar un punto de acuerdo para llamar a Taddei a dejar el cargo y permitir que las investigaciones continúen con libertad.

“Lo más sano es que desde fuera la consejera presidenta enfrente la justicia y responda a las observaciones de la ASF”, expuso, a su vez, el senador Saúl Monreal.

También llamó a la cordura a la titular del INE, al señalar que “no podemos entrar de lleno al proceso electoral con tantas dudas sobre el árbitro de la contienda”.

Ramírez Cuéllar plantea posible juicio político

En tanto, el diputado Ramírez Cuéllar resaltó que, en caso de que Guadalupe Taddei Zavala presente su renuncia, será urgente nombrar a una persona que la sustituya conforme a lo establecido en la Constitución y la legislación correspondiente.

“Faltan 225 días para la elección y la institución responsable no puede quedar al garete, sin una cabeza que la conduzca con probidad”.

Insistió en que, de manera paralela, deben realizarse las investigaciones necesarias para establecer si la funcionaria tiene responsabilidad en las presuntas irregularidades denunciadas, presentar las denuncias correspondientes, si procede, y actuar conforme a la ley.

“La renuncia será, en todo caso, un acto insuficiente. En caso de responsabilidad debe caer todo el peso de la ley”.

El legislador señaló que, de acuerdo con los artículos 109, fracción I, y 110 de la Constitución, la consejera presidenta del INE puede ser sujeta a juicio político.

Detalló que “la denuncia debe presentarse ante la Cámara de Diputados, y es la Subcomisión de Examen Previo la encargada de analizar si la persona denunciada está sujeta a este procedimiento y si existen elementos suficientes para darle trámite”.

Asimismo, explicó que el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos contempla como causas para iniciar este procedimiento las infracciones a la Constitución o a las leyes federales que ocasionen perjuicios graves o alteren el funcionamiento normal de las instituciones; las omisiones graves en esos términos, así como las violaciones sistemáticas o graves a las normas sobre planes, programas, presupuestos y manejo de recursos públicos federales.

Corresponde al Congreso, recalcó Ramírez Cuéllar, valorar la existencia y gravedad de los actos u omisiones y, en caso de una resolución condenatoria, determinar las sanciones previstas en la ley, entre ellas la destitución y la posible inhabilitación para ejercer cargos públicos.

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